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Sídney, Australia. Cuando el año 2022 llegaba a su fin, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés) advirtió que la espiral de la deuda en los países de ingresos medios y bajos (PIMB) ha puesto en peligro sus posibilidades de desarrollo sostenible.
Aseguró que los países del Sur en desarrollo enfrentan una “compensación imposible” de la deuda.
A principios de diciembre, un artículo de opinión de The New York Times titulaba: “Se avecinan impagos mientras los países pobres se enfrentan a una tormenta económica”.
Y el Informe Internacional sobre la Deuda del Banco Mundial destacaba los crecientes riesgos relacionados con la deuda para todas las economías en desarrollo, tanto las de renta baja como las de renta media.
La acumulación de deuda se aceleró tras la crisis financiera mundial de 2008-2009.
El informe del Banco Mundial, titulado Las olas globales de la deuda, revela que la deuda total (pública y privada, interna y externa) en las economías de mercados emergentes y en desarrollo (EMDE) alcanzó en 2018 un máximo histórico de alrededor de 170 por ciento del producto interno bruto (PIB), equivalente a 55 billones (millones de millones) de dólares, más del doble de la cifra de 2010. Sucedió antes del inicio de la pandemia de Covid-19.
La deuda total de los países de renta baja (PRB), tras una fuerte caída desde el pico de alrededor de 120 por ciento del PIB a mediados de la década de la década de 1990 hasta alrededor de 48 por ciento (137 mil millones de dólares) en 2010, aumentó hasta 67 por ciento del PIB (270 mil millones de dólares) en 2018.
La pandemia de Covid-19 alargó enormemente la lista de EMDE en apuros por la deuda, ya que las naciones ricas y las instituciones dominadas por ellas, por ejemplo, el Banco Mundial, no proporcionaron ningún alivio significativo de la deuda ni aumentaron el apoyo financiero para responder adecuadamente a las crisis sanitaria y económica.
El economista jefe del Banco Mundial aconsejó: “Primero luchemos contra la guerra [pandemia] y luego pensemos cómo pagarla”. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) acotó: “Por favor, gasten, gasten todo lo que puedan. Pero guarden los recibos”.
Las Estadísticas de la Deuda Internacional 2022 del Banco Mundial revelan que la deuda externa de los PIMB en 2021 ascendió a 9.3 billones de dólares (un aumento de 7.8 por ciento en comparación con 2020), más del doble que hace una década, en 2010. Para muchos países, el aumento fue de porcentajes de dos dígitos.
En la última década, la composición de la deuda ha cambiado significativamente, con un fuerte aumento de la proporción de la deuda externa contraída con acreedores privados. A finales de 2021, los PIMB debían 61 por ciento de su deuda externa pública y con garantía pública a acreedores privados, lo que supone un aumento de 15 puntos porcentuales desde 2010.
Los acreedores privados cobran tipos de interés más altos y ofrecen poco o ningún margen para la reestructuración o refinanciación en condiciones favorables, ya que maximizan los beneficios. Los acreedores privados también suelen ofrecer créditos a corto plazo, mientras que las necesidades de financiación del desarrollo son a más largo plazo.
Las necesidades de desarrollo de los países en del Sur se han multiplicado, especialmente para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados internacionalmente.
Las necesidades de inversión agregadas de los países de bajos ingresos y de medianos ingresos se estiman entre 1.5 y 2.7 billones de dólares anuales, equivalentes a 4.5 y 8.2 por ciento del PIB anual, entre 2015 y 2030 para cumplir los ODS relacionados con las infraestructuras.
Sin embargo, las naciones ricas incumplieron espectacularmente sus promesas de financiación realizadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en 2015 en Addis Abeba.
De hecho, incumplieron todas sus promesas de ayuda anteriores, por ejemplo, la de aportar el 0.7 por ciento de su renta nacional bruta como ayuda al desarrollo, una promesa hecha hace más de medio siglo.
Aunque la ayuda apenas alcanzó la mitad de aquel porcentaje prometido, de hecho disminuyó desde el máximo de alrededor de 0.55 por ciento de principios de la década de 1960 hasta alrededor del 0.34 por ciento en los últimos años. Oxfam calculó que 50 años de promesas incumplidas significaban que las naciones ricas para el año 2020 debían 5.7 billones de dólares a los países pobres.
