Este 30 de marzo inició formalmente el proceso de elección judicial, por lo cual 3 mil 422 personas aspirantes a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezaron sus campañas informativas. No obstante, el arranque del proceso se vio empañado por un intento de sabotaje por parte del ala derechista del Instituto Nacional Electoral (INE).

Y es que en una sesión extraordinaria y urgente, celebrada el sábado 29 de marzo, ocho de los 11 consejeros y consejeras electorales decidieron prohibir al gobierno –en sus tres niveles– que informe respecto de la elección judicial.

La prohibición aplica también a cualquier institución pública o servidor público, por lo que ni siquiera tendrán permitido explicar en qué consiste la democratización del PJF ni cómo serán las boletas electorales; mucho menos podrán promover la participación ciudadana el próximo 1 de junio.

Estos impedimentos quedaron ya establecidos, desde ayer, en los “criterios que garantizan la equidad e imparcialidad” de esta etapa previa y hasta el día de la elección.

La propuesta del consejero Arturo Castillo establece que “ni las personas servidoras públicas no candidatas, ni las autoridades o instituciones públicas pueden emplear recursos públicos para promover el voto, la participación ciudadana en la elección o crear espacios para la difusión de los perfiles de las candidaturas, en términos de lo dispuesto en el artículo 134 constitucional”.

El consejero, que forma parte del bloque derechista mayoritario en el INE, expuso que, “en su caso, el INE podrá celebrar convenios para que la propia autoridad electoral lleve a cabo actividades de promoción o difusión en los espacios de otras autoridades”.

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