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La creación de la Comisión de la Verdad constituye un proyecto y un propósito importantes, necesarios, “para empezar”, dice a modo de advertencia David Cabañas Barrientos, hermano de Lucio, el maestro rural de Ayotzinapa que fundó el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Luego de este reconocimiento, no puede sino hablar de la decepción y enojo que le provocaron enterarse que con el anuncio del inicio de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia también se buscaría reivindicar a las Fuerzas Armadas y darles trato de víctimas de la Guerra Sucia.
Conocida simplemente como Comisión de la Verdad –e instalada el 10 de diciembre pasado como Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a Derechos Humanos Cometidas entre 1965 y 1990–, tuvo el pasado de 22 de junio la venia presidencial para ingresar a las instalaciones militares y acceder a los archivos de inteligencia militar, hasta ahora vedados para los civiles.
La Comisión está integrada por cinco personas expertas que, en términos generales, cuentan con el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Sucia. Se trata de Abel Barrera Hernández, David de Jesús Fernández Dávalos, Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Alonso Pérez Ricart.
Asimismo, esta Comisión –creada por decreto presidencial– cuenta con cinco instrumentos para la realización de los trabajos: un Mecanismo de Esclarecimiento Histórico; un Comité de Impulso a la Justicia; un Programa Especial de Búsqueda; un Programa Especial de Reparación y Compensación; y la construcción de un Centro Nacional de Memoria para los Derechos Humanos, así como el impulso de una Ley de Memoria.
La Comisión ha despertado esperanza en algunos sectores sociales, pero en otros, decepción y enojo. Y en algunos integrantes de los cuerpos castrenses, ahora en retiro, un rechazo furibundo porque no aceptan que los militares rindan cuentas, por mínimas que sean.
Lo cierto es que hasta ahora los trabajos de la Comisión no tienen satisfechos, al ciento por ciento, a ninguna de las partes. Unos –en el sector de las víctimas y de la defensa de los derechos humanos–, porque la consideran insuficiente y equívoca. Otros –en el de las Fuerzas Armadas–, por atribuirle características de revancha “comunista” y ofensiva a las instituciones castrenses.
Expertos en derechos humanos y en Fuerzas Armadas consultados por Contralínea también señalan las carencias del actual esfuerzo. Sin embargo, por separado y a pesar de las diferencias de puntos de vista, coinciden en que es sano para el país y la sociedad mexicana la anunciada apertura de archivos militares. Destacan que el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México podrán salir fortalecidas de un proceso real de rendición de cuentas que castigue a quienes entre sus filas cometieron crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, sobrevivientes de la Guerra Sucia, exmilitantes de organizaciones armadas como la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S) y el Partido de los Pobres (PDLP), torturados, desaparecidos por varios días, encarcelados por años, también señalan a Contralínea lo que esperan de la actual Comisión. Van del reconocimiento y la esperanza a la crítica frontal porque, auguran algunos, no se llegará a nada.
Mientras, generales en retiro, exintegrantes de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa –encargada de la inteligencia militar y de las operaciones contra la subversión–, consideran a la Comisión un despropósito y una pérdida de tiempo.
María Elena Hernández Márquez, secretaria Ejecutiva de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), califica de “preocupante” que la creación de la Comisión venga acompañada de un discurso que reivindica a las Fuerzas Armadas y que silencia los crímenes de lesa humanidad que cometieron.
Recuerda que fueron militares –y también civiles de las agencias de seguridad del Estado y políticos de las administraciones públicas federal y estatales– quienes ejecutaron tareas “de lo más inhumanas”. Destaca el caso de la sierra de Guerrero, donde se aplicó una política de tierra arrasada que incluyó a toda la población sin detenerse siquiera a ver quiénes apoyaban al Partido de los Pobres. Tales políticas podrían, incluso, equipararse legalmente al genocidio.
Explica que los militares se ensañaron contra todo hombre o mujer que llevara el apellido Cabañas sin importar las edades. Detalla que en esta política contrainsurgente no sólo ocurrieron detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones, sino los llamados “vuelos de la muerte”, en los que se tiraba –vivos y amarrados– a los guerrilleros –hombres y mujeres– al mar.
Por ello, considera “grave” el “realce” al Ejército que se hizo en el anuncio formal de la apertura de los archivos militares hace 2 semanas. Peor aún, delante de víctimas y familiares de víctimas de la Guerra Sucia.
“Fue como una cachetada” escuchar entonces –en voz del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval– que también se inscribirá el nombre de militares que perdieron la vida. Al parecer se busca equiparar a elementos castrenses con las víctimas.”
