Un equipo multidisciplinario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llegó este 21 de octubre a Guadalajara, Jalisco, para investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos registradas el pasado 11 de octubre, durante las protestas ciudadanas por el derecho al agua potable, informó el organismo.
La institución señaló que comenzó la evaluación técnica y la documentación médica y psicológica de las personas afectadas, mediante los protocolos correspondientes a cada caso, entre ellos el Protocolo de Estambul. Este instrumento internacional permite investigar y documentar posibles actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y se aplicará con pleno respeto a los derechos de quienes sean examinados.
Estas labores buscan contribuir al esclarecimiento de las denuncias de represión por parte de las fuerzas de seguridad. Estarán a cargo de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente.
De acuerdo con el comunicado 115/2026 de la Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos, el equipo está integrado por personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, de la Quinta Visitaduría General; del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; de la Coordinación de Especialidades Científicas y Técnicas, y de la Oficina Regional en Jalisco.
Con esta intervención, la CNDH busca conocer cómo ocurrieron los hechos y documentar las lesiones y afectaciones que refieren las personas involucradas, para determinar si se produjeron durante la actuación de las autoridades de seguridad o después de ella.
Además, informó que estableció comunicación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), con la que acordó un plazo máximo de cinco días para que le entregue el expediente. Su revisión, junto con los testimonios recabados por el personal de la comisión nacional y la documentación de posibles daños físicos y psicológicos, permitirá investigar el caso con debida diligencia, objetividad e imparcialidad.
El organismo autónomo federal continuará las diligencias para esclarecer las circunstancias de las detenciones, examinar la intervención de las corporaciones de seguridad y determinar las posibles responsabilidades.
Asimismo, dará seguimiento a la situación de las personas afectadas, entre ellas cuatro que están sometidas a proceso, y adoptará las medidas necesarias para proteger sus derechos. Añadió que los trabajos atenderán las circunstancias particulares de cada una, con respeto a su dignidad, integridad y participación en la investigación.
