Cárceles militares: 545 efectivos caídos en desgracia

Cientos de elementos de tropa y algunos oficiales y jefes purgan condena o esperan sentencia en cárceles militares del país. El alto número de efectivos castrenses tras las rejas es otro saldo de la “guerra” contra el narcotráfico. Protegidos los mandos superiores, los rangos más bajos pagan por todos

Un total de 545 internos albergan las tres prisiones militares de México. En su mayoría, se trata de tropa acusada de homicidio, delitos contra la salud (narcotráfico), deserción y crímenes que podrían calificar de lesa humanidad: tortura, violación, desaparición forzada.

Un documento de la Dirección General de Justicia Militar, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, da cuenta de los elementos de las tres Fuerzas Armadas Permanentes que se encuentran tras las rejas: Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México.

El legajo, anexo a una respuesta de solicitud de información presentada por Contralínea por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que actualmente están presos, en cárceles militares, 502 integrantes del Ejército, 32 de la Armada y 11 de la Fuerza Aérea.

La Prisión Militar Adscrita a la Primera Región Militar (I RM), con sede en la Ciudad de México, es la que cuenta con mayor número de reclusos: 334. Se trata de 305 efectivos del Ejército, 26 de la Armada y tres de la Fuerza Aérea. Enseguida, la Adscrita a la Tercera Región Militar (III RM), ubicada en Mazatlán, Sinaloa, alberga a 158 internos: 155 del Ejército y tres de la Fuerza Aérea. Finalmente, la Adscrita a la Quinta Región Militar (V RM), en La Mojonera, Jalisco, sujeta a 53: 42 de Ejército, seis de la Armada y cinco de la Fuerza Aérea.

Entre los delitos cometidos por los militares, según puede leerse en el documento, se encuentran: deserción, abandono de mando, uso de documentos falsos, cohecho, robo, acopio de armas, abuso de autoridad, encubrimiento, insubordinación, contra la salud (narcotráfico), traición a las Fuerzas Armadas, abuso sexual, lesiones, extorsión, homicidio, tortura, desaparición forzada de personas, inhumación clandestina, destrucción de cadáveres.

Del análisis de la información, se desprende que, del total de 545 militares presos, 435 son de tropa, es decir, de escalafones de menor jerarquía: soldado raso, soldado de primera, cabo, sargento segundo y sargento primero, en los casos del Ejército y la Fuerza Aérea; y marinero, cabo, tercer maestre y segundo maestre, en la caso de la Armada.

Los restantes 110 se reparten entre oficiales (subteniente, teniente, capitán segundo y capitán primero, con respecto del Ejército y Fuerza Aérea; y guardiamarina, primer maestre, teniente de corbeta, teniente de fragata y teniente de navío, con respecto de la Armada), jefes (mayor, teniente coronel  y coronel, para el caso Ejército y Fuerza Aérea, y capitán de corbeta, capitán de fragata y capitán de navío, para la Armada) y el generalato y el almirantazgo.

Guillermo Garduño Valero, especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, señala que la tropa es la que generalmente termina en la cárcel. El doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclara que no se refiere a la inocencia de los soldados rasos o marineros. “Hablo de un problema mayúsculo”. Muchos de estos casos, incluso de grandes arbitrariedades cometidas por la tropa o la oficialidad, tuvieron la anuencia de la superioridad o, incluso, se trató de la ejecución de órdenes.

Especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh, explica que “al haber ejecutado la tropa, los jefes quedan sin responsabilidad; porque no hay ningún papel, ningún elemento de defensa: con que el superior diga que no tiene ninguna noticia ni sabía del caso, que actuaron los soldados o marineros por su cuenta, pues con eso tiene para deslindarse y refundir en la cárcel a los elementos de tropa y a la oficialidad”.

De acuerdo con Garduño Valero, esta situación socaba a las Fuerzas Armadas en su conjunto: “aniquila el espíritu de cuerpo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada y agota sus fuerzas morales”.