Hernández Márquez señala que se trata de un despropósito porque no es un asunto de monumentos o nombres, sino de que haya justicia para las víctimas y de que este tipo de crímenes jamás vuelvan a ocurrir. Y mientras se diga que el Ejército es “pueblo uniformado” y se le justifique diciendo que sólo recibía ordenes, no se estará erradicando el problema.
Ejemplifica con el caso de “un alcohólico que no reconoce que tiene una enfermedad; y mientras no lo reconozca, seguirá con la misma conducta a pesar de los daños que ha causado”. En tanto no se reconozca que el Ejército es el responsable, los hechos pueden volver a ocurrir.
La secretaria Ejecutiva de la AMAP señala que la actual Comisión deja de lado la justicia transicional que debería acompañar este tipo de esfuerzos. Destaca el de la reparación del daño, que no se reduce a pedirles perdón públicamente a las víctimas. No se ha señalado siquiera qué presupuesto habrá para este tema.
“Los familiares han tenido que poner de su bolsa, y ellos mismos han tenido que comprar palas. Hasta con sus propias manos han tenido que desenterrar en los lugares donde pudieran estar [los cuerpos de las víctimas]. El apoyo a estos trabajos tampoco ha llegado o es insuficiente.”
Reconoce que la apertura de los archivos e instalaciones militares es importante. “Pero que no se abra como un museo, con restricciones”. Agrega que esta apertura sí pudiera significar “un indicio de resolución de conflictos”, siempre y cuando se continúe con los procesos para castigar a los responsables del Ejército; “que no queden impunes o todo se quede en el olvido”.
Por su parte, el doctor Emilio Vizarretea Rosales, experto en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, señala que la Comisión de la Verdad debe ponerles nombre y apellidos a los responsables de los crímenes y aportar datos y elementos que permitan juzgarlos.
Se quedará corta si sólo concluye en “pedir perdón a víctimas y familiares, pues la reparación del daño también es imposible.
En ese sentido, plantea que la Comisión de la Verdad debe integrar la investigación en dos cuerpos, uno técnico especial y otro de carácter decisivo en función de los intereses de las víctimas.
“El primero tiene que buscar objetividad y verdad; y el cuerpo más politizado y social, donde están las víctimas y sus representantes, tendría que dar cuenta de la información que está presentando”, destaca el catedrático en el Colegio de Defensa Nacional (Codenal), y en el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav).
Sin embargo, considera que la Comisión de la Verdad “está llegando tarde”. “Llegamos tarde en un viejo modelo hegeliano, aquella tesis del búho de Minerva, que levanta el vuelo al caer el alba; es lo que pasa con muchos de los temas que traemos sobre los ámbitos de seguridad y de transparencia”, aduce.
Sin embargo, considera que la apertura de archivos siempre es importante, mientras no sea manipulada. Es un trabajo de investigadores, demanda experiencia para disponer de archivos sin que haya una interpretación mediada que los justifique, por lo que los resultados que se deriven de esos registros serán distintos. “Eso es lo que se desea”.
No basta decir: “‘Fue el Estado’. Pues sí, yo formo parte del Estado, y le puedo asegurar que no he sido responsable de muchos de los hechos investigados por la Comisión de la Verdad, no con el afán de señalar invalidez, sino de precisar los fines y medios, y de cuál es su razón de ser para resolver un fenómeno complejo como la Guerra Sucia”, añade el catedrático.
Indica que los temas a investigar por la comisión son muy delicados; tienen que ver con víctimas, delitos, homicidios dolosos, personal que aún está con vida en términos de sus familiares.
El objetivo de cada Comisión de la Verdad, como ha ocurrido en la historia de Latinoamérica, es encontrar la verdad, elementos que nos permitan determinar cuál ha sido el proceder, la acción de los actores, en función de los factores en juego.
Hay responsabilidades ocultas que no podemos soslayar, pero lo que no podemos hacer es que se pretenda politizar, culpar previo a tener los hechos con suficiente claridad, anticipa Vizarretea Rosales.
Advierte que nadie puede restringir los alcances y límites de una Comisión de la Verdad que pretenda o sustente que está buscando la verdad física, aunque no siempre se ha logrado llegar al punto de señalar quién es el responsable, subraya el catedrático.
Los actores involucrados podrían ser policías, integrantes de las Fuerzas Armadas. “Exige tener claridad, un mapeo perfectamente identificado de esos actores y poder medir bajo sus instancias: cadenas de mando, órdenes directivas que permitan esclarecer cualquier fenómeno, en el entendido de que ningún elemento militar o policiaco se manda solo, y esas decisiones son las que terminan por involucrar la relación entre el poder militar y el político”.
