La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación sobre las violaciones a derechos humanos en las que incurrieron elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN) el pasado 28 de agosto, en Tapachula, Chiapas, cuando recurrieron a la violencia para frenar el avance de una caravana de 200 inmigrantes.

La CNDH mostró su preocupación por el uso de la fuerza y exhortó a las dependencias federales a “respetar el principio de no devolución y agilizar los trámites para estancias y regularización”. Asimismo, consideró fundamental agilizar la documentación necesaria para el refugiado evitando instigar situaciones de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, solicitó a las secretarías de la Defensa Nacional y de Salud, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia llevar a cabo las medidas cautelares necesarias para garantizar la integridad física y emocional de las victimas agredidas.

En un comunicado, agregó que es necesario tomar en cuenta la actual situación sanitaria y brindar a estos grupos vulnerables una adecuada atención médica y pruebas rápidas de SARS-CoV-2, otorgando los cuidados necesarios a los casos que resulten ser positivos.

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