Fue aprobado el anteproyecto para modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-032-STPS-2008, en torno a los lineamientos de seguridad que deben seguir las empresas en minas subterráneas de carbón, informó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

En esta propuesta se establecen “alturas mínimas en galerías no menores a 1.8 metros y distancias horizontales de al menos 2.5 metros, con el fin de que las personas trabajadoras puedan realizar sus actividades en condiciones estructurales más seguras”, entre ellas, mejores parámetros en rampas y tiros verticales y fortificación, detalló el boletín 18/2026 de la dependencia.

Con esta modificación, las empresas se verán obligadas a “contar con sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, específicos para minería subterránea”, personal cualificado y “refugios de salvamentos con autonomía mínima para emergencias”. Además, la construcción de la mina deberá tener ventilación que garantice niveles adecuados de oxígeno respirable, y se eliminan conceptos como “operación a menor escala”.

El comunicado también destacó la obligación que tendrán las empresas mineras de notificar el inicio y fin de las operaciones ante la Secretaría del Trabajo. En palabras de la dependencia, lo anterior constituye una acción en la cultura de prevención para uno de los sectores con mayor riesgo laboral en el país.

De acuerdo con el informe Carbón Rojo de la Organización Pasta de Conchos –familiares de los 65 mineros enterrados en Coahuila en 2006–, de 1883 a 2017 han muerto más de 3 mil mineros de carbón a partir de 310 siniestros. Desde el caso de 2006 han muerto 145 trabajadores. El último gran desastre ocurrió en Sabinas, Coahuila –entidad que concentra casi la totalidad de producción carbonífera de México–, cuando quedaron enterrados 10 trabajadores en un pozo clandestino en 2022.

La modificación regulatoria PROY-NOM-032-STPS-2026 de la STPS se aprobó tras una primera sesión en 2026 del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, luego de once sesiones en las que participaron “representantes del sector productivo, instituciones públicas, academia y especialistas”, informó la Secretaría.

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