A pesar de que la papelería y todos los materiales que se emplean en las jornadas electorales son un asunto de seguridad nacional, por tener incidencia directa en la democracia, al menos tres empresas coyotes –sin oficinas, maquinaria ni empleados– han obtenido la mayoría de contratos para “producir” desde las boletas de votación hasta los crayones para marcarlas. Sin controles respecto del número de boletas fabricadas ni de la destrucción de los excesos, esto podría haber posibilitado fraudes como el de las llamadas “urnas embarazadas” o el del “carrusel”, por una presunta sobreproducción de papeletas. Con Lorenzo Córdova, el INE no sólo las contrató, sino que también permitió que en las licitaciones los institutos electorales locales privilegiara a ocho compañías privadas –entre ellas las dedicadas al llamado coyotaje–, por encima de la paraestatal Talleres Gráficos que depende de la Segob
Al menos tres empresas coyotes –sin oficinas, empleados ni maquinaria– y otras cinco compañías privadas han acaparado el mercado de las elecciones a nivel federal y estatal. A pesar de que se trata de un asunto de seguridad nacional, pues la falta de controles puede derivar en fraudes y con ello amenazar la democracia, esas ocho empresas han sido privilegiadas tanto por el INE como por los oples –organismos públicos locales– en las licitaciones para la fabricación de la papelería y demás materiales electorales, considerados como insumos de alta seguridad.
La situación es tan delicada, que una de las primeras acciones de la actual consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, fue firmar un convenio marco con la paraestatal Talleres Gráficos de México, para que los institutos electorales locales exploren primero la posibilidad de contratar a la empresa pública, que depende de la Secretaría de Gobernación y cuenta con el respaldo de la Guardia Nacional para el resguardo de los materiales electorales.
No obstante, a falta de una legislación que obligue a los oples a contratar el servicio con la única empresa que ofrece todos los controles de seguridad nacional relacionados con la papelería electoral, el convenio marco sólo se limita a sugerirles que contraten a Talleres Gráficos pero no los obliga a hacerlo, por lo que la democracia seguiría en riesgo para las futuras elecciones. Ello, porque la ausencia de controles podría derivar en los fraudes ya conocidos en México como las “urnas embarazadas” y “carrusel”, que sólo son posibles gracias a una sobreproducción de boletas.
Así, en la época de Lorenzo Córdova, la fabricación de urnas, crayolas, boletas, actas, marcador indeleble de huella dactilar y demás materiales electorales fueron dejados arbitrariamente a la iniciativa privada, sin ningún control de calidad pero tampoco de seguridad nacional: sin supervisión de que realmente fabrican el número de boletas que se les pide o si hacen más, ni tampoco el destino de la “papelería desecho”, es decir, no se vigila la destrucción de los excesos.
Tanto el tema de calidad como el tema de volumen, manejo y custodia de los materiales electorales pueden derivar en fraudes electorales: elaboración masiva y descontrolada de boletas y urnas daría paso a una sobre votación; pero también la mala calidad en crayones podría derivar en la suplantación del voto mediante borrado; así como que una mala calidad en la tinta indeleble de huella dactilar podría derivar en que una sola persona votara varias veces en diferentes casillas, ello de la mano con un manejo irregular de los padrones electorales.
En el caso de Talleres Gráficos, de acuerdo con el convenio marco, se cuenta con protocolos tanto para la fabricación como para la destrucción de la papelería y demás insumos electorales. Además de que la custodia y el traslado de esos materiales se hace mediante la Guardia Nacional, por lo que tampoco habría posibilidad de robo de los materiales previo a las jornadas electorales.
Las empresas coyotes
Un análisis sobre la vulneración a la seguridad nacional en materia de democracia, al que Contralínea tuvo acceso, indica que de las empresas que ofrecen servicios de impresión hasta el momento, quienes no han podido comprobar ninguna de sus capacidades instaladas –maquinaria, recursos humanos, obligaciones legales, obligaciones fiscales, certificaciones, entre otras– fueron las empresas: Corporativo Zeg, SA de CV; Cajas Graf, SA de CV, y Formas Finas, SA de CV.
