De 2018 a lo que va de 2022, 19 mil 445 menores de 0 a 17 años de edad han sido registrados como desaparecidos en México, informó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Agregó que de éstos, 5 mil 102 continúan en esa condición: 2 mil 232 son mujeres y mil 797 hombres; mientras que 12 mil 581 personas fueron localizados, y 116 hallados sin vida.
La organización agregó que 2021 se consolidó como el año en que más desapariciones de infancias se han registrado en el país: 1 mil 929. Ello, con base en los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta el 11 de abril de 2022.
La Redim destacó que Chiapas presentó cifras récord en el reporte de desaparición de niñas, niños y adolescentes. En 2019 se registraron 183; en 2020, 384; y en 2021, 625. Además, información de MELEL XOJOBAL –organización integrante de la Redim– señala que en lo que va de 2022, otros 112 menores de edad desaparecieron en ese estado, de los cuales el “52 por ciento fue localizado: ocho sin vida, entre ellos cuatro provenientes de países de Centroamérica y El Caribe.
Por ello, la Redim mostró su preocupación por la invisibilización y la poca valoración de la niñez y la adolescencia en materia de desapariciones. La organización consideró que ello “no sólo dificulta que se dimensione la crisis sino también que el Estado mexicano pueda prevenir las desapariciones”. Además, señaló que las desapariciones de niñas, niños y adolescentes en el país aumentaron significativamente a partir de 2006, cuando inició la “guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.
La organización consideró como inadmisible “seguir viendo el incremento de las cifras que reportan las desapariciones de las infancias en México”. Por ello, enfatizó que “es importante que las autoridades atiendan esta crisis y la necesidades específicas de las víctimas, incluso a través de amplias campañas de prevención y lucha contra la discriminación que contemple el enfoque de niñez en todas las etapas de atención a la problemática, considerando características y condiciones como discapacidad, género, origen y su edad entre otros”.
Asimismo, urgió “que las autoridades establezcan mecanismos ágiles, interoperables, eficaces y transparentes para ingresar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y en los registros estatales una información detallada y actualizada que permita depurar cualquier duplicación y corregir errores en los datos ingresados”. Y solicitó al Estado que se avance hacia un registro poblacional único e incluyente en el que el derecho a la identidad esté garantizado desde el primer día de vida.
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