De diciembre de 2018 a octubre de 2021, 341 funcionarios y exfuncionarios han sido denunciados penalmente por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En ese periodo, la SFP ha presentado 575 denuncias penales ante diversas fiscalías y continúa el seguimiento a 315 carpetas de investigación, incluidas las de sexenios previos, por conducto de la Unidad de Asuntos jurídicos, informó la dependencia.
De las 165 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, 114 están relacionadas con el delito de enriquecimiento ilícito, 34 con uso ilícito de atribuciones y facultades, 21 con ejercicio ilícito del servicio público, 10 con peculado, cinco con falsificación de documentos y 14 más están relacionadas con otros delitos.
A través de los órganos internos de control y las unidades de responsabilidad en las empresas productivas del Estado, la SFP ha presentado 559 denuncias relacionadas en su mayoría con los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilícito o indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho y peculado.
En lo que va del sexenio, 7 mil 34 personas servidoras públicas fueron objeto de 8 mil 228 sanciones de la Función Pública por conductas que constituyen faltas administrativas durante el actual gobierno.
De este total, 1 mil 126 servidores públicos recibieron una amonestación privada y 1 mil 321, una amonestación pública. Fueron destituidos 478 servidores; inhabilitados, 3 mil 108; sancionados económicamente, 594; y suspendidos, 1 mil 601.
La SFP detalló que ha remitido 1 mil 95 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por posibles faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos para que se emita, en su caso, la sanción correspondiente.
Los registros de las investigaciones tienen carácter de reservado y sólo pueden hacerse del conocimiento de las partes involucradas con ciertas ilimitaciones, informó la Secretaría y detalló que en el Registro de Servidores Públicos Sancionados únicamente pueden publicarse las sanciones de inhabilitación que se encuentran firmes y vigentes.
