La mañana de este 7 de diciembre se desarrolló un golpe de Estado en Perú, en contra del gobierno de Pedro Castillo. Los orquestadores fueron los integrantes del Congreso, con asistencia de la policía y el ejército de ese país, luego de que el primer mandatario declarara Estado de Excepción y disolviera el Poder Legislativo.
La derecha consiguió que la Policía Nacional del Perú detuviera al presidente legítimamente elegido por el pueblo. Durante los hechos, también fueron arrestados familiares de Pedro Castillo. Minutos antes, el Congreso lo había destituido como respuesta al anuncio en cadena nacional sobre la disolución de esa Cámara.
Este golpe de Estado ha sido respaldado por el gobierno de Estados Unidos –en abierta injerencia en asuntos que sólo competen a los peruanos– que al calor de los hechos declaró rechazar la decisión de Castillo, de disolver el Congreso.
También ha sido acompañado por medios de comunicación corporativos no sólo de esa nación, sino de medios internacionales, bajo el argumento de que quien estaba intentando hacer un golpe de Estado en Perú era el presidente constitucional Pedro Castillo.
De acuerdo con la prensa local, con 101 votos a favor, el Congreso peruano declaró vacancia del presidente por “incapacidad moral”. Al mismo tiempo, los legisladores decretaron que la vicepresidenta Dina Boluarte asumirá la conducción del país, en una franca traición política.
En su cuenta de Twitter, la Policía Nacional peruana confirmó que el presidente Pedro Castillo fue detenido. A partir de entonces, medios corporativos de diversos países justificaron el derrocamiento del gobierno legítimo y legal de Pedro Castillo.
Una vez suscitados todos estos hechos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación de su viaje a Lima, mismo que se realizaría el próximo 14 de diciembre, para celebrar la reunión de la Alianza del Pacífico.
Asimismo, en su cuenta de Twitter, el primer mandatario mexicano expresó: “es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de ‘incapacidad moral’. Ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo”.
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