En México, la discriminación y las desigualdades de género nunca han sido abstracciones: se viven, se padecen y se reproducen en múltiples aristas, como es la violencia contra las mujeres, un fenómeno que permea la vida de millones y que atraviesa de forma horizontal a las instituciones y a la sociedad. Tan solo en 2021, el 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más experimentó al menos un episodio de violencia a lo largo de su vida; entre estas, destaca la violencia sexual por su alta prevalencia, pues el 49.7 por ciento de las mujeres mexicanas ha sufrido este tipo de agresión.

Sin embargo, las múltiples violencias que enfrentan las mujeres en el país son una constante que no inicia en la adultez, sino que se instala desde la infancia. “Es algo con lo que crecemos, algo que hemos sufrido todas las mujeres”, relata la joven Jazmín a Contralínea, quien reconoce en su propia historia una experiencia compartida por miles. “Las mujeres hemos sufrido acoso, violencia, violencia psicológica, violencia física, violencia estética, violencia económica. Creo que como mujeres hemos sufrido mucho”. 

Para ella, esa realidad se reproduce en cada generación. Y aunque muchas veces la violencia se normaliza en la cotidianidad, las estadísticas reflejan la urgencia de fortalecer políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva y el acceso pleno a los derechos de mujeres y niñas. En ese sentido, el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres sobre indicadores de género confirma la magnitud de estas agresiones y desigualdades en el país.

“La violencia por razón de género continúa siendo un problema estructural y una situación extendida que afecta a 7 de cada 10 mujeres y niñas en México”, señala el informe de ONU Mujeres, elaborado con datos recabados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

De ese universo, la violencia sexual destaca por su magnitud, debido a que prácticamente la mitad de las mujeres que han experimentado algún tipo de violencia en el país ha enfrentado agresiones de este tipo, lo que equivale al 49.7 por ciento. A su vez, el 34.7 por ciento ha vivido violencia física, dos de las formas más visibles y, paradójicamente, de las menos denunciadas.

“Los datos más recientes muestran una tendencia al alza de la prevalencia de la violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos cinco años, pasando de 66.1 por ciento en 2016 a 70.1 por ciento en 2021. Salvo la violencia económica, la prevalencia de todas las formas de violencia mostró un incremento con respecto a 2016, siendo la sexual la que más aumentó”, señala el organismo destinado a fomentar la igualdad de género en su publicación La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe: indicadores de género de México a 2025. 

Pese a su gravedad, el acceso a la justicia sigue siendo limitado. Ejemplo de ello es la situación que enfrentan las mujeres cuando estas violencias son ejercidas por parte de su pareja; en estos casos, apenas el 13.1 por ciento presenta una denuncia ante alguna autoridad. Esto evidencia los obstáculos estructurales que existen para romper el ciclo de la violencia, sumado a un sistema que, en muchas ocasiones, termina por revictimizar a las víctimas. 

Esa es la historia de Carolina, una joven que sufrió abuso por parte de su pareja y a quien su entorno cercano jamás le creyó. Ante un mar de indiferencia y de miedo, apenas logró nombrar lo ocurrido; sin embargo, nunca pudo denunciarlo. “Yo sufrí abuso, sufrí una violación por parte de un exnovio. Estuve con un machista, con un manipulador”, cuenta. “Nadie me creyó, pero también yo lo justifiqué diciendo que los novios no violan y no abusan psicológicamente, pero realmente lo hacen”, relata a este seminario. 

En el caso de las infancias, la situación se agrava debido a la vulnerabilidad de las víctimas y a la falta de información disponible. Por ello, especialistas en la materia advierten que, para atender la violencia sexual que padecen las niñas es necesario fortalecer los mecanismos de registro y generación de datos. “Si necesitamos priorizar la violencia sexual contra las niñas, necesitamos hacer un mayor esfuerzo en levantar esa información, porque no la tenemos”, expuso el equipo técnico del Inegi, en la presentación del informe. Ello, al advertir que la ausencia de datos limita la construcción de políticas públicas efectivas.

De lo psicológico a lo sexual: el mapa de las violencias contra las mujeres

La magnitud del problema también se refleja en la diversidad de violencias que enfrentan las mujeres. En 2021, el 42.8 por ciento de este sector experimentó al menos un incidente de violencia en los últimos 12 meses. De este total, el 29.4 por ciento enfrentó violencia psicológica; el 23.3, violencia sexual; el 16.2, violencia económica o patrimonial; y el 10.2 padeció violencia física. 

Para los especialistas, estos hechos no se limitan a un solo ámbito de ocurrencia. Al desglosar la información por espacios, ONU-Mujeres reporta que, a lo largo de su vida, el 45.6 por ciento de las mujeres ha experimentado violencia en la relación de pareja, el 39.9 en espacios comunitarios, 32.3 en el ámbito escolar y el 27.9 en el laboral. 

Incluso en un corto plazo, 2 de cada 10 mujeres reportaron haber vivido violencia en la comunidad, el trabajo, la escuela o por parte de su pareja en el último año. Esta distribución evidencia que la violencia no sólo es persistente, sino que se desplaza entre distintos espacios de la vida social, y se inserta en la cotidianidad de la vida.

En ese sentido, la violencia comunitaria se posiciona como una de las más frecuentes, seguida de aquella ejercida por la pareja en algún momento de la relación. A su vez, 32 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida escolar, mientras que 28 de cada 100 han experimentado algún acto violento en su entorno laboral.

