La indagatoria de las empresas factureras presuntamente relacionadas con el legislador Santiago Creel Miranda “debe de estar en la Fiscalía [General de la República]. Sí hay una investigación sobre factureros”, indicó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque aclaró que no tiene información precisa acerca de si en esa figura o no el político panista.
En su conferencia matutina, recordó que las empresas factureras de operaciones simuladas surgieron en el periodo neoliberal para evadir el pago de impuestos. “Tiene 15 años que empezó lo de los factureros, despachos de abogados, fiscalistas, que [cuando] se tenía que pagar impuestos te decían: ‘no te preocupes, tienes que pagar 1 millón, dame 50 mil’, y ya ellos se hacían cargo con facturas falsas de defraudar la Hacienda Pública. Entonces, había despachos para eso y hay abiertas investigaciones, incluso órdenes de aprehensión de gente que se dedicaba a eso, y se sorprende uno porque hay denuncias de miles de millones de pesos por esto de las facturas”.
No obstante, el primer mandatario aseguró que no tiene a detalle información del caso de Santiago Creel. “Yo lo que he ordenado es que todos los ilícitos se documenten, o presuntos ilícitos, se documenten y se envíen a la Fiscalía, que no tapemos nada absolutamente, y eso es lo que se ha hecho. Y la Fiscalía tiene abiertas todas estas investigaciones, esto lo ve el procurador fiscal del gobierno con la Fiscalía General. Lo que se puede hacer es solicitar a la Fiscalía que informe, cuidando lo del debido proceso”.
El 9 de enero de 2022, Contralínea reveló que la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria mantienen abiertas investigaciones sobre las operaciones del panista Creel Miranda, su hijo Santiago y el excandidato del PAN a la Presidencia, Ricardo Anaya Cortés, relacionadas con una intrincada red financiera que vincula a políticos y despachos de abogados con 36 empresas factureras. La mayoría de esas empresas tienen su sede en Zapopan, principal centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación. Otros ilícitos que se indagan son defraudación del fisco y lavado dinero del narcotráfico.
La información a la que tuvo acceso esta revista descubre que el panista Creel Miranda recibió, entre 2015 y 2021, más de 80 millones de pesos de la nómina del despacho Suma de Capacidades, SC, con el cual también mantiene una relación de sociedad y, al mismo tiempo, ese bufete obtiene principalmente sus ingresos de otro grupo de abogados: Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes, el cual le hizo depósitos por 26.1 millones de pesos.
En la lista de presuntas EFOS también aparecen: Barentsa; Gimenn; Servicios Administrativos Zenith; Dicipa; Canabisa; Corporativo BMW 360; CSL Offshore; MBW Adventours; Operadora de Bares Colmillo; Consultores Killer; Jar State Corp, entre otras.
Al respecto, el presidente López Obrador señaló que sí existen las denuncias, pero no le consta que el diputado Santiago Creel esté sujeto a investigación. “Lo que sí sé es que se cometían estos delitos graves y se trataba de actos de corrupción de miles de millones de pesos. Y hay quienes están prófugos y otros que están denunciados, nada más que es muy lento, por eso hablo de la necesidad de la reforma del Poder Judicial. Estas cosas deberían de tener prioridad y actuarse con prontitud, pero son juicios muy tardados porque tienen buenos abogados y entonces aplican tácticas dilatorias, y ahí se van. Por eso yo digo que es ‘Suprema Corte del Derecho’, no Suprema Corte de Justicia”.
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