La Comisión Federal de Electricidad (CFE) canceló de manera definitiva el contrato de suministro eléctrico firmado con la trasnacional francesa Électricité de France (EDF), con lo que el megaproyecto eólico Gunaa Sicarú fue cancelado de manera definitiva, informaron la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).
Tras 5 años de defender su derecho a la tierra y el territorio, la comunidad originaria fue notificada la mañana de este día por el Juzgado Primero de Distrito de Oaxaca. En un comunicado, se informó que en ese juzgado “ProDESC mantiene desde hace años un litigio relacionado con la construcción de este parque eólico”.
Asimismo, indicaron que también la Secretaría de Energía (Sener) del gobierno de México les comunicó la decisión de la CFE de cancelar los contratos de suministro firmados con EDF, así como el contrato de interconexión correspondiente. “Tales cancelaciones demuestran, de acuerdo con Sener, que la central eólica Gunaa Sicarú es inviable técnicamente, ‘ya que esta [la central eólica Gunaa Sicarú] se encontraba directamente relacionada con el proyecto cancelado’”.
Por ello, la Secretaría también indicó que el procedimiento de consulta pública para este proyecto llevado a cabo en Unión Hidalgo “ha quedado sin materia”, ya que al no existir el proyecto, tampoco existe “objeto de consulta”. En consecuencia, la Sener solicitó a Juzgado de Distrito que dicte resolución sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo relacionadas con la consulta.
“Es así como el proceso de defensa impulsado por ProDESC y la comunidad de Unión Hidalgo hacen de la cancelación de Gunaa Sicarú un hito en la defensa del derecho a la tierra, el territorio y los bienes naturales de las comunidades indígenas y para la rendición de cuentas empresariales en México y América Latina”, consideraron los quejosos.
Agregaron que “Gunaa Sicarú era una central eólica que buscaba asentarse ilegalmente en tierras comunales para construir 115 aerogeneradores con una capacidad total de 300 MW, uno de las más grandes en América Latina. Dentro de este proyecto de generación de energía se contemplaba además la construcción de una subestación, una línea de transmisión de 230 kV y vialidades internas en un polígono de 79 hectáreas pertenecientes a Unión Hidalgo, un pequeño municipio en el estado mexicano de Oaxaca”.
También recordaron que desde 2017 la paraestatal francesa EDF intentó empezar la construcción del megaproyecto para vender energía a la Comisión Federal de Electricidad, y que desde entonces, “ProDESC y la comunidad indígena de Unión Hidalgo iniciaron un proceso de defensa de la tierra y el territorio por las violaciones serias a los derechos de la comunidad y fallas en la identificación de riesgos e implementación de medidas de protección en el desarrollo de su megaproyecto”.
La asociación civil y los afectados denunciaron que en este tiempo, “EDF firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto a tal proyecto”.
Asimismo, subrayaron que acudieron a tribunales franceses para denunciar las anomalías: “en octubre de 2020, la comunidad, ProDESC y el ECCHR iniciaron un litigio transnacional en tribunales civiles de París, Francia, durante el cual se han obtenido victorias importantes como la admisión de la competencia y la jurisdicción; además de que la jueza francesa señaló que la responsabilidad a juzgar en el caso será de EDF matriz y no de la subsidiaria; logros que convierten a este proceso de litigio en el primero de su tipo emprendido por una comunidad indígena del Continente Americano”.
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