La participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en un operativo antidrogas en Chihuahua, sin autorización del gobierno federal, constituye una violación a la soberanía nacional, acusó Morena. El partido responsabilizó políticamente a la administración panista de María Eugenia Campos y exigió esclarecer la intervención de personal extranjero en territorio mexicano. Asimismo, advirtió que las investigaciones no deben concluir con la detención del exfiscal estatal César Gustavo Jáuregui Moreno.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, consideró que la aprehensión del exfuncionario representa un avance, pero insistió en que aún falta localizar a Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien se desempeñaba como fiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro cuando ocurrieron los hechos.

“Ese quién sabe dónde está, también debe comparecer y ser presentado ante la autoridad”, expresó la lideresa morenista, quien reconoció el trabajo de la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, en las indagatorias.

Montiel sostuvo que el esclarecimiento de estos hechos resulta fundamental para garantizar el respeto a la soberanía nacional, particularmente ante la intervención de agentes extranjeros en operaciones de seguridad sin los permisos correspondientes. En ese contexto, destacó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad continúan trabajando en el combate a la delincuencia y la construcción de la paz.

El caso cobró relevancia en abril de 2026, cuando un accidente vehicular ocurrido en la Sierra Tarahumara provocó la muerte de dos ciudadanos estadounidenses vinculados con la CIA y dos integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua. Las víctimas regresaban de la zona donde se había desarrollado un operativo contra laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en El Pinal, municipio de Morelos.

Inicialmente, la Fiscalía estatal sostuvo que los extranjeros no habían participado en el despliegue y que se encontraban en la región para impartir capacitación sobre el manejo de drones. Sin embargo, las investigaciones federales establecieron posteriormente que intervinieron en acciones operativas sin la autorización correspondiente.

La FGR señaló que las autoridades locales habrían excedido sus facultades al permitir la participación de personal extranjero en tareas reservadas a la Federación. Además, indicó que Jáuregui presuntamente omitió informar oportunamente a las instituciones federales sobre las actividades realizadas en El Pinal, pese a tratarse de delitos de su competencia.

El 17 de octubre, la Fiscalía de Chihuahua detuvo al exfuncionario por su probable responsabilidad en delitos del fuero común, entre ellos ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Posteriormente, las autoridades federales ejecutaron una orden de aprehensión por hechos posiblemente constitutivos de traición a la patria en materia de seguridad nacional.

Tras comparecer ante un juez estatal, Jáuregui quedó bajo custodia de la FGR y fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México. Este 20 de octubre comenzó la audiencia inicial correspondiente al procedimiento federal. Su responsabilidad penal deberá determinarse mediante las resoluciones judiciales respectivas.

Desde que se conoció la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, Morena ha cuestionado la actuación del gobierno encabezado por María Eugenia Campos. El partido sostiene que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad debe realizarse mediante los mecanismos legales e institucionales establecidos entre ambos países, sin permitir que agencias extranjeras desempeñen funciones operativas al margen de las autoridades federales mexicanas.

En ese contexto, Montiel recordó la movilización que Morena organizó el 16 de mayo en la capital chihuahuense para exigir el esclarecimiento del caso. Durante aquella jornada se denunciaron bloqueos carreteros y obstáculos que habrían impedido el traslado de simpatizantes hacia el punto de concentración. La dirigencia atribuyó estas acciones a intentos de frenar la protesta, mientras que los señalamientos sobre la responsabilidad de autoridades estatales quedaron sujetos a las denuncias correspondientes.

“La gente de Delicias se quedó encerrada porque supuestos agricultores habían cerrado la carretera cuando después los agricultores se deslindaron de una acción de este tipo”, señaló Montiel. Agregó que, pese a las dificultades, los participantes mantuvieron la protesta por considerar que la intervención extranjera representaba una grave vulneración de la soberanía nacional.

La dirigente explicó que, después de aquella movilización, Morena emprendió una campaña informativa para dar a conocer lo ocurrido en Chihuahua y mantener vigente la exigencia de que se investiguen todas las posibles responsabilidades.

Otro de los asuntos señalados por el partido es la cooperación con agencias estadounidenses mediante la Torre Centinela, ubicada en Ciudad Juárez. Luis Ángel Aguirre Rodríguez, quien asumió la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en octubre, encabeza actualmente la dependencia que administra este complejo.

Sin embargo, fue su antecesor, Gilberto Loya Chávez, quien durante su gestión habló de destinar el piso 18 del inmueble a actividades de intercambio de información y colaboración con agencias estadounidenses, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras corporaciones federales. La propuesta generó cuestionamientos sobre sus alcances legales y los mecanismos de autorización requeridos. No está acreditado que dicho espacio haya sido asignado a la CIA.

Al referirse a las investigaciones contra integrantes del PAN, Montiel sostuvo: “El primer panista detenido por huachicol fiscal es Ernesto Ruffo, y el primer panista detenido por traición a la patria es César Jáuregui”. Recordó, además, que antes de su captura el exfiscal había defendido públicamente el operativo y afirmado que volvería a realizarlo.

La dirigente reiteró que las indagatorias deben llegar hasta las últimas consecuencias, sin limitarse al exfuncionario detenido, para determinar quiénes autorizaron, coordinaron o facilitaron la participación de personal extranjero en las tareas de seguridad desarrolladas en Chihuahua.