Tras denunciar múltiples irregularidades en el proceso electoral celebrado el pasado 7 de junio, Morena anunció que buscará la nulidad total de la elección en los 16 distritos locales de Coahuila. Para ello, el partido ya presentó 17 quejas electorales –una por cada distrito y una de carácter general– en las que denunció un presunto esquema de compra y coacción del voto mediante códigos QR, el cual ha sido atribuido al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Asimismo, el partido guinda señaló actos de intimidación y violencia política por parte de servidores públicos, además de un posible rebase en los topes de gastos públicos destinado a campañas electorales, elementos que integrarían su denuncia jurídica para solicitar la anulación del proceso electoral.
El anuncio fue dado a conocer por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, quien destacó que las pruebas continúan acumulándose y, según sostuvo, evidencian la existencia de un esquema sistemático de coacción del voto, pues incluso algunas boletas los ciudadanos habrían dejado mensajes para denunciar la entrega de dinero a cambio del sufragio. Asimismo, durante los cómputos electorales se localizaron códigos QR dentro de varios paquetes electorales, lo que podría confirmar la operación de este mecanismo de compra del voto.
“Las personas votaron, hicieron su voto por el PRI. Una vez que votaron, se tomaron su foto con el QR, abajo le pusieron otras leyendas denunciando la compra masiva del voto. Estas boletas salen de las urnas, y otro asunto relevante es que, en el momento que se abre el paquete y se extraen las boletas para el cómputo, salieron también los QR, porque las personas echaron la boleta y el QR también se fue ahí”, sostuvo.
En total, Morena afirmó haber detectado irregularidades en 962 casillas en la entidad de Coahuila, equivalentes al 22.6 por ciento de la votación, porcentaje con el que solicita la nulidad de la elección en los 16 distritos locales. “Vamos a llegar hasta la última instancia electoral para detener este operativo que el PRI realizó en Durango, perfeccionó en Coahuila y no vamos a permitir que lo siga reproduciendo, atentando contra la democracia”, señaló Montiel.
Sin embargo, además de la vía electoral, el partido de izquierda anunció una estrategia jurídica para impugnar los resultados de una elección que se considera vulnerada por prácticas irregulares. Entre estas destacan denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales por la presunta compra y coacción del voto; también procedimientos ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) para investigar el origen de los recursos y un posible rebase de gastos de campaña; y una solicitud ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear el origen y el destino del dinero presuntamente utilizado en este esquema.
“Lo que se plantea como la ruta legal en el caso del INE, la denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización que es quien lleva el control de los gastos de los candidatos y partidos, la investigación sobre los recursos que se utilizaron para la compra del voto y por lo tanto también el rebase de topes de campaña establecido por la autoridad electoral”, explicó Montiel.
Sobre el caso de la UIF, puntualizó que es una solicitud “para la investigación financiera dar el seguimiento al origen y destino de estos recursos de los que se usaron para la coacción y compra del voto y, por lo tanto, identificar con mucha claridad las redes de financiamiento de esta acción”.
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