En las cárceles de México, urge garantizar el derecho humano a una higiene menstrual digna, sin discriminación ni limitaciones, indicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues el abasto de insumos para la gestión menstrual es responsabilidad del Estado. Actualmente, agregó, hay 12 mil 613 mujeres privadas de la libertad, la mayoría de ellas entre los 18 y los 49 años de edad.
En el sistema penitenciario nacional no hay acciones suficientes para garantizar a las adolescentes y mujeres privadas de la libertad –en etapa reproductiva– el derecho a la salud sexual y reproductiva, así como a la gestión e higiene menstrual digna, aseguró la CNDH.
Agregó que “en nuestro país y en muchas naciones latinoamericanas, la menstruación está rodeada de estigmas que generan desigualdad estructural”. Y que sólo el 16 por ciento de las niñas y mujeres adolescentes cuenta con conocimientos y significados precisos sobre la menstruación.
Para la CNDH es necesario que el sistema penal cuente con los recursos necesarios para que las mujeres puedan ejercer de manera suficiente y de manera equitativa, una menstruación digna e íntegra.
Durante una visita al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito –en Almoloya de Juárez, Estado de México–, Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, entregó material sanitario e información en materia de educación sexual a las mujeres privadas de la libertad. Ello como parte de las jornadas “¡Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ahora!” y los 16 días de activismo contra la violencia de género.
Al respecto, la Comisión indicó que “no es un tema menor, sino la defensa del derecho de las mujeres y personas menstruantes a vivir dicho proceso con dignidad y con pleno respeto a su derecho a la salud”.
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