A éstas se les considera empresas coyotes porque no cuentan con plantas de producción y presentan diversas irregularidades en sus declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria. Además, ante el IMSS sólo tienen registrado un empleado o ninguno, a pesar de que durante al menos dos décadas han obtenido contratos de producción con instituciones electorales, tanto federal [INE] como locales, y siguen participando en licitaciones para obtener nuevos contratos en la producción de suministros a utilizarse en los procesos electorales.
El análisis apunta que el modus operandi de Corporativo Zeg, Cajas Graf y Formas Finas es el mismo: “una vez que ganan los contratos, se dedican a subcontratar a productores reales, rebasando su capacidad de producción, lo que genera que estos productores subcontraten a otras pequeñas empresas que no cuentan, a su vez, con la capacidad de producción necesaria, certificaciones de calidad y la seguridad que se requiere ante insumos que deben ser considerados de alta seguridad para la democracia en el país”.
Por ello, se advierte un desaseo y desorganización en la producción, calidad y logística en la entrega en tiempo y forma de los productos a las instituciones electorales, “poniendo en riesgo la jornada electoral, así como el encarecimiento de los productos”, pues al ser intermediarias, han provocado altos costos en los productos que se utilizan en cada proceso electoral.
Cajas Graf (con RFC: CGR930630I15) y Corporativo Zeg (RFC: CZE151211HC7) están relacionadas con los mismos dueños: los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas. En el caso de Corporativo Zeg, aunque ha reportado tener 22 trabajadores registrados en el IMSS en febrero de 2023, el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social únicamente tiene inscrito a un trabajador. Mientras que Cajas Graf no tiene trabajadores registrados ante el IMSS.
A ello se suman las otras empresas que tampoco cumplen con los controles de calidad, además de que también han tenido acusaciones de presuntas irregularidades: Cartonera Plástica, SA de CV, que comparte apoderado legal (Artemio Rafael Castillo Ruiz) con otra contratista de nombre Servicios, Asesoría y Materiales Electorales, SA de CV; Dicaplast, SA de CV; Diseño, Reconstrucción y Comunicación, SA de CV; Seriplast de México, SA de CV.
Convenio marco con el INE
Con el objetivo de poner orden al tema de la papelería y demás insumos electorales de alta seguridad, el pasado 17 de agosto el Instituto Nacional Electoral y la empresa estatal Talleres Gráficos de México firmaron el Convenio Marco Interinstitucional de Colaboración, que busca aprovechar “los conocimientos, especializaciones, experiencia e infraestructura en el desarrollo de servicios integrales, relacionados a los productos requeridos mediante el cual se dispongan eficaz y eficientemente los elementos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de cada institución”.
En cuanto a los compromisos de Talleres Gráficos, dicho convenio establece que que el organismo tiene la capacidad de brindar servicios especializados en materia editorial y de artes gráficas, asesoría técnica y planeación en la logística y la administración de cadena de suministros certificados; otorgar precios menores a los ofertados por posibles proveedores documentados para cada convenio específico, proporcionado mejores condiciones disponibles en el mercado, en el precio, calidad y eficacia en los servicios integrales objeto de cada convenio; proporcionar servicios integrales en el suministro, producción, almacenaje, distribución y entrega de los productos; entregar cotizaciones; cumplir con los tiempos establecidos para la producción, surtimiento y logística; así como, brindar las facilidades al personal autorizado en contar con espacios de oficina, accediendo a las instalaciones con la finalidad de revisar los productos derivados del convenio específico y dar su visto bueno.
Adicionalmente, el 4 y 30 de octubre de 2023 se formalizaron los convenios específicos entre el INE y Talleres Gráficos para la producción de la documentación con emblema, sin emblema y materiales. En estos, la empresa estatal se declara capaz de producir los materiales relacionados con el Plan de Producción para el Proceso Electoral Federal 2023-2024: 312 millones de boletas electorales para las elecciones federales, incorporando todas las medidas de seguridad establecidas por ambas instituciones, INE-TGM, así como la producción de boletas requeridas en las elecciones locales.
