“El Estado mexicano deberá investigar exhaustiva y diligentemente el uso ilegítimo del software Pegasus y sancionar a quienes resulten responsables por su adquisición”, urgió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De igual manera, pidió que cese la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia “hasta que se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos”.
Recordó que el sistema Pegasus “ha alcanzado” a autoridades de alto nivel como a Alejandro Encinas Rodríguez –titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno–, a un juez de la CIDH y a un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Actualmente, la Fiscalía General de la República investiga no sólo a los exfuncionarios de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que lo adquirieron –entre ellos a Tomás Zerón de Lucio, quien actualmente radica en Israel prófugo de la justicia–, sino también a la empresa israelí que desarrolla el Pegasus, NSO Group, por presuntamente haber vendido de forma ilegal el malware de espionaje a privados.
La CIDH indicó que periodistas y defensores de derechos humanos han sido objetivos de espionaje con esa plataforma, lo que ha vulnerando “el derecho a la privacidad consagrado en la Convención Americana”. En consecuencia, la integridad de los afectados está en riesgo e incrementa la “autocensura en la prensa, desincentivando las labores de defensa de derechos humanos”. No obstante, ha omitido que incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador fue objeto de espionaje durante el primer año de su gobierno, y las pruebas fueron descubiertas en un centro de espionaje clandestino ubicado en un edificio en Santa Fe, propiedad de los empresarios Álvarez Puga, actualmente prófugos.
En un pronunciamiento, la CIDH aseveró que, desde 2021, no se registran avances sustanciales en las investigaciones de la FGR. Y hasta el momento las medidas adoptadas “resultan insuficientes ante la dimensión de las denuncias recibidas y la información que ha trascendido públicamente en los últimos años”.
A razón de ello, el órgano dependiente de la OEA exigió al Estado instruir a todos sus agentes para que se abstengan de utilizar el malware de modo ilegal; así como a denunciar si sus superiores dan dicha instrucción. Lo anterior se aplicará a las más altas autoridades, quienes deberán rechazar de manera clara, pública y contundente “cualquier tipo de injerencia ilegal a la privacidad de las personas por medio de la tecnología”. En su comunicado, no se refirió a los privados que han adquirido ilegalmente esas tecnologías.
La CIDH también pidió al Estado mexicano que adopte medidas “para respetar, proteger y garantizar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos y la participación pública”. Y replicar este derecho sobre la interferencia de autoridades públicas y de personas o instituciones privadas.
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