En su cumbre de 2005, los líderes del Grupo de los Siete (G7) países más ricos se comprometieron a duplicar su ayuda para 2010, destinando 50 mil millones de dólares anuales a África.
Pero la ayuda prestada se ha quedado muy corta. El G7 y otros países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también incumplieron su promesa de 2009 de destinar 100 mil millones de dólares anuales a la financiación de la lucha contra el cambio climático hasta 2020.
Mientras tanto, las instituciones dominadas por las naciones ricas –el Banco Mundial y la OCDE, en particular– promovieron la financiación privada del desarrollo.
El Banco Mundial, el FMI y los bancos multilaterales de desarrollo regional, como el Banco Asiático de Desarrollo, publicaron conjuntamente el documento “De miles de millones a billones”, justo antes de la conferencia sobre financiación para el desarrollo de 2015.
El documento aconsejaba a los gobiernos, de forma tan optimista como engañosa, “reducir el riesgo” de los proyectos de desarrollo para atraer billones de dólares de capital privado en asociaciones público-privadas (APP).
Mientras que la reducción del riesgo implica que los gobiernos asuman los riesgos financieros o socialicen las pérdidas de los inversores privados, las APP tienen un impacto dudoso en los ODS, especialmente en la reducción de la pobreza y la mejora de la equidad.
Mientras tanto, los donantes de la OCDE abogaron por la “financiación mixta” para utilizar el dinero de la ayuda para apalancar, de nuevo, billones de dólares de capital privado.
Pero, como señaló la publicación británica The Economist, la financiación combinada está luchando por crecer, estancada desde 2014 en unos 20 mil millones de dólares al año, muy lejos del objetivo de 100 mil millones fijado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, a pesar de las sospechas de doble contabilidad.
Al igual que las asociaciones público-privadas, la financiación de proyectos ha transferido de hecho el riesgo del sector privado al público. Por término medio, el sector público ha soportado 57 por ciento de los costes de esas inversiones, incluido 73 por ciento en los países de renta baja.
Tras la crisis financiera mundial, los países ricos aplicaron políticas monetarias no convencionales que mantuvieron los tipos de interés excepcionalmente bajos, en algunos casos a cero, durante una década.
Esto hizo que el capital fluyera de los países ricos a los EMDE en busca de mayores rendimientos, ya que los tipos de interés excepcionalmente bajos atrajeron a los gobiernos y las empresas de los EMDE.
La oportunidad de obtener préstamos a tipos bajos también hizo que los gobiernos de los EMDE fueran perezosos en sus esfuerzos de movilización de ingresos internos.
Esta complacencia política se vio recompensada por la comunidad de donantes, especialmente el Banco Mundial, a través de su ahora desacreditado informe Doing Business, que fomentaba una dañina competencia fiscal a la baja entre los países para recortar los impuestos de sociedades y otros impuestos directos.
El Banco Mundial y el FMI también aconsejaron eliminar o reducir los impuestos indirectos más fáciles de recaudar, por ejemplo, los impuestos especiales, a cambio de un impuesto sobre bienes y servicios o sobre el valor añadido regresivo y difícil de aplicar en los países más pobres.
Mientras tanto, las empresas transnacionales (ETN) siguen eludiendo y evadiendo el pago de impuestos mediante una contabilidad ficticia, con la ayuda de los paraísos fiscales, situados en su mayoría en territorios de países ricos.
Entre 2004 y 2013, los países en desarrollo perdieron aproximadamente 7.8 billones de dólares en flujos financieros ilícitos, en su mayor parte a través de la fijación errónea de precios de transferencia por parte de las ETN, es decir, la facturación fraudulenta del comercio en transacciones transfronterizas relacionadas con los impuestos.
Los países africanos recibieron 161 mil 600 millones de dólares en 2015, principalmente a través de préstamos, remesas personales y ayuda. Pero se extrajeron de esos mismos países 203 mil millones de dólares, principalmente a través de ETN que repatriaron beneficios y sacaron dinero ilegalmente del continente.
