A 15 años desde la explosión en la mina Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México, deudos de los 63 mineros atrapados en el siniestro exigen al gobierno federal —que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador—que cumpla con su compromiso de iniciar los trabajos de rescate.
A través de un comunicado, la Familia Pasta de Conchos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se pronunciaron por “se inicien los trabajos en campo, pues han transcurrido ya 15 años de la tragedia, más de 10 años de iniciado el litigio interamericano derivado de la falta de respuestas y negligencia a nivel nacional, 19 meses desde que se instaló el Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos y 17 meses desde que el grupo de expertos confirmó que el rescate era teórica y técnicamente viable”.
El pasado 19 de febrero, el primer mandatario respondió a este semanario durante su conferencia de prensa: “Tenemos ese compromiso, la única preocupación es que nos alcance el tiempo, pero lo tenemos que hacer, porque se tienen que hacer túneles nuevos para llegar a donde se piensa están los cuerpos. Son túneles profundos y largos y tenemos que cuidar también que no haya accidentes por la acumulación de gases, pero ya está la Comisión Federal de Electricidad trabajando”, expuso.
Hoy las organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron porque se “avance en acciones concretas para que el rescate inicie el próximo 1 de septiembre, en cumplimiento al acuerdo del Presidente con las familias del 23 de octubre pasado”.
Destacaron que el rescate de los mineros “ha sido en todo momento la prioridad de las familias, incluso frente a otras medidas de reparación, postura que hemos manifestado claramente en el proceso de litigio de la mayoría de familias acompañadas por el Centro Prodh y la Organización Familia Pasta de Conchos llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
El caso fue admitido por la CIDH en 2018 y seguirá su curso en tanto la voluntad expresada por el Gobierno federal de llegar a una solución amistosa no se materialice en el inicio del rescate y en un trato respetuoso a las familias.
Expusieron que “el hecho de haber excluido de importantes reuniones a quienes son víctimas de la tragedia ha causado preocupación entre las familias, considerando que tanto la legislación nacional como la internacional no limitan el ser víctimas únicamente a las cónyuges, como lo hicieron algunas autoridades, de manera injustificada y generando desconfianza entre las y los deudos”.
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