David Cabañas señala que la creación de esta Comisión es resultado de las demandas históricas de los sobrevivientes de estos crímenes de lesa humanidad. Por décadas “exigimos justicia; presentación con vida de los desaparecidos; juicio y castigo a los responsables de la Guerra Sucia; nunca más la repetición de estos delitos. Demandamos leyes, decretos, normas jurídicas que impidan esto: hechos brutales contra los mexicanos en general”.
Cabañas Barrientos dice que de todo el gobierno federal quien le inspira “algo de confianza” es el propio presidente López Obrador. “Muchos diferirán conmigo”, señala. Y es que, agrega con pesadumbre, “él fue el que puso al secretario de la Defensa”, quien ahora pretende hacer pasar a las Fuerzas Armadas como víctimas.
“Es cierto que hubo víctimas y muertos; pero los victimarios fueron ellos, no nosotros”. Deplora el discurso que señala al Ejército como “pueblo armado”, pues lo que hicieron las Fuerzas Armadas no fue proteger al pueblo, “lo agredieron brutalmente”. Rechaza que pudiera haber víctimas militares porque sería como señalar que hubo victimarios del lado de los movimientos sociales y armados. “El único victimario es el Ejército”.
Tenía esperanza cifrada en que la nueva Comisión pudiera revelar al pueblo de México lo que ocurrió durante la Guerra Sucia. Pero ahora “lo estoy dudando mucho”. Esperaba que fuera el primer paso; “pero le ganó a Luis Cresencio Sandoval la prepotencia. Echó por tierra lo que históricamente pudo haber hecho”. Agrega que una reivindicación auténtica del Ejecito empezaría por reconocer el papel que jugó como represor y criminal.
La declaración del titular de la Sedena, considera, es prueba que el Ejército “está cerrado”.
Por su parte, David Cilia Olmos acota que la actual Comisión de la Verdad es una comisión presidencial para la verdad. No es exactamente lo que los sobrevivientes de la Guerra Sucia han planteado desde hace décadas.
Exmilitante de la Liga Comunista 23 de Septiembre y hoy director general del Programa de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Cilia Olmos lamenta que no se haya logrado formar una comisión autónoma del Poder Ejecutivo del Estado mexicano.
Considera que la creación de la Comisión es una “buena intención”. Agrega: “No nos oponemos a ninguna iniciativa que permita esclarecer qué pasó con los desaparecidos y enjuiciar a los perpetradores”.
Sin embargo, a la falta de independencia se debe agregar que cuenta con pocos expertos que trabajan por honorarios y tienen un tiempo limitado para concluir los trabajos.
Señala que el éxito de la Comisión dependerá del propio empuje que puedan articular los colectivos de sobreviviente de la Guerra Sucia y la sociedad en general. Advierte que suman alrededor de 1 mil 209 los desaparecidos en ese periodo; pero los perpetradores no son muchos. Calcula que se trata de entre 60 y 80 criminales que desde los cargos públicos ordenaron y ejecutaron delitos contra la humanidad. “Esta política empezó en 1974 por disposición de Luis Echeverría Álvarez”.
Entonces Echeverría era presidente de la República. En enero pasado cumplió 100 años de edad y pasa su vejez en su casa de San Jerónimo, al surponiente de la Ciudad de México, muy cerca de la Escuela Superior de Guerra.
Cilia Olmos considera que sí es posible, en 2 años, encontrar a los responsables y saber qué hicieron con los desaparecidos. “El problema es si esto hará la comisión presidencial de la verdad” o se dedicará a recabar testimonios de las víctimas, trabajo que ya se ha hecho.
“Sabemos dónde viven [los perpetradores], sus nombres están en los archivos del ISSSTE [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado], de pensiones del IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social], porque todos ellos eran trabajadores asalariados al servicio del Estado.
“Todos estos perpetradores saben qué pasó con los compañeros, dónde los dejaron y qué hicieron con ellos.”
Sobre quienes integran la Comisión, Cilia Olmos señala que se trata de expertos honorables que tienen la intención de esclarecer lo que ocurrió. “El problema es metodológico”. Agrega: “Hay que agarrar la madeja por un hilo; no contemplar la madeja o analizarla”.
Explica que no se trata de abrir todo el Campo Militar 1 del Ejército Mexicano, sino, específicamente, el lugar conocido como “El Metro”, un subterráneo a donde llevaban a los desaparecidos.
“Sí hay una posición definitiva de López Obrador. Él está comprometido con la justicia. Eso sí lo creo. Pero que lo logre depende de otra cosa.”
