La reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impedir que una persona con una nacionalidad adicional distinta a la mexicana pueda competir por la presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México avanzó en la Cámara de Diputados. A partir de la votación que sostuvo la Comisión de Puntos Constitucionales, en la que se aprobó el dictamen con 26 votos a favor y cinco en contra.

El documento fue avalado con los votos de Morena y sus aliados –PT y PVEM–, mientras que los legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Estos últimos señalaron que la reforma impone una restricción injustificada al derecho de la ciudadanía a ser votada en condiciones de igualdad.

Por su parte, diputados del PT, como Irma Yordana Garay Loredo, sostuvieron que el dictamen no busca excluir ni dividir a los mexicanos que mantienen vínculos con otras naciones, sino establecer reglas claras para garantizar que quienes aspiren a gobernar tengan un compromiso irrenunciable con México.

De igual forma, el diputado Gilberto Herrera, del grupo parlamentario de Morena, sostuvo que la propuesta busca garantizar que la lealtad y los compromisos de quienes ocupen cargos públicos estén dirigidos exclusivamente al país. Con ello, aseguró que la medida no restringe los derechos políticos de las personas, sino que establece como principio que quienes aspiren a encabezar un Poder Ejecutivo mantengan su lealtad únicamente con la nación mexicana.

Y es que el dictamen plantea que quienes aspiren a estos cargos no deberán tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de poseerla, tendrán que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos, en los términos que establezca la ley. Asimismo, el documento establece que quienes busquen la Presidencia de la República deberán ser mexicanos por nacimiento e hijos o hijas de padre o madre mexicanos, además de no contar con otra nacionalidad. En el caso de las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, también se establece como requisito ser mexicano por nacimiento y no tener ni adquirir una nacionalidad adicional.

La restricción no se limita a la posesión formal de una segunda ciudadanía. El proyecto también contempla como prohibición el uso de un pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de derechos políticos inherentes a esa ciudadanía y el acogimiento a la protección diplomática de otro país.

Desde su planteamiento, la iniciativa ha generado posiciones encontradas entre los grupos parlamentarios. Mientras Morena y sus aliados sostienen que la reforma busca garantizar que quienes encabecen los poderes Ejecutivos deberán mantener una lealtad exclusiva hacia México, legisladores de oposición cuestionaron que la doble nacionalidad pueda utilizarse como un “argumento para restringir derechos políticos”.

En este sentido, la diputada de Movimiento Ciudadano Irais Virginia Reyes de la Torre sostuvo que tener una segunda nacionalidad no implica una segunda lealtad ni reduce el compromiso con México. “La lealtad a un país no viene determinada por un documento, esta se demuestra con actos”, afirmó al anunciar su voto en contra. Consideró que contar con otra nacionalidad no hace a una persona menos mexicana ni debería traducirse en menos derechos.

De igual forma, el diputado priista César Alejandro Domínguez Domínguez señaló que la propuesta pretende restringir derechos políticos sin partir de un diagnóstico suficiente. Desde el PAN, Noemí Berenice Luna Ayala cuestionó incluso el criterio utilizado para determinar la lealtad de quienes aspiran a gobernar. “¿Dónde está la lealtad de aquellas que tienen una sola nacionalidad, pero sus negocios están en otros países?”, planteó.

Soberanía y lealtad nacional

En contraste, legisladores de Morena y sus aliados defendieron la modificación constitucional bajo el argumento de que quienes aspiren a encabezar el Estado mexicano deben mantener un vínculo nacional exclusivo.

Particularmente, la morenista Katia Alejandra Castillo sostuvo que las personas con doble nacionalidad podrán conservar sus derechos, pero deberán renunciar a la segunda ciudadanía si pretenden contender por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno.

Desde el PVEM, Juan Luis Carrillo Soberanis señaló que el debate no gira en torno a la dignidad o pertenencia de las personas binacionales, sino sobre la posibilidad de establecer requisitos adicionales para quienes buscan ocupar cargos de máxima responsabilidad pública.

En tanto, la diputada petista Irma Yordana Garay Loredo afirmó que el dictamen no pretende excluir a mexicanos vinculados con otras naciones, sino establecer reglas para garantizar el compromiso de quienes aspiren a gobernar.

La discusión adquiere una dimensión particular debido a que la doble nacionalidad es resultado, en buena medida, de procesos migratorios y de vínculos familiares construidos entre México y otros países. Ofelia Socorro Jasso Nieto, del PRI, advirtió que detrás de esta condición existen historias familiares, laborales y migratorias que no deberían convertirse en una causa para restringir derechos políticos.

Aplicaría a partir de 2028

El dictamen establece que las nuevas disposiciones serán aplicables a partir del proceso electoral correspondiente al año 2028 y que no afectarán a quienes se encuentren en ejercicio de los cargos mencionados cuando entre en vigor la reforma. Además, el Congreso de la Unión tendría como máximo un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy Rangel, informó que las reservas, adiciones y votos particulares serán llevados al Pleno de la Cámara de Diputados. Posteriormente, el dictamen será remitido a la Mesa Directiva para su programación legislativa.

El avance en comisiones constituye apenas una primera etapa del proceso constitucional. La propuesta deberá ser discutida y votada por el Pleno de San Lázaro y, al tratarse de una reforma constitucional, posteriormente requerirá la aprobación del Senado y de la mayoría de las legislaturas estatales. De esta forma, el debate sobre la doble nacionalidad pasa ahora de las comisiones al terreno parlamentario.