El elemento de las Fuerzas Armadas Mexicanas preso con mayor jerarquía militar es del Ejército Mexicano. Se trata de un general de brigada Diplomado de Estado Mayor. Ingresó a la Prisión Militar Adscrita a la I RM el pasado 11 de abril. Se le acusa de robo agravado, violencia contra las personas causando homicidio calificado, tortura, violación a las leyes de inhumación en su modalidad de destrucción del cadáver.

Por parte de la Armada de México, el efectivo preso con mayor jerarquía es un capitán de fragata (de la clase de los jefes). Está recluido en la Prisión Militar Adscrita la I RM. Ingresó el 2 de marzo de 2016 acusado de desaparición forzada. Con respecto de la Fuerza Aérea, el elemento con mayor jerarquía es de la clase de oficiales, en específico, un teniente, acusado de deserción.

Las Fuerzas Armadas Mexicanas están administradas y organizadas por dos secretarías de Estado. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encarga del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana. La Secretaría de Marina (Semar), de la Armada de México. La Fiscalía de Justicia Militar, que conoce de los delitos cometidos por todos los miliares, está adscrita a la Sedena.

La Policía Ministerial Militar (también adscrita a la Sedena) ha cumplimentado 4 mil 826 órdenes de aprehensión desde el sexenio de Felipe Calderón y hasta el actual de Enrique Peña Nieto. El periodo con el mayor número de aprehensiones fue el de la segunda mitad del calderonismo. Según una hoja de respuesta de la Sedena, con folio 0000700173217, en 2010 se ejecutaron 680; en 2011, 691, y en 2012 fueron 514.

Además, y según las posibilidades del nuevo sistema penal acusatorio, la Policía Ministerial de la Sedena ha detenido en flagrancia a 10 militares entre 2016 y agosto pasado.

“Los cambios han sido muy fuertes sobre todo a partir del año pasado”, señala Guillermo Garduño. Se refiere al sistema de justicia militar. A partir del 14 de julio de 2016 se modificaron los órganos del fuero de guerra en México, que nunca antes, desde la vigencia de la actual Constitución, se habían modificado. Los cambios fueron sustanciales.

Como todo el sistema de justicia en México, incluyendo el ámbito civil, se mudó hacia el nuevo sistema penal acusatorio. Se abandona la modalidad de justicia inquisitorial, mediante consejos de guerra, y se instala el modelo de justicia acusatoria mediante juicios orales.

“El concepto de consejo de guerra, aun cuando permanece en la Constitución, ya no es el elemento que va a servir como el principal elemento del órgano de justicia militar”, explica Garduño Valero.

Los cambios también se reflejaron en las instituciones. El Supremo Tribunal Militar, anteriormente integrado por el presidente y los magistrados, quienes conocían, sobre todo en la segunda instancia, ahora se ha transformado en un Tribunal Superior Militar, integrado por un cuerpo colegiado con un presidente y cuatro magistrados, quienes conocen particularmente también la segunda instancia.

El estudioso de las Fuerzas Armadas Mexicanas observa otro elemento clave que ha venido a cambiar la administración de justicia militar. Se trata de los juzgados militares y los consejos de guerra ordinarios, como se llamaban anteriormente. Hoy lo que existe son jueces militares de control de los tribunales militares de juicio oral, a los que se suman los tribunales militares de ejecución de sentencia.

También se suprimió la Procuraduría General de Justicia Militar. Disponía de un total de 108 agencias adscritas a distintas regiones, zonas y guarniciones militares, además de las regiones, zonas y sectores navales, auxiliados por personal de servicios periciales y policía ministerial de investigación.

Ahora se instauró una Fiscalía General de Justicia Militar, con 33 centros de justicia en las diferentes regiones y zonas miliares y en las regiones y zonas navales, auxiliadas por el personal de policía ministerial, así como ministerios públicos adscritos a los juzgados militares de este nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio.

Otro cambio estructural a la justicia castrense tiene que ver con el cuerpo de defensores de oficio. Lo que ahora se implantó fue una defensoría de oficio militar, compuesta por un defensor general, jefes de defensoría de oficio, distribuidos en los 33 centros de justicia en todo el país y cuerpos de abogados de apoyo. Para ello fue necesario crear la coordinación de servicios periciales y ciencias forenses.

