Clave 1: cronología de hechos. Casi al terminar el periodo de sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores en México, la reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tocó su turno; sin embargo, hubo distintas oposiciones tanto de los grupos opositores, cada vez más desgastados.
El 13 de diciembre, dicha reforma se aprobó en el Senado. El punto más debatido es el del mayor peso del Estado dentro de la institución, supuestamente en detrimento de la representación laboral y patronal. La tripartita es también correlación de fuerzas y, como supimos, corrupción.
Ese mismo 13 de diciembre, el senador Adán Augusto López realizó declaraciones en torno a actos de corrupción en el Senado que vinculaban a dos empresas: Full Service de México, con contratos anuales por 60 millones 529 mil pesos; y Grupo Piasa, que da mantenimiento a los elevadores, con contratos por 90 millones 427 mil 500 pesos.
El diputado y exsenador Ricardo Monreal –aludido en esas acusaciones– contestó aplaudiendo la transparencia y exhortando a presentar las pruebas y denuncias correspondientes. Hasta ese momento de la discusión, el tema de fondo era el presupuesto del Senado.
Ese mismo viernes se ratificó al cónsul en Miami, Florida: Rutilio Escandón, con lazos familiares con Adán Augusto, el cual declaró “conflicto de interés” y por eso omitió su voto.[1]
Tras el fin de semana, el lunes Adán Augusto López y Ricardo Monreal se reunieron con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. El encuentro concluyó con una fotografía y con el acuerdo de que no habría periodo extraordinario de sesiones, por lo que la Cámara de Diputados ya no votó la reforma al Infonavit.
Ese mismo 16 de diciembre se reunieron Adán Augusto, Ignacio Mier y Gerardo Fernández Noroña con la presidenta Claudia Sheinbaum. La magnificada fractura –con resonancia en medios de comunicación opositores y hegemónicos– estaba terminada.
Por otro lado, el lunes mismo, Ricardo Monreal se reunió con el embajador estadunidense Ken Salazar, quien está por terminar su gestión en enero de 2025.
También ese lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. De la reunión trascendió un video y las declaraciones el martes 17 de la primera mandataria: hablaron de educación, ciencia y tecnología, energía renovable entre otros. Luego, Gustavo Petro indicó que también acordaron llevar una candidatura conjunta para la ONU, de preferencia que sea mujer.
Clave 2: corrupción en el Infonavit
El miércoles 18 de diciembre, Día del Migrante, la duda comenzaba a esclarecerse el asunto del Infonavit. Octavio Romero, titular de dicho Instituto demostró con documentos y pruebas –en la conferencia presidencial– que había un entramado de corrupción que apunta al sector empresarial, al trabajador y a extitulares del Infonavit en tiempos de Enrique Peña Nieto.
Como señaló la revista Contralínea, uno de los casos fue el de Telra Reality, que en 2014 obtuvo un contrato por 100 millones de pesos para “Diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar en el que residían”. No sólo no se cumplió el contrato, tampoco se penalizó y se le pagó una indemnización por 5 mil millones de pesos. Dos de los cinco socios entregaron 2 mil millones al Infonavit, y los 3 mil millones restantes no se entregaron debido a las acciones de White & Case.
Clave 3: White & Case en el CIADI
En el Banco Mundial, el tribunal que dirime controversias internacionales es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Éste es una de las expresiones de la dependencia porque, en la mayoría de casos, son los Estados los que suelen perder.
Para el caso de América Latina y el Caribe –que concentra tres de cada 10 demandas–, éstas se dividen: 23 por ciento en Centroamérica y el Caribe; 16 por ciento América del Sur y 19 por ciento, en América del Norte.
Para el caso de México, en 2023 fue el país más demandado, con 11 litigios; seguido de Honduras, con nueve. México es el tercer país más demandado en esta instancia multilateral. Además, el país ha pagado más de 341 millones de dólares, tres veces el presupuesto de cultura para 2024, según datos del Transnational Institute.[2] México tiene 23 casos pendientes de demandas en las que se piden más de 13 mil 635 millones de pesos. Del total de las denuncias contra México, 32 han sido impuestas por Estados Unidos.
En la CELAC, el tema de la creación de un mecanismo de resolución de controversias es un aspecto que no suele ser abordado; sin embargo, ante las transformaciones y la crisis económica mundial, es un momento ideal para modificar la correlación de fuerzas y crear un mecanismo alternativo al CIADI.
