En el periodo de transición de 2012, a tres meses de concluir su gobierno, el panista Felipe Calderón Hinojosa envió al Congreso una iniciativa de reforma laboral con carácter de “preferente” que puso en alerta al sindicalismo independiente del país por los riesgos que implicaba a los derechos laborales de millones de trabajadores, esta imposición fue apoyada por legisladores del PRI.

Como sucedió de manera recurrente con el amasiato de neoliberales panistas y priístas, nunca se escuchó a los directamente afectados; es decir, a los trabajadores ni tampoco a los sindicatos y a los expertos en derecho laboral que advirtieron del franco retroceso que significaba aprobar de manera irresponsable una reforma con marcados tintes empresariales.

Un traje hecho a la medida de los intereses del capital que borró de un plumazo las conquistas laborales plasmadas en la Constitución de 1917 y que en su artículo 123 establece el derecho a huelga, a la seguridad social y un salario remunerador que permitiera a los trabajadores otorgar un nivel de vida decoroso a sus familias.

En la iniciativa de Calderón, mejor conocida en su momento como Ley Lozano por atribuirse la paternidad de tal estropicio jurídico al exsecretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se dejaban intactos los cimientos del corporativismo priísta, así como la inmunidad de los contratos de protección y, en aras de flexibilizar el mercado laboral, se permitía la existencia de contratos de prueba y capacitación inicial, la legalización de las tercerizadoras y su modelo de encubierta esclavitud plasmado en las outsourcings.

Cuando de la mano de PRI y PAN votaron de forma mayoritaria por esta contrarreforma en perjuicio de millones de trabajadores, no tuvieron empacho en asegurar que se fomentarían empleos estables y bien remunerados, lo que fue una broma de mal gusto si se toma en cuenta que Calderón, el fallido presidente del empleo, se preocupó más por bañar de sangre al país en su guerra contra el narcotráfico, que en fomentar el trabajo digno y respetar las fuentes de empleo;  la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que envío de la noche a la mañana a la cesantía a 44 mil agremiados del SME, y el inesperado cierre de Mexicana de Aviación fueron dos de los casos más representativos que auguraban malos tiempos para la clase trabajadora del país.

Al tomar posesión el primero de diciembre del 2012, Enrique Peña Nieto dio la instrucción de iniciar sin dilaciones la aplicación de la reforma laboral que al final de su sexenio quedó a deber, como Calderón, las promesas de más empleos y mejores condiciones de vida para los mexicanos, su gobierno terminó embrollado con las leyes secundarias que deberían regular su propia reforma aprobada en febrero de 2017 en el Congreso.

Como se recordará, la pasada administración elaboró la reforma de 2017 como una condición y requerimiento para negociar el llamado TPP, Acuerdo Transpacífico, que se vino abajo con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadunidense. De hecho, en diciembre de 2017, los entonces senadores priístas Isaías González Cuevas, de la CROC, y Tereso Medina, de la CTM, buscaron dar un madruguete legislativo proponiendo una iniciativa para echar a andar esta reforma en condiciones todavía más lesivas que las de la contrarreforma panista de 2012.

La traición a la clase trabajadora fue de tal gravedad que incluso al interior del feudo cetemista se pidió la expulsión de Tereso Medina. Al final este nuevo atentado a los trabajadores no caminó y quedó varado en el Congreso, como también la ratificación del Convenio 98 de la OIT, relativo a libre sindicalización y a la negociación colectiva.

Tras los resultados electorales de julio pasado, el anquilosado esquema político se vino abajo abriendo las puertas a un nuevo modelo de gobierno que obtuvo no únicamente la Presidencia de la República, sino la mayoría en el Congreso, lo que ha permitido la ratificación del Convenio 98 y preparar la ley secundaria pendiente de aprobarse desde 2017.

En este nuevo esquema, el capítulo laboral establecido en el contenido del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC, viene a delinear buena parte del contenido de la iniciativa que presentarán al respecto los legisladores de Morena.

En su Anexo 23-A, establece que México deberá incluir en su legislación disposiciones tales como:

– El derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva y a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección sin la interferencia de los patrones en las actividades sindicales.

– La creación de un órgano independiente encargado de la conciliación y el registro de los contratos colectivos de trabajo.

– La participación de los trabajadores en la elección de líderes sindicales mediante el voto personal, libre y secreto.

– Para el registro inicial de un contrato colectivo de trabajo, el órgano independiente creado deberá verificar que el centro de trabajo esté en operaciones, que los trabajadores hayan tenido acceso a una copia del contrato y que la mayoría de los trabajadores estén de acuerdo en la celebración del contrato.

– Para las futuras revisiones de los contratos colectivos de trabajo, incluyendo los que estén actualmente depositados, se deberá acreditar el apoyo de la mayoría de los trabajadores del centro de trabajo.

De igual forma, obliga a revisar por lo menos una vez dentro de los siguientes cuatro años a la entrada en vigor de la legislación, todos los contratos colectivos de trabajo. Lo que en la práctica implicaría revisar unos 21 mil contratos.

Debe enfatizarse, por ello, que además de la responsabilidad de los legisladores de Morena para elaborar una ley acorde con lo peticionado en el T-MEC, y encaminada a resarcir el retroceso en las conquistas de la clase trabajadora, deben consultar y pedir la opinión tanto de sindicatos independientes como de diversas organizaciones sociales y expertos en la materia.

Es hora de que la clase trabajadora emita su punto de vista y haga valer sus derechos para recuperar lo que el bipartidismo neoliberal le arrebató al imponerle esquemas como las outsourcings, que se han convertido en fábricas encubiertas de esclavos, sin estabilidad laboral ni acceso a la seguridad social. Llegó el momento de sepultar la contrarreforma panista.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas