En México, la industria indumentaria aún opera bajo condiciones de profunda precariedad; según estadísticas, siete de cada 10 personas trabajadoras en este ramo no perciben un salario suficiente para superar la línea de pobreza, mientras que el 66 por ciento de empleos se encuentra en la informalidad, señala el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC, AC).

De acuerdo con la organización civil, la industria indumentaria en el país es uno de los sectores más lucrativos a nivel internacional, ya que aporta alrededor de 95 mil millones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB) y genera un millón 200 mil empleos, pero mantiene a más de la mitad de su fuerza laboral sin seguridad social, contratos formales ni salarios dignos.

Para Mercedes Ramírez, integrante de la Coordinación de Análisis e Incidencia de ProDESC, la industria textil en distintos países del mundo, incluido México, se sostiene en “esquemas de explotación laboral sistemática con un impacto profundo en los territorios y en las personas trabajadoras”. Por ello, destacó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es una “oportunidad clave” para fortalecer la protección de este sector, así como la rendición de cuentas del empresarial.

Según el informe, presentado en el marco del Foro dela OCDE 2026 sobre Debida Diligencia en el Sector de la Indumentaria y el Calzado, la precarización salarial también impacta de manera desproporcionada a las mujeres, debido a que este sector poblacional representa el 68 por ciento de la fuerza laboral en la industria de la confección, es decir, se trata de una de las ramas más feminizadas del sector manufacturero en el país.

En este sentido, Mercedes explica que dichafeminización de la industria va de la mano con la precarización, invisibilización y exclusión de los espacios de toma de decisiones. “Cuando el género se cruza con otras características que ya mencionamos, cómo la pobreza, marginación e informalidad, esta exposición a la explotación es aún mayor, incluso, la violencia laboral es aún mayor”.

En cuanto a la rendición de cuentas empresarial, el Índice de Transparencia de la Moda en México 2021 –realizado por Arlenica y Fashion Revolution– analiza un total de 31 marcas en la industria, con datos  no muy alentadores: el 58 por ciento de empresas no divulga sus políticas y compromisos para mejorar los derechos laborales y las cuestiones ambientales a lo largo de su cadena de valor, mientras que el 90 por ciento no informa sobre salarios, prestaciones, horarios de trabajo, días de descanso ni pago de horas extras.

Únicamente el 3 por ciento de marcas revela información sobre subcontratación, outsourcing o trabajo a domicilio; mientras que la puntuación promedio sobre la transmisión de información en materia de trazabilidad es del 5 por ciento; y sólo el 4 por ciento reporta acciones vinculadas a procesos de debida diligencia.

“Todo ello evidencia que las marcas carecen de mecanismos efectivos y voluntades reales de transparencia. Esta opacidad no es casual, sino funcional a un modelo que prioriza la maximización de beneficios sobre los derechos humanos y laborales. Al mantener bajos niveles de rendición de cuentas y limitar deliberadamente la trazabilidad de sus cadenas productivas, muchas empresas perpetúan condiciones laborales precarias sin temor a repercusiones públicas o legales”, explica el informe.

Por su parte, Betty Ávalos, coordinadora general de la Colectiva de Mujeres Rosa Luxemburgo en Ciudad Juárez, Chihuahua, advirtió que la industria de la moda sigue funcionando porque hay mujeres trabajando con salarios bajos y sin protección. “En la maquila vivimos jornadas largas, miedo a organizarnos y sueldos que no alcanzan para vivir. Mientras las marcas hablan de una responsabilidad, las trabajadoras seguimos pagando el costo. No puede haber cambios reales si no se escucha a quienes hacemos la ropa todos los días”.

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