El Ejército de Myanmar ha llevado a cabo un patrón de ataques aéreos deliberados contra civiles y bienes de carácter civil, mientras persisten las detenciones arbitrarias, la tortura y la violencia sexual en el país, reveló el Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar en su informe anual, dado a conocer este martes 11 de agosto.
El documento identificó un aumento de los bombardeos desde meses previos a las elecciones organizadas por las autoridades militares del país, a finales de diciembre del año pasado. Las agresiones se dirigieron contra aldeas, escuelas, hospitales, edificios religiosos y campamentos para desplazados; incluso en sitios sin objetivos de valor militar.
En julio de 2025, las autoridades militares aprobaron una ley que criminaliza las críticas a las elecciones, con penas de hasta 20 años de prisión e incluso la pena de muerte, bajo la cual se investigaron arrestos por publicaciones en redes sociales o distribución de panfletos.
El responsable del organismo, Nicholas Koumjian, explicó que las comunidades en los estados de Chin, Kachin y Kayah, así como en la región de Sagaing, fueron objetivos prioritarios. De igual manera las escuelas y hospitales. En algunos casos ya se identificaron las unidades responsables, las bases aéreas involucradas y elementos de la cadena de mando.
El Ejército recurre cada vez más a drones, girocópteros y paramotores, plataformas de bajo costo para ataques a baja altura. En Sagaing, los investigadores documentaron casos en que pilotos apagaron sus motores cuando se aproximaban a los objetivos, a fin de planear en silencio y reducir las posibilidades de que los civiles huyeran a tiempo, agregó el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El documento abarca el periodo comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, lapso en el que aumentaron la frecuencia y la intensidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el Ejército y por distintos grupos armados.
Desde el golpe militar en febrero de 2021 y hasta abril de este año, 30 mil 870 personas habían sido arrestadas por las fuerzas de seguridad, de las cuales 22 mil 130 permanecían encarceladas, entre ellas 639 menores o bebés encarcelados junto a sus madres, alertó el documento. Privados de su libertad, también hubo víctimas de tortura física y sexual, además de denuncias por violaciones a manos de los integrantes del Ejército y grupos armados no estatales.
Parte de esas pruebas ya fue compartida con la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y cortes en Argentina que investigan crímenes contra la población rohinyá.
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