Explica que hay resistencias al interior del propio gobierno, sobre todo de las Fuerzas Armadas, las cuales “están en otra lógica”. También están las resistencias de poderes fácticos, como el empresarial y grupos de la delincuencia organizada. Recuerda que capos de los cárteles de hoy estuvieron en la Dirección Federal de Seguridad y otras corporaciones que participaron en la Guerra Sucia,
Lamenta que la actual Comisión no cuente con los recursos económicos necesarios. “Esta Comisión no es ni la décima parte de la Femospp [Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado] y no es ni la quinta parte de la Comisión de la CNDH”. Considera que el actual gobierno debe ser más sensible para enfrentar este fenómeno.
El abogado Jaime Laguna Berber, exintegrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, tiene la visión más crítica desde el lado de las víctimas con respecto de la Comisión de la Verdad. Destaca que para que se pueda habar de justicia transicional, que pueda ser resultado del paso a un nuevo régimen, “se necesita hacer un ajuste de cuentas con el pasado”.
Señala que la actual Comisión que instaló el gobierno mexicano adolece de limitantes de origen que no la acercan a las que se han instaurado en otras partes del mundo, ni, específicamente, América Latina.
Destaca los casos de Guatemala, Argentina y Chile que, con resultados aún limitados, particulares de cada caso, b que la que se ha instalado en México.
Considera innecesario que se vuelvan a revisar los archivos que ya fueron analizados por la Femospp, la CNDH y organizaciones de búsqueda de la sociedad. “Si todavía creas una Comisión y luego de 3 años apoyas a las víctimas, cada vez tendrás menos víctimas y estarías apostando a que se muera la gente”. Señala que con tales demoras ya no se va a encontrar a autores ni testigos. Por ello, la Comisión no debe repetir el trabajo que ya hizo la Femospp.
Agrega que todas las averiguaciones previas que ya se integraron “en honor a la memoria tendrían que hacerlas de dominio público”.
Señala que tan sólo la Coordinación General de Investigación –que sucedió a la Femospp– tenía 20 ministerios públicos federales. Ahora, la actual Comisión tendrá cinco para atender más de 700 averiguaciones previas.
Con respecto de la reparación del daño, deplora que se siga regateando a las personas sobrevivientes y sus familias el apoyo al que tienen derecho. Más aún, reprueba que se otorguen determinados apoyos a personas de manera discrecional.
“Te piden que acredites los gastos que has hecho en los últimos 40 años para la búsqueda de tus desaparecidos; que traigas documentos de transporte, cuánto gastaste, qué daño te causaron; si el día que asaltaron tu casa se rompió algo, que acredites con facturas. Es una infamia que después de 40 años usen en la Comisión Ejecutiva [de Atención a Víctimas] el concepto de indemnización por daño”.
Explica que la reparación debe ser más integral, pues el daño infringido a las víctimas no sólo es físico sino moral. “Hay familiares que padecen cáncer; que murieron de diversas enfermedades que somatizaron producto de las torturas. En vez de darles apoyo, les ofrecen lo que han gasto en medicinas. Deberían abrir ya la ventanilla a todos los familiares de víctimas para que les apoyen a través de los servicios de salud”.
Sobre las investigaciones realizadas, ejemplifica con la realizada por el colectivo de exintegrantes de Liga Comunista al que pertenece. Señala que le entregaron a la actual comisión el listado hasta ahora más completo de desaparecidos, muertos y prófugos.
“Viene en cada nombre el número de expediente donde puede ser encontrado en el Archivo General de la Nación. Les estamos diciendo en qué página, legajo, caja, se encuentra el nombre de la persona. Por qué no empiezan por ahí.”
Explica que hay dos grandes grupos, por orden de número no de importancia, con desaparecidos. El primero es el de Guerrero, que cuentan con un trabajo reconocido de la Comisión de la Verdad de Guerrero. El otro es el de la Liga, que se encontraba en 22 estados de la Republica.
En específico sobre la organización en la que militó, Jaime Laguna Berber señala dos planes del Estado para desaparecer a la Liga. El primero fue nombrado Plan Rastreo y data de julio de 1976. El segundo, Plan Rosa de los Vientos, de 1979.
“Fue un asunto de Estado. Hubo acciones que se desplegaron desde el punto de vista penal, detenciones. Pruebo cerca de 200 detenciones con los nombres en la mano; más de 300 asesinatos con nombres y documentos; más de 400 presos.”
Laguna Berber no se opone a que se abran los archivos militares. Pero no espera mucho de ellos. Al menos, considera que aún sin ellos ya se podría enjuiciar al Estado mexicano y lo que falta es voluntad política.
