Las mujeres que estén siendo procesadas, hayan sido sentenciadas o pretendan ser imputadas por el delito de aborto, así como las familias de las víctimas de feminicidio, podrán recibir asesoría, representación y defensoría pública mediante el Instituto Federal de la Defensoría Pública, afirmó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de la Rea.

Con el acuerdo aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal se busca llegar a cada rincón del país  para defender a los más desprotegidos y vulnerables sin acceso a la justicia. “La Corte ha dictado una sentencia obligatoria: nuestras abogadas y abogados defenderán a las más desprotegidas para que no sigan vulnerando sus derechos”, sentenció Zaldívar.  Y es que el delito de aborto “castiga sobre todo la pobreza”.

A propósito de la histórica sentencia que despenaliza el aborto en todo el país y que dictó la Corte el pasado 7 de septiembre, indicó que es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres y de las personas gestantes, dado que se puso fin de tajo con la criminalización de quienes deciden no gestar. Se apuesta porque las mujeres tengan una vida libre para ejercer sus derechos y porque no estén sujetas a la violencia, a la coacción y a la prisión.

El ministro recordó que, a partir del fallo, todos los jueces y juezas federales y locales del país están obligados a respetar el derecho de todas las mujeres a interrumpir su embarazo en los casos que están autorizados por la sentencia de la propia Suprema Corte.

Zaldívar dejó en claro que el logro es “mérito de las miles de mujeres que durante años han luchado por su derechos, de las que ya no están y de esta marea verde de niñas, chicas, jóvenes que todos los días salen a gritar que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos”.

Asimismo, reconoció que la agenda de los derechos de las mujeres no se termina con el tema de aborto, porque es necesario seguir avanzando  hasta lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. “Hasta tener paridad de género en todas las instituciones públicas y privadas, hasta que acabe la discriminación por motivo de género y en instituciones donde no haya acoso sexual y violencia de género. Hasta que no teman a ser violadas o asesinadas”.

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