La creación de una Clave Única de Registro Poblacional (CURP) biométrica será una realidad, luego de que fue aprobada la reforma a la Ley General de Población. Tras más de siete horas de discusión legislativa, la Cámara de Diputados también aprobó –en lo general y en lo particular– la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

La minuta, resultado de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y previamente avalada por el Senado de la República, se consideró de urgente resolución mediante votación económica. Esta propuesta busca fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en México.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas también establece la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación, la cual deberá activarse de inmediato ante la noticia, reporte o denuncia de una persona desaparecida o no localizada.

Este sistema interconectará bases de datos públicas y privadas para agilizar la localización e identificación, y eliminará el periodo de espera de 72 horas, lo cual agilizará el proceso de búsqueda.

Asimismo, se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que deberá actualizarse en tiempo real por parte de las fiscalías locales y federales. La nueva normativa obligará a realizar pruebas dactiloscópicas y genéticas a restos humanos no identificados antes de su traslado a fosas comunes, y a registrar la información en el Banco Nacional de Datos Forenses.

También, se incorporó la Plataforma Única de Identidad como herramienta para la consulta, validación y gestión de las CURP, conforme a lo establecido en la Ley General de Población. Además, los Registros Administrativos se reconocerán como bases de datos generadas por cualquier autoridad que integre información biométrica o identificativa de las personas, derivada de los trámites o servicios que prestan.

Durante la discusión legislativa, las posturas se dividieron entre el bloque de la 4T y el bloque opositor. Los diputados de Morena (Movimiento Regeneración Nacional), PT (Partido del Trabajo) y PVEM (Partido Verde Ecologista de México) resaltaron el carácter “humanista” de la reforma, pues aseguraron que se construyó con los aportes de colectivos de personas desaparecidas. Igualmente, afirmaron que la iniciativa beneficiará de forma directa a estos grupos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, destacó que con la aprobación de este dictamen, no sólo se defiende el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la verdad, a ser buscado, a la reparación integral, a la justicia, a la defensa y la dignidad de las víctimas y de sus familias, sino también es un paso firme hacia la construcción de un México que “está superando la violencia”.

Agregó que se busca fortalecer y dotar de mejores herramientas a instituciones y personas buscadoras. Además, representa un paso fundamental en la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de justicia social en el país.

En un posicionamiento enviado al Diario de los Debates de la Cámara de Diputados para su publicación, Monreal puntualizó que la construcción de esta reforma es el fruto del diálogo entre autoridades, víctimas y personas buscadoras, ya que la desaparición de personas “es una herida abierta en el corazón de nuestra sociedad que no sólo vulnera la seguridad y la integridad de la víctima, sino que destroza familias y comunidades”.

Estela Carina Piceno, diputada del mismo grupo parlamentario, señaló que esta reforma representa un avance en la creación de un marco integral que brinde los instrumentos necesarios para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas. Y explicó que se busca aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles o que estén al alcance del Estado mexicano; fortalecer la coordinación entre fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR); garantizar el intercambio de información y facilitar el acceso a bases de datos; y establecer mecanismos de respuesta más ágiles y eficaces para atender oportunamente cada caso.

“Lo que queremos, es facilitar las labores de seguridad pública, al mejorar la coordinación y comunicación institucional entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y sus homólogas en las entidades federativas, así como con la Fiscalía General de la República, como de las fiscalías de los estados y de la Ciudad de México, y, por supuesto, de la Guardia Nacional, que tal y como ya ha quedado manifiesto en varios debates en este pleno, coadyuvará en las labores de inteligencia e investigación”.

El diputado del PVEM, Jonathan Puertos, sostuvo que, ante la crisis de desapariciones en México, cada día las familias y colectivos de búsqueda alzan la voz para visibilizar una de las heridas más profundas y persistentes de nuestra sociedad, por lo que es necesario legislar para avanzar en esta materia.

“Con esta minuta damos un paso firme hacia la verdad, hacia la justicia y hacia la reparación. Esta reforma es una deuda histórica, es el resultado de años de lucha de los colectivos, de las familias y de las organizaciones que han alzado la voz, uno de los planteamientos de esta reforma es la creación de una plataforma única de identidad, la cual será una herramienta que facilite la búsqueda y la localización de personas desaparecidas, que se conectará con diversas bases de datos con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros registros, no podemos permitir más simulación, cada caso sin resolver, es una herida abierta al tejido social, cada cuerpo no identificado, es un llamado urgente al actuar, de ahí la importancia de esta reforma”.

Por otro lado, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestaron preocupaciones sobre posibles violaciones a la privacidad; al respecto, aseguraron que la centralización de datos biométricos podría derivar en prácticas de vigilancia masiva. En este sentido, la diputada Nadia Navarro Acevedo afirmó que el proyecto parte de un enfoque de “represión” y no de la necesidad de garantizar la seguridad y el bienestar. Según la legisladora, la creación de una Plataforma Única de Identidad conectaría la CURP con los datos personales, bancarios, de salud, telecomunicaciones, transporte y más, con el riesgo de que se caiga en un mal uso.

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