Las propuestas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto de los futuros procesos para elegir a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son los factores de mayor rechazo por parte de los partidos de oposición en el Congreso. Un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD) apunta que en ese aspecto será difícil la construcción de consensos para la aprobación de la reforma electoral.
El análisis Propuestas en torno a una nueva reforma político electoral, refiere que la iniciativa de reforma enviada por el presidente de la República el 28 de abril pasado a la Cámara de Diputados propone entre otras cosas crear un nuevo órgano electoral nacional, someter a votación la integración de las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, reducir el financiamiento público de partidos políticos y disminuir el número de legisladores en las cámaras del Congreso y las legislaturas locales.
Además de esta iniciativa constitucional en materia electoral, indica que en el primer año de la LXV Legislatura se han presentado otras 26. Elaborado por las investigadoras Perla Carolina Gris Legorreta y Susana Ramírez Hernández, el informe del IBD expone que el debate público en esta materia proviene desde el proceso electoral de 2018, hasta la revocación de mandato de abril de 2022.
El documento indica que la oposición también ha presentado iniciativas para dar nuevas facultades al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impulsar el voto electrónico, la segunda vuelta para la elección presidencial y reconocer nuevas causantes para la nulidad de procesos electorales, como la intervención de organizaciones criminales.
Por ello, el estudio del IBD enfatiza en la “necesidad de que todas estas propuestas sean sometidas a estudios exhaustivos, en los que se incorporen resultados de evaluaciones, entre otro tipo de instrumentos técnicos y especializados en la materia que guíen de manera objetiva e informada el debate sobre el rumbo de una reforma político electoral”.