Conferencista y catedrático en el Colegio de la Defensa, entre otras instituciones académicas de seguridad y defensa nacionales, Guillermo Garduño califica de “muy profundos” los cambios que ha experimentado el sistema de justicia militar.

“Está pasando lo mismo que en todo el país. Esta serie de modalidades cuenta apenas con 1 año de funcionamiento. Tengo mis dudas sobre la efectividad que pudieran llegar a tener este tipo de tribunales. Por varias razones. En primera porque no resuelve el problema de fondo.”

El académico observa un elemento ausente, que es el ámbito de los derechos humanos de los militares. “Ese elemento no se toca. Es un elemento inexistente. Se considera que incluso los derechos humanos no tienen siquiera posibilidad de intervención. Quedan totalmente al margen de cualquier defensa de los militares”.

Otra característica de este nuevo sistema es que es susceptible de las presiones de los altos mandos. “Tiene una carga muy fuerte de influencia de los ciudadanos secretarios de Defensa y de Marina. De alguna manera estas fiscalías no están como órganos autónomos, sino con una visión de relación o dependencia con respecto a quienes de alguna manera están tratando esta serie de temas”.

Las instalaciones del Tribunal Superior Militar se encuentran en el interior del Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México. Es el encargado de administrar justicia para las tres Fuerzas Armadas Permanentes, como establece el artículo 1, fracción 1, del Código de Justicia Militar.

De acuerdo con otro documento de la Sedena, con folio 0000700174417, en el Tribunal Superior Militar laboran 76 elementos, con grados desde soldados hasta general de brigada. Diecinueve de estos efectivos pertenecen al Servicio de Justicia Militar y los demás a “los diversos servicios técnicos y administrativos”.

Guillermo Garduño señala que la “guerra” contra el narcotráfico ha venido a trastocar la estructura de las Fuerzas Armadas, incluyendo su sistema de justicia. “Es algo innegable. Lo peor son dos situaciones. Una, que no se reconoce ese estado de ‘guerra’ todavía. Segundo, que no está dentro de las funciones del Ejército en ninguna parte, más que unas jurisprudencias que no alcanzan siquiera la categoría de ley; sencillamente no hay ningún basamento jurídico que avale las actividades cotidianas de lucha contra el narcotráfico”.

Los militares se encuentran ante un panorama en el que legalmente no se les permite absolutamente mover nada. Lo anterior, porque cuando entran en una disputa con un civil, se les juzga como si ellos lo fueran.

“Si se querellan contra un civil, independiente de quién sea el civil, será un juez de lo civil el que va a enjuiciar al soldado. Hay una diferencia muy fuerte entre un soldado, que está sometido a una serie de ordenamientos, y un civil, que definitivamente dispone de libre albedrío.”

Al final, las carencias que pudiera tener el sistema de justicia militar se ven agravadas y distorsionadas por la actual política antidrogas que adoptó México desde el sexenio pasado. Garduño Valero dice que las Fuerzas Armadas Mexicanas están pagando el costo, y lo seguirán pagando, de haberse metido a tal lucha sin una doctrina clara de lo que se persigue.

Para el experto, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México fueron arrastrados “simplemente en apoyo a las actividades de la DEA [Agencia Antidrogas de Estados Unidos] y en favor del interés estadunidense”.

La actual política sólo está corrompiendo a las Fuerzas Armadas y las está exponiendo a demasiadas intervenciones, con demasiados errores. “Estamos frente a un problema que hay que plantearlo ya, urgente. El problema del narcotráfico no se puede resolver a balazos. Punto. Eso es capital. Es el elemento central. Y si no se puede resolver a balazos, hay que colocarlo como un problema de salud pública. Y ahí no tiene nada que hacer el Ejército. Entonces el elemento más importante será de carácter preventivo y de rehabilitación. Es un enfoque totalmente diferente al del actual”.

Con la actual estrategia, el crimen organizado termina metiéndose a la estructura de las Fuerzas Armadas “y acaba corrompiendo a diestra y siniestra, particularmente a los altos mandos, que no son más de un millar”, finaliza Guillermo Garduño.

Zósimo Camacho

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SEGURIDAD]

 

Contralínea 565 / del 13 al 17 de Noviembre de 2017