Las normas fiscales internacionales están diseñadas por los países ricos. Éstos siguen oponiéndose a la demanda de los países en desarrollo de un régimen fiscal internacional inclusivo bajo los auspicios de la ONU.
Los desajustes entre la oferta y la demanda mundiales debidos a la pandemia, la guerra en Ucrania y las sanciones son la receta perfecta para una tormenta perfecta. La lucha contra la inflación de los países avanzados está teniendo repercusiones negativas en los países en desarrollo.
La subida de los tipos de interés ha ralentizado la economía mundial y ha provocado salidas de capital de los países en desarrollo, depreciando sus monedas y reduciendo los ingresos de exportación. En conjunto, todo ello está provocando crisis de deuda devastadoras en muchos países en desarrollo, similares a lo ocurrido en la década de los 80 del siglo pasado.
En octubre de 2022, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que 54 países, que representan más de la mitad de la población más pobre del mundo, necesitaban un alivio inmediato de la deuda para evitar una pobreza aún más extrema y darles la oportunidad de hacer frente al cambio climático.
Cuando la pandemia de la deuda se hizo evidente, los países del Grupo de los 20 (G20) grandes países industriales y emergentes idearon la llamada Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) para los 75 países más pobres, que supuestamente proporcionaría un modesto alivio entre mayo y diciembre de 2020.
La DSSI no cancela la deuda, sino que sólo retrasa los reembolsos, que se pagarán en su totalidad más adelante, con el coste de los intereses acumulándose. Como los prestamistas privados se negaron a unirse a la iniciativa del G20, no es de extrañar que sólo tres países expresaran su interés por la DSSI.
Además, la iniciativa del G20 no aborda los problemas de deuda a los que se enfrentan los países de renta media, muchos de los cuales también se enfrentan al servicio de la deuda, incluidos los problemas de reembolso.
Aunque al principio de la pandemia, el FMI actuó de forma innovadora respecto a la deuda, con la cancelación del servicio de la deuda para 25 países de renta baja elegibles (estimada en 213.5 millones de dólares), el director del Grupo Banco Mundial se negó a complementar la cancelación del servicio de la deuda del FMI para los países de renta baja más vulnerables.
Sin embargo, el presidente del Grupo aboga hipócritamente por el alivio de la deuda como algo \”crítico\”. Quiere tener el pastel y comérselo también; aparentemente quiere aumentar los créditos, pero sin sacrificar la calificación crediticia AAA de la institución.
¿Diplomacia china de la trampa de la deuda?
Mientras tanto, los países ricos acusan a China de “diplomacia de la trampa de la deuda”, según la cual China está concediendo deliberadamente préstamos a los países más pobres para obtener ventajas geopolíticas y económicas.
Menos de 20 por ciento de la deuda externa de los países de renta baja se debe a China, frente a más de 50 por ciento que se debe a los acreedores comerciales.
La mayoría de los préstamos chinos son en condiciones favorables, y China ha proporcionado más alivio de la deuda que cualquier otro país, negociando bilateralmente alrededor de 10 mil 800 millones de dólares de alivio desde el inicio de la pandemia.
Como era de esperar, estudios independientes desacreditaron la acusación occidental. Y China ha surgido como una importante fuente de financiación del desarrollo para los países más pobres.
Un reciente estudio del FMI concluía que “la ayuda exterior de Pekín ha tenido un impacto positivo en los resultados económicos y sociales de los países receptores”.
El aumento del servicio de la deuda ante el aumento de los costes de importación, la caída de los ingresos por exportación y la disminución de las remesas, está obligando a los países en desarrollo a hacer frente a una disyuntiva perjudicial.
Se ven obligados a pagar el servicio de la deuda externa a las naciones ricas y a las organizaciones financieras internacionales a costa del desarrollo.
Según la UNCTAD, para muchos países africanos el aumento del coste del pago de la deuda equivale al gasto en sanidad pública del Continente. Pero “ningún país debería verse obligado a elegir entre pagar la deuda o prestar asistencia sanitaria” a su población.
Anis Chowdhury/Inter Press Service (IPS)
*Visite esta noticia en https://ipsnoticias.net/2023/01/el-ano-de-la-angustia-de-la-deuda-y-su-contrapartida-perjudicial-para-el-desarrollo/
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