Roma, Italia. Actualmente hay 735 millones de personas que padecen hambre en el mundo. Son 122 millones más que hace cuatro años. El objetivo de eliminar la hambruna hacia el año 2030 luce inalcanzable. Ésto de acuerdo con un informe de cinco agencias de las Naciones Unidas divulgado el 12 de julio.

“El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” de 2023 cita a la pandemia de la Covid-19 como una de las principales causas. Junto con las perturbaciones relacionadas con el clima y los conflictos, incluida la guerra en Ucrania.

Las agencias indicaron que –si bien las cifras mundiales del hambre se han mantenido estables entre 2021 y 2022– hay muchos lugares del mundo que se enfrentan a crisis alimentarias cada vez más graves.

En 2022 se observaron progresos en la reducción del hambre en Asia y Latinoamérica. Sin embargo, siguió aumentando en Asia occidental, el Caribe y en las regiones de África.

El continente africano sigue siendo el más afectado con una de cada cinco personas pasando hambre. Representan más del doble de la media mundial.

El informe fue elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Las agencias advierten que –de no cambiar las tendencias actuales– uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas –el ODS 2– no podrá ser alcanzado. Por el contrario, “se prevé que casi 600 millones de personas seguirán padeciendo hambre en 2030”.

El informe dice que ya en 2022 –cuando promediaba el lapso de los ODS adoptados en 2015–, la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición siguió siendo “desalentadora”. Alrededor de 29.6 por ciento de la población mundial –es decir, 2 mil 400 millones de personas– no tenía acceso a los alimentos.

Entre ellas, unos 900 millones se enfrentaban a una situación de inseguridad alimentaria grave.

Entretanto, la capacidad de las personas para acceder a una buena alimentación se ha deteriorado. Más de 3 mil 100 millones –el 42 por ciento–de la población mundial no podía permitirse una dieta saludable en 2021. La cifra representa un incremento de 134 millones en comparación con 2019.

En cuanto a la infancia, el año pasado 148 millones de niños menores de cinco años –22.3 por ciento– sufrían retraso del crecimiento; 45 millones –6.8 por ciento–, emaciación –bajo peso para la altura–, y 37 millones –5.6 por ciento–, sobrepeso.

La prevalencia del sobrepeso infantil corre el riesgo de aumentar. Ésto se debe al problema incipiente del elevado consumo de alimentos procesados y fuera del hogar en las zonas urbanas. Situación que se extiende cada vez más hacia las periurbanas y rurales.

“Los principales factores de inseguridad alimentaria y malnutrición son la nueva normalidad. Y no tenemos otra opción más que redoblar nuestros esfuerzos para transformar los sistemas agroalimentarios y aprovecharlos para alcanzar las metas”, asentó el informe.

Las proyecciones indican que casi siete de cada 10 personas vivirán en las ciudades para 2050. Por lo tanto, los gobiernos y otros organismos que trabajan para combatir el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición deben dilucidar cómo impacta ese aumento de la urbanización. Y de ahí formular sus políticas.

Por otra parte, continúan las desigualdades en la relación rural-urbana. El hambre afecta más a las personas que viven en el campo: la inseguridad alimentaria moderada o grave afectó al 33 por ciento de los adultos, quienes viven en las zonas rurales. Ello, en comparación con el 26 por ciento de los habitantes de las zonas urbanas.

La malnutrición infantil muestra la misma tendencia: el retraso del crecimiento en niños es mayor en las zonas rurales –35.8 por ciento– que en las urbanas –22.4 por ciento–. Mientras que la emaciación afecta al 10.5 por ciento de niños en el campo y al 7.7 por ciento en la ciudad.

La brecha de género en relación con la inseguridad alimentaria –que aumentó tras la pandemia– se redujo de 3.8 por ciento en 2021 a 2.4 por ciento en 2022.

Al enfatizar el papel de la urbanización en la seguridad alimentaria y nutricional, el informe afirma que las soluciones requieren que los mecanismos e instituciones de gobernanza de los sistemas agroalimentarios traspasen límites sectoriales y administrativos. Y se apoyen en los gobiernos subnacionales y locales.

“Los gobiernos locales, en particular, son actores fundamentales a la hora de impulsar mecanismos que han demostrado su eficacia en la puesta en práctica de políticas y soluciones esenciales para conseguir que todas las personas tengan a su disposición dietas asequibles y saludables”, concluyó.

IPS (Inter Press Service)*

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