A través de un panel arbitral del Capítulo 31 del T-MEC, el gobierno de Estados Unidos notificó a la Secretaría de Economía (SE) su intención de dirimir el decreto presidencial publicado en diciembre de 2020. Éste ordena la prohibición del maíz genéticamente modificado (GM).

La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País (CNSMNHP) expresó que “lo que se pretende a través del T-MEC –ahora evidenciado con la petición de este panel de controversia– es imponernos un modelo agroalimentario y enajenar nuestro derecho soberano a decidir qué comer, cómo producir nuestros alimentos y qué importar”.

En un comunicado, recordó que, desde el pasado con el TLCAN y ahora con el T-MEC, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han impuesto modelos agroalimentarios. Éstos han causado enfermedades, daños a la salud y una fuerte crisis en el campo, en vez de solucionar la demanda alimentaria. Asimismo, han propiciado la dependencia de las importaciones de productos básicos como el maíz amarillo. “Provenientes de una élite de productores beneficiados con subsidios millonarios por parte del gobierno de Estados Unidos”.

En ese contexto, la CNSMNHP hizo un llamado a rechazar la posibilidad de “que un país extranjero –como Estados Unidos– a través de un tratado comercial imponga condiciones que ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a un trabajo digno libre de tóxicos, y a preservar nuestro extraordinario patrimonio cultural y nuestra biodiversidad.”

Con ello, solicitó apoyar la posición del gobierno mexicano. “Justamente porque se basa en el derecho inalienable a la salud, así como los derechos a un ambiente sano y a la biodiversidad de los maíces nativos de México, en el país que es centro de origen y diversidad constante de este grano. También se basa en la  defensa de la riqueza biocultural de las comunidades campesinas y del patrimonio gastronómico de México clasificado como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO”.