La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a cargo de Rosario Piedra Ibarra, respaldó el debate legislativo sobre la Ley Trasciende, iniciativa impulsada por la activista Samara Martínez para garantizar el derecho a una muerte digna. El organismo llamó a colocar los derechos humanos, la dignidad y la autonomía de las personas en el centro de la discusión.

Al inaugurar el foro Derechos Humanos, Dignidad y Autonomía al Final de la Vida, Piedra Ibarra sostuvo que la libertad y la autonomía son derechos humanos que no deben desaparecer ni perder valor cuando las personas enfrentan una enfermedad y condiciones de vulnerabilidad.

“La protección de la vida y de la salud debe comprender las condiciones en que las personas atraviesan sus momentos más complicados, el acceso a cuidados adecuados, el alivio del sufrimiento y el respeto a su voluntad en condiciones limitantes”, señaló.

La titular de la Comisión de Derechos Humanos expresó que existen diversas iniciativas legislativas sobre el derecho a una muerte digna, entre ellas la Ley Trasciende, las cuales han ayudado a colocar esta discusión en la agenda pública.

Y si bien, dijo, corresponde al Poder Legislativo deliberar sobre sus alcances y materializarlas, la CNDH tiene la obligación de contribuir a que los derechos y la dignidad de las personas permanezcan siempre en el centro del debate.

Durante el encuentro, realizado en el auditorio del Centro Nacional de los Derechos Humanos (CENADEH) “Rosario Piedra Ibarra”, la encargada de la comisión sostuvo que las enfermedades graves, irreversibles o terminales no deben reducir los derechos de quienes las padecen. Lo mismo ocurre, señaló, con las personas mayores, con discapacidad o que requieren ayuda para realizar actividades cotidianas.

Piedra Ibarra puntualizó que una sociedad que reconoce la dignidad humana debe escuchar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento y enfermedad, sin que sus condiciones de salud o dependencia se conviertan en motivos para menoscabar su autonomía, porque hablar de una muerte digna implica reconocer el derecho a vivir con dignidad hasta el último momento y examinar las responsabilidades del Estado cuando las alternativas médicas se agotan.

Al respecto, explicó que el encuentro abordó tres ejes: la autonomía y la dignidad como derechos; la salud y la seguridad social como obligaciones del Estado, y el cuidado y el acompañamiento como responsabilidades sociales, así como las experiencias de las personas como punto de partida para asegurar las reformas legislativas.

Incluso, informó que las conclusiones del foro se harán llegar a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con el propósito de contribuir a sus deliberaciones legislativas, pues Rosario Piedra aseguró que la CNDH continuará con el acompañamiento a las organizaciones civiles que promuevan iniciativas relacionadas con el derecho a una muerte digna.

Por su parte, Samara Martínez, activista de la Coalición Muerte Digna ¡Ya! e impulsora de la Ley Trasciende, defendió el derecho de las personas a decidir sobre su propia vida, particularmente durante su etapa final. Señaló que quienes viven con enfermedades crónicas enfrentan incertidumbre sobre su futuro y que su condición de salud no debe anular su libertad ni su capacidad de decisión.

“La Ley Trasciende no busca restarle valor a la vida, sino reconocer el valor de la persona que vive esa vida; además de que la autonomía del paciente sea escuchada, que su sufrimiento sea atendido, y que sus decisiones sean tomadas en serio, sin prejuicios, sin discriminación y sin las creencias de terceros que se impongan sobre su voluntad”.

En este sentido, Aurélien Guilabert, coordinador de Coaliciones de Práctica Laboratorio para la Democracia y Coalición Muerte Digna, señaló que la propuesta cuenta con el respaldo de cerca de 200 mil firmas y más de 4 mil profesionales de la salud. También indicó que desde 2002 se han presentado más de 50 iniciativas legislativas relacionadas con el reconocimiento de este derecho.

Guilabert reconoció la apertura de la CNDH, pero cuestionó la falta de respuesta de la Secretaría de Salud, que, según dijo, no ha presentado el dictamen técnico solicitado por el Senado de la República desde febrero de este año. Añadió que el reconocimiento de una muerte digna requiere asistencia médica bajo criterios estrictos, transparencia y supervisión estatal, así como un sistema integral de atención al final de la vida que respete la libertad, la dignidad y la autonomía de las personas.