La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República exhortó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, a no retrasar la impartición de justicia en el caso de la distribución de los libros de texto gratuitos en Coahuila. La institución recordó que el artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, y que esto obliga a los juzgadores a actuar de manera rápida y sin poner obstáculos que retrasen la resolución de conflictos.

En un comunicado, la institución indicó que “se tiene conocimiento de que a la fecha no se ha remitido el expediente a la ponencia del ministro [Arturo Zaldívar Lelo de Larrea] al que fue turnado el recurso de reclamación 342/2023 presentado por el Poder Ejecutivo Federal en contra de la admisión de la controversia constitucional 412/2023”.

Agregó que, por ello, “la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal requirió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, para que, en cumplimiento del acuerdo del 5 de septiembre pasado, y con apego al artículo 17 constitucional, ordene de inmediato remitir a la ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dicho expediente que le fue turnado para análisis y elaboración del proyecto de resolución”.

Asimismo, criticó que a más de 30 días, “la Secretaría General de Acuerdos, que depende directamente de la presidenta de la SCJN, no ha remitido el expediente respectivo, lo que constituye una dilación injustificada en la impartición de justicia, que trasciende en perjuicio de niñas, niños y adolescentes del estado de Coahuila de Zaragoza”.

La Consejería recordó que a la fecha los estudiantes no cuentan con los libros de texto gratuitos autorizados por la Secretaría de Educación Pública, “necesarios en su formación académica, sin ponderar las consecuencias negativas en las actividades de los escolares de educación básica en la entidad”.

Además, precisó que “el pasado 4 de octubre, la Primera Sala de la Corte determinó, por unanimidad, revocar el acuerdo de admisión y desechar la controversia constitucional promovida por el gobierno de Chihuahua. Se trata de un asunto análogo que debe resolverse en el mismo sentido a la brevedad. No hay alguna justificación legal para retrasar el dictado de la sentencia. Urge que ya se remita el expediente al ministro ponente. Lo contrario obra en perjuicio de la educación de niñas, niños y adolescentes del estado de Coahuila de Zaragoza”.

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