En un punto de acuerdo, legisladores de la Comisión Permanente exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue a los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por su probable responsabilidad en el espionaje indiscriminado operado por las instituciones públicas durante sus gobiernos, con plataformas como Pegasus.

“Es indispensable determinar la responsabilidad de quienes utilizaron programas ilegales para espiar durante casi 20 años, pero también a quienes permitieron que delitos como la tortura y las desapariciones forzadas se convirtieran en prácticas recurrentes que provocaron la peor y más grave crisis de derechos humanos en México”, consideró el senador morenista Salomón Jara Cruz.

En su punto de acuerdo, solicitó específicamente a la FGR investigar a los expresidentes Fox,  Calderón y Peña “por su responsabilidad en la adquisición y operación de programas desarrollados para intervenir comunicaciones ilegalmente”. Estos malware, advirtió, pudieron ser utilizados para facilitar la comisión de delitos de lesa humanidad.

El punto de acuerdo se turnó a la Primera Comisión de la Permanente. En éste se destaca que los programas informáticos se usaron para espiar a más de 15 mil personas (funcionarios, periodistas, políticos de partidos de oposición, activistas y personas defensoras de derechos humanos).

El senador Jara Cruz recordó que “desde hace algunos años, ya se sabía del espionaje realizado a través del programa Pegasus, particularmente en la administración de Peña Nieto. Posteriormente nos enteramos de que el software para intervenir ilegalmente comunicaciones se adquirió a petición de Felipe Calderón”. Agregó que nuevas investigaciones han revelado que desde el gobierno de Fox se firmaron contratos con las empresas Narus y Verint Systems, “reconocidas por sus servicios de espionaje y colaboración con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos”.

Para el legislador consideró que no sólo se trata de delitos de corrupción o de simple violación a la intimidad y a la privacidad. “En México, el espionaje desde las distintas administraciones se convirtió en una política de Estado que comprometió y puso en riesgo la seguridad de la nación y la estabilidad de la nación”.

Jara señaló que, “durante el régimen neoliberal, el espionaje no fue un instrumento exclusivo de gobiernos federales, también se empleó por gobernadores en contra de la oposición y medios críticos”. Por ello, pidió, a la FGR investigar a los gobiernos estatales que adquirieron y emplearon programas de espionaje.

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