Sin paridad y sin el mismo trato a los actores histórico-sociales es muy complicado constituir una Comisión de la Verdad. “¿Quién la quiere hacer o quién la quiere escribir? ¿Los familiares de los muchachos que murieron o los hijos y deudos de los militares caídos?”, se pregunta retóricamente el general en retiro Héctor Sánchez Gutiérrez.
Y agrega: “hay bajas de ambos lados. Sacar nombres de muertos no tiene sentido: es una cortina de humo, un simple distractor”. Se le hace ver que los militares cometieron crímenes de lesa humanidad y violaron derechos humanos, más allá de que haya algunos caídos de las filas militares; no obstante, justifica el actuar castrense ante el enfrentamiento ideológico y armado. Exintegrante de la Sección Segunda, inteligencia militar, el general Diplomado del Estado Mayor pide que mejor se vea el presente y atender las demandas de seguridad de la población.
El también maestro en administración militar para la seguridad y defensa nacionales y exsubjefe y jefe de las secciones de Planes Estratégicos, Recursos Materiales e Inteligencia Militar de la Sedena, augura que la Comisión de la Verdad no tendrá ningún resultado.
El militar integrado en la etapa de la Guerra Sucia a la Sección Tercera del Estado Mayor Presidencial, y coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la etapa de la transición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) cuestiona los argumentos de las familias. Dice que los guerrilleros mataban y secuestraban y a quienes van a enjuiciar es a los militares. “Van a sacar nombres de los militares muertos. Es un distractor más. A mí no me preocupa que aparezca mi nombre, pero de qué se trata”, reta quien también fue jefe de inteligencia en 1986-1988.
Se le señala que nada justifica la violación a los derechos humanos ni los crímenes de lesa humanidad. Y que, en tal caso, militares y policías debían presentar a los guerrilleros ante las autoridades competentes y no desaparecerlos.
Sobre los archivos, señala: “qué van a encontrar: un montón de muchachos que estaban haciendo muchas cosas. Agarraban aviones para irse a Cuba. En Cuba los retenía [Fidel] Castro. A veces los mandaba a Corea o a China. Castro no les facilitaba a las Fuerzas de Liberación Nacional”.
Inquirido sobre los excesos del Ejército y violaciones a los derechos humanos, cuestiona que a qué se le llama o considera excesos. Ametrallar policías desarmados en Ciudad Azteca por parte de los muchachos o a la persecución a guerrilleros de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
“Yo estaba en el Estado Mayor Presidencial cuando atacaron a la hermana del presidente electo José López Portillo el 11 de agosto de 1976. Yo recibí el reporte en dónde murió [David] Gutiérrez Sarmiento [líder de la Liga Comunista 23 de Septiembre], durante el secuestro fallido de la señora. La ametrallaron, la señora se tiró al asiento de atrás, por fortuna le echaron la cobija blindada”. Por ello considera que debe cerrarse ese capítulo, pues hay mucho que hacer en la actualidad, como frenar la violencia.
Roberto Badillo Martínez, general en retiro diplomado de Estado Mayor, exjefe de la Sección Segunda de Inteligencia en la Sedena, ve en la Comisión de la Verdad una revancha de los “comunistas”.
Sólo basta que llegue un gobierno de izquierda con aproximaciones al comunismo para querer contar desaparecidos y muertos. “Es puro cuento, lo único que intentan es justificar su rol en la historia”.
Quien también fuera comandante de la Quinta Zona Militar en Chihuahua y alto mando en Mazatlán, Sinaloa; Chilpancingo, Guerrero; y Oaxaca, añade: “los gobiernos comunistas” sólo quieren borrar de la historia a sus opositores. Condenan a Porfirio Díaz, Gustavo Díaz Ordaz, a todos los presidentes que en el pasado han hecho obras sociales, el IMSS, el Metro, Infonavit, carreteras e instituciones, de las cuales se apropian, pero niegan su origen”.
Inscrito en la doctrina militar de la Guerra Fría, agrega: “están borrando a Díaz Ordaz, él hizo el Metro; a Echeverría, que hizo el Infonavit y con la misma vara midieron en Chile, en Paraguay, en Venezuela, están ahora en el poder y buscan en el pasado, pues no pueden y son irresponsables en el presente”.
Sobre las responsabilidades de los presuntos autores de las desapariciones, asegura: “Díaz Ordaz dijo que él era el responsable ético, moral y único. Es un presidente de México, no un pinche güey que quiso quedar bien como Fox, que hasta la CIA [Agencia Central de Inteligencia] al último dijo que caminaba como pato, que era muy pendejo”.
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