A pesar del impacto de estas cifras, muchas veces resultan insuficientes para dimensionar la profundidad del problema que se inscribe en la historia de cada víctima. Las estadísticas trazan apenas un contorno, no alcanzan a nombrar el miedo, a retratar el silencio ni las violencias que permanecen ocultas. Así, hay una parte de esta realidad que no se registra, no se denuncia y, por lo tanto, tampoco se cuenta. 

La violencia es estructural, no circunstancial

Para Cristina Rivera Garza, autora de El invencible verano de Liliana, nombrar la violencia es “ya una forma de lucha”. En su obra, la escritora reconstruye la historia de su hermana, víctima de feminicidio, en un ejercicio que no solo recupera la memoria, sino que confronta la violencia que, lejos de pertenecer al pasado, sigue vigente. 

El caso de Liliana no es una excepción ni un episodio aislado. Hoy, esa misma violencia continúa atravesando la vida de cientos de mujeres en el país, en un contexto donde las cifras apenas alcanzan a delinear su magnitud. 

De acuerdo con los datos del informe, en su expresión más extrema, la violencia contra las mujeres se traduce en la pérdida de vidas. Tan solo en 2024, al menos 852 mujeres fueron víctimas de feminicidio y 2 mil 580 de homicidio doloso, lo que equivale a alrededor de 10 mujeres asesinadas cada día en el país.

Ante ello, el organismo advierte que “visibilizar la violencia contra las mujeres ha permitido dimensionar con mayor precisión su impacto, incluyendo el aumento de las muertes violentas de mujeres y niñas, como los homicidios y feminicidios. Este reconocimiento conduce a una respuesta institucional orientada a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Justicia para las víctimas

En México, el feminicidio no fue tipificado sino hasta el 14 de junio de 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal, en un intento por reconocer y sancionar una forma específica de violencia extrema contra las mujeres. Sin embargo, una década después, su persistencia evidencia que el problema no solo es legal, sino estructural.

Frente a este panorama, el Estado mexicano ha comenzado a articular acciones para atender las demandas de las víctimas, como la creación de una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio, con el fin de erradicar este delito y acabar con décadas de impunidad. 

De manera paralela, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de la mano de la Secretaría de las Mujeres, presentó un Plan Integral contra el Abuso Sexual, orientado a fortalecer la respuesta institucional en la atención y procuración de justicia, agilizar los procesos de denuncia y promover un cambio cultural basado en el respeto entre mujeres y hombres.

En este mismo esfuerzo, se impulsó el llamado Pacto de Xicoténcatl, mediante el cual autoridades y actores sociales asumieron compromisos para avanzar en el combate a la violencia sexual y en la garantía de los derechos de las mujeres.

Ante este panorama, ONU-Mujeres señala en su informe que México atraviesa por “un momento histórico que abre oportunidades para acelerar los avances hacia la igualdad sustantiva y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas”. 

Sin embargo, las brechas que persisten aún en la autonomía económica, en la distribución del trabajo de cuidados, en el acceso a oportunidades y en la erradicación de la violencia –en sus distintas dimensiones como la feminicida, política y digital– no son circunstanciales. Responden a estructuras profundas que requieren transformaciones sostenidas, basadas en evidencia y articuladas entre instituciones y sociedad, advierte el informe.

Por ello, especialistas subrayan la importancia de que las políticas, programas y acciones públicas incorporen la evidencia generada en estos diagnósticos, y que su implementación sea efectiva en todos los territorios, con una perspectiva territorial, intergeneracional, sociodemográfica e intercultural.

Así lo advirtió Blanca Espinoza, coordinadora del Sistema de Naciones Unidas, al enfatizar que sin información sólida y sin políticas integrales, la desigualdad y la violencia seguirán reproduciéndose como parte del entramado estructural que atraviesa la vida de millones de mujeres en el país.

“Desde el Sistema de Naciones Unidas en México reafirmamos nuestro compromiso de acompañar este proceso, precisamente desde la formulación del marco de cooperación con el Gobierno de México, que se firmó el 24 de octubre de 2025, es decir, el día de las Naciones Estados Unidos, y actualmente estamos diseñando resultados más aterrizados y alcanzables para 2031, en los que también queremos incorporar las perspectivas de género, derechos humanos y discapacidad”. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe: indicadores de género de México a 2025, permite dimensionar las desigualdades que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, además de que visibiliza las brechas persistentes que requieren respuestas integrales desde las políticas públicas, así como la articulación de actores institucionales y sociales.

El análisis muestra que México ha experimentado transformaciones importantes en los últimos años, entre ellas la reducción más significativa de la pobreza en su historia reciente, con 13.4 millones de personas que lograron salir de esta condición. En el mismo periodo, la desigualdad distributiva también registró una disminución, al pasar el Coeficiente de Gini de 0.426 en 2018 a 0.391 en 2024, es decir, su nivel más bajo desde que se tiene registro.

En materia de igualdad de género, el documento destaca algunas reformas constitucionales que han reconfigurado el marco institucional, como la creación de la Secretaría de las Mujeres con rango ministerial. Sin embargo, estos avances aún enfrentan desafíos como la erradicación de la violencia de género, la redistribución del trabajo de cuidados y la garantía de una autonomía económica para las mujeres.