De diciembre de 2025 a la fecha, el Instituto Federal de la Defensoría Pública logró la preliberación de 435 presos que sufrían penas excesivas o condiciones de vulnerabilidad –como enfermedades terminales, discapacidad física, o ser originarios de pueblos y comunidades indígenas–, indicó el director general del IFDP, Benjamín Rubio Chávez.

Al presentar el Proyecto Estratégico de Defensa Pública y Justicia Intercultural, el también magistrado subrayó la importancia de contar con defensores públicos. “No hay justicia sin defensa. La justicia siempre requiere como aliado a personas que sean capaces de enfrentarse al poderoso, al arbitrario, al injusto”.

Agregó que “alcanzar la justicia requiere de personas con vocación, ésas que no sólo hacen lo que deben hacer según sus manuales y horarios sino aquellas que entregan más por la misma prestación”.

Durante la presentación del proyecto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, felicitó a las y los defensores públicos “por lo realizado en estos casi seis meses de la nueva etapa de nuestro sistema de justicia”.

Por su parte, el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, indicó que el programa de preliberaciones se desplegará a nivel nacional  y contará con la participación de reclusorios, la Secretaría de Salud y la Fiscalía General de la República (FGR).

Relató que en su experiencia –al llevar a cabo un proyecto similar en la Ciudad de México, cuando fungió como consejero jurídico de la capital, y por instrucción de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo– se logró la preliberación de más de 100 mujeres “entre indígenas, personas con enfermedades terminales, personas de la tercera edad”.

En tanto, el director general del IFDP, Benjamín Rubio Chávez, destacó los tres aspectos en los que se concentra el programa, y que van más allá de la defensa penal. Ello, porque también se brinda asesoría jurídica y asesoría jurídica intercultural.

El primer punto que abarca el Instituto, dijo, “se enfoca en preliberaciones y beneficios para grupos prioritarios, mujeres, indígenas, adultos mayores, enfermos terminales”. El segundo, en “otorgar representación en diversos temas de derechos humanos básicos, como es reclamar o impugnar el corte o ausencia de agua, el cobro excesivo de energía eléctrica o su suspensión. En el acceso a la salud, reclamar o impugnar la falta de atención médica, la negativa de otorgar medicamentos o la negligencias”.

Rubio Chávez explicó que el tercer aspecto busca “que la defensa jurídica tenga coherencia con la reforma del artículo 2 constitucional [el cual reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público], que entre otros derechos reconoce los sistemas normativos indígenas [con] defensores que hablen la lengua y que sean intérpretes de las culturas y esos sistemas”.

El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar consideró que los integrantes del Poder Judicial deben considerarse defensores con principios claros:  “convicción, compromiso y responsabilidad” con la sociedad.

También criticó que, en el pasado, dentro del sistema judicial mexicano se conformó una visión alejada del servicio social. “Yo nada más me acuerdo de estas frases que están colocadas en el imaginario popular: ‘a mí no me des, ponme donde hay’, ‘el que no tranza no avanza’. Se construyeron porque el funcionario no estaba de manera genuina comprometido con lo que le encomendaban: hacer justicia. Estaba aprovechando el lugar para servirse y no para servir”.

Su mensaje fue claro: “el juez, el magistrado y el ministro deben de ser un defensor, un defensor de la justicia, de la verdad, del prójimo. Esta inmaculada pretensión de autonomía casi de libro blanco, no tiene sentido, el juez al resolver lo que está haciendo es desentrañar qué es verdadero y qué es falso. En donde alguien quiere trampear la justicia, está obligado a defender la justicia de encontrarla frente a fenómenos y mecanismos que son parte de la condición humana por hacer que el otro compre un argumento y se cometa una injusticia”.

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