Demandas contra México, Colombia y Honduras ante el CIADI
Fuente: elaboración propia con datos del CIADI
Clave 4: Ganfeng vs México por litio
El 21 de junio pasado, las empresas Bacanora Lithium Limited (Reino Unido), Sonora Lithium, Ltd (Reino Unido), y Ganfeng International Trading (Shanghai), Co. Ltd., interpusieron una demanda ante el CIADI (Caso No. ARB/24/21) contra el gobierno mexicano.[3] La demanda se apega al Tratado Bilateral de Inversión entre México y China de 2008 y el Tratado Bilateral de Inversión entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y México de 2006.
El despacho que los representa es White & Case, Miami, FL; New York, NY and Washington, D.C., uno de los despachos con más casos ante el CIADI. Están también los despachos Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., con sede en la Ciudad de México.[4] Y quien representará a México es la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía.
La mina que poseen las empresas de Reino Unido y China fue otorgada en concesión en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es una de las minas de litio más grande del mundo con 8.8 millones de toneladas métricas, ubicada en el estado de Sonora (norte de México), pero los términos de la concesión no autorizaron expresamente la explotación del litio.
El 18 de febrero de 2023, el gobierno de México promulgó el Decreto de la Nacionalización del Litio en México, que busca proteger las reservas de minerales considerados estratégicos, entre los cuales se encuentra el litio en poco más de 234 mil hectáreas. Además, en mayo de 2023, México promulgó una nueva Ley Minera,[5] la cual fue judicializada por varias empresas internacionales, principalmente canadienses.
Meses antes, en agosto de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador creó la empresa LitioMx que pretende concentrar la exploración, explotación y transformación del litio.[6]
Aspectos geopolíticos
América Latina concentra alrededor del 67 por ciento de las reservas de litio, siendo las más importantes las de Bolivia. Las empresas que lideran la producción mundial del Litio son las chinas Jiangxi Gangfeng Lithium y Tianqi Lithium. Las empresas líderes en toda la cadena de producción son LG Chem (Corea del Sur), Tesla (EU), BYD (China) y Panasonic (Japón).[7]
Los minerales estratégicos son vistos por Estados Unidos como un aspecto de la seguridad nacional y para América Latina el Comando Sur se ha centrado en defender aquellos espacios que son cruciales en cuestión de minerales –incluido el petróleo– de grandes competidores como China e incluso Rusia.
Gangfeng Lithium es socia de Tesla, se comprometió a abastecer de litio la planta ubicada en Nevada, Estados Unidos.[8] El sector automotriz es uno de los que va a demandar crecientemente litio para las baterías y es uno de los centros de disputa entre China y Estados Unidos. China sigue siendo uno de los principales productores de baterías y tiene una industria automotriz creciente que demandará litio.
La cercanía de México con EU, el T-MEC y en concreto el capítulo referente a la industria automotriz, así como los acuerdos de inversión con China, serán para México una de las batallas legales y geopolíticas más relevantes para el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum, que tiene un proyecto de soberanía energética.
En México existen 26 proyectos de litio, 10 de ellos desarrollados por la empresa canadiense Silver Valley Metals y uno por Mexital Mining (que pertenece a Tesla Lithium). Este último es relevante pues es un proyecto minero contiguo al de Bacanora.[9]
[1] https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/10690-ratifica-senado-de-la-republica-a-rutilio-escandon-como-consul-en-miami-florida#:~:text=La%20C%C3%A1mara%20de%20Senadores%20ratific%C3%B3,Florida%2C%20Estados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica.
[2] https://isds-americalatina.org/wp-content/uploads/2024/09/ISDS_Mexico24_reporteSeptiembre2024-1.pdf
[3] https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/24/21
[4] https://www.eleconomista.com.mx/empresas/China-Ganfeng-inicia-arbitraje-contra-Mexico-por-concesion-para-explotar-deposito-de-litio-20240624-0039.html
[5] https://www.gob.mx/se/prensa/reforma-integral-a-la-actividad-minera
[6] https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5662345&fecha=23/08/2022#gsc.tab=0
[7] https://www.celag.org/panorama-del-litio-en-america-latina/
[8] https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/25/economia/firma-inglesa-espera-vender-a-tesla-litio-extraido-en-mexico/
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