Luego de que ayer 8 de julio el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, revelara que la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2022 contra el expresidente Enrique Peña Nieto no se ha judicializado por falta de pruebas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “no hubo pacto de impunidad”.
La jefa del Ejecutivo federal recordó que durante el sexenio pasado, en el año 2021, se realizó la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes sin embargo, no alcanzó el 40 por ciento de participación para que fuera vinculante: “es más, hubo una consulta pública de si se juzgaba a los expresidentes no alcanzó el número suficiente de votos, pero hubo una consulta pública”.
Asimismo, indicó que durante el sexenio anterior, “no es que haya habido un pacto de impunidad, lo que dijo entonces el presidente [Andres Manuel] López Obrador que es público es: ‘a nosotros nos interesa de aquí adelante’”. Sheinbaum Pardo precisó que “quien tiene que explicar si fueron pruebas suficientes, si no fueron pruebas suficientes y que pasó con esa demanda es la Fiscalía [General de la República (FGR)]”.
En ese sentido, reiteró: “tiene que explicarlo la Fiscalía, le corresponde al fiscal explicarlo, ayer dio una explicación aquí y le corresponde a la fiscalía explicarlo. Lo que planteó aquí en la mañanera como parte del Gabinete de Seguridad le corresponde a la Fiscalía explicar lo que mencionó ayer con más detalle”.
Consultado por Contralínea en la conferencia presidencial del 8 de julio pasado, respecto a las investigaciones por presunta corrupción contra el expresidente Peña Nieto, el fiscal Gertz Manero señaló que si bien en 2022, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció a Peña Nieto por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito, no se aportaron las pruebas suficientes para judicializar el asunto.
En 2022, la UIF presentó denuncias contra Peña Nieto y 18 integrantes de su familia y socios, por operaciones financieras millonarias, incluidas contrataciones con el gobierno federal, ligadas a las empresas Plasti-Esteril, SA de CV; Desarrolladora Homex, SAB de CV; Impulsora Agrícola La Laguna, SPR de RL; y Expectras, SA de CV. En el expediente se documentaban transferencias millonarias entre las cuentas bancarias de las 19 personas, donde estaban incluidos los hermanos e hijos del expresidente de la República.
“Efectivamente, desde principios de la administración anterior se presentaron varias denuncias que no han sido corroboradas con las pruebas suficientes. Ésta se aumenta con este nuevo caso, en el que sí se dan ya informes específicos, claros, muy, muy precisos de una relación con empresas que vendieron Pegasus. Inclusive, el expresidente ya dio una respuesta”, indicó el titular de la FGR.
Recuerda revisar: Legisladores busca prohibir venta de bebidas energéticas a menores de edad
