Los integrantes del EPR Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya fueron detenidos y desaparecidos entre las 5:30 y 6:29 horas del 25 de mayo de 2007, precisa el movimiento armado. Con el fin de aportar elementos para la búsqueda de sus militantes, revela parte de sus bitácoras y ofrece detalles de las misiones. Asegura que la detención ocurrió en un parque y no en un hotel. Felipe Calderón, responsable directo, señala

Edmundo y Gabriel, militantes de uno de los movimientos clandestinos que por muchos años se convirtió en obsesión para las agencias de inteligencia civil y militar del Estado mexicano, tenían una agenda de trabajo en común para los días 23, 24 y 25 de mayo de 2007. Se encontraban en la ciudad de Oaxaca, en el contexto de la movilización de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Entre las tareas asignadas se encontraba la redacción de un comunicado “y el análisis de coyuntura que se vivía en el país y en el estado”, informa el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en su más reciente informe sobre el caso. El documento está firmado el 10 de mayo pasado y fue emitido en respuesta a una solicitud de familiares de los desaparecidos para que aporten datos que puedan intensificar la búsqueda.

“El compañero Gabriel salió de la Ciudad de México, llevaba puesto un pantalón de mezclilla color azul y camisa de cuadros pequeños, chamarra delgada beige; portaba como identificación personal una licencia de conducir vigente y expedida por la oficina de tránsito de la delegación Venustiano Carranza de la hoy Ciudad de México, a nombre de Raimundo Rivera Bravo, tarjetas Ladatel para llamar de los teléfonos públicos, boletos del Metro, un teléfono y 15 mil 800 pesos.”

En su informe, el movimiento armado detalla que Gabriel salió del entonces Distrito Federal con rumbo a la ciudad de Oaxaca el martes 22 de mayo, de la terminal de la línea Fletes y Pasajes, ubicada en Santa Martha Acatitla. Abordó el autobús entre las 12:30 y 13:00 horas.

Sin novedad alguna, ese mismo día, por la tarde, alrededor de las 19:00 horas, se reportó para informar de su llegada. Se dirigió al domicilio de partido (o casa de seguridad) en el cual descansó esa noche y por la mañana se retiró de ese lugar para cumplir su agenda.

Según el propio informe del EPR, el día 23 de mayo se comunicó a las 11:00 horas para reportarse, entre las 17:00 y 17:30 horas. Informó que ya había hecho contacto con Edmundo y que trabajarían en un domicilio de partido el resto del día 23 y parte del 24. La reunión se confirmó. Ahí entregó los 15 mil pesos que portaba.

Al día siguiente, jueves 24, y al término de la reunión, los dos fueron trasladados en vehículo a las inmediaciones del jardín Morelos. “Está confirmada la reunión con los compañeros del Comité Estatal de Oaxaca efectuada por la noche del día 24 de mayo”.

El Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), Comandancia General del EPR, precisa la hora y el lugar de la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya: el jardín Morelos de la Ciudad de Oaxaca, en un lapso de entre las 5:30 y las 6:29 horas del 25 de mayo de 2007.

Los militantes del EPR cumplieron, el pasado jueves, 16 años de haber sido capturados por elementos del Ejército Mexicano y policías del estado de Oaxaca. Desde entonces no se sabe nada de ellos.

Detenidos ilegalmente en pleno gobierno federal de Felipe Calderón, y estatal de Ulises Ruiz, los activistas permanecen como víctimas del poder militar que, a pesar de las instrucciones del actual titular del Poder Ejecutivo y de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sigue sin informar lo que hizo con los guerrilleros. De la acción ilegal también tuvieron conocimiento elementos de la Armada de México y del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Ahora el EPR detalla algunas de las actividades que ambos militantes realizaron de manera previa a su detención y desaparición. En respuesta a una solicitud pública del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, emitió un documento con 17 puntos y ocho conclusiones. La petición tuvo el objetivo de aportar más información a la Comisión Especial de Búsqueda del Caso de la Desaparición Forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Destaca que Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz realizaron por varios días previos, y de manera separada, trabajos políticos en el estado de Oaxaca. Fue el 22 de mayo de ese 2007 cuando ambos comenzaron las labores conjuntas, en reuniones con las estructuras clandestinas del EPR.

Se agrega que también en esos días llevaron a cabo actividades de formación político-ideológica en varios municipios, en poblaciones urbanas y rurales. Todas las acciones eran de carácter pacífico: “se encontraban desarmados y no asumían una actitud ofensiva militar”.

Hasta antes del día 25, según el EPR, Gabriel y Edmundo se reportaron sin contratiempos. La última comunicación de Gabriel se produjo el día 24 a las 11:00 horas, sin mayor novedad que informar que la de los trabajos realizados. La siguiente comunicación sería el día 25 a las 6:00 horas, la cual ya no se efectuó.

En el documento, el EPR explica que pudo comprobar con sus estructuras internas que Gabriel y Edmundo concluyeron su reunión de trabajo el día 24 a las 17:00 horas. Entonces una comisión del PDPR los trasladó, en automóvil, al sur de la Ciudad de Oaxaca, cerca de la Central de Autobuses de Segunda Clase. Ellos, a pie, se dirigieron al jardín Morelos, a la esquina de las calles Francisco Morelos y Huízares, donde tenían una cita.

“Sabemos que el contacto se realizó –asegura el EPR– y se trasladaron a un domicilio de partido, en el cual trabajaron en el transcurso de la noche con el Comité Estatal [del PDPR-EPR], en concreto en la elaboración de un comunicado […].”

Incluso, el comunicado fue publicado el 25 por la tarde. Señala que el Comité Estatal del EPR en Oaxaca se separó de Gabriel y Edmundo entre las 5:00 y las 5:30 de la mañana, cuando ambos se retiraron del domicilio en un vehículo. El encargado de transportarlos reportó que los había dejado en el mismo lugar donde los había recogido el día anterior.

Así, en las inmediaciones del jardín Morelos habría ocurrido la detención y desaparición forzada de los militantes del EPR.

El Comité Central del PDPR expresa que esperó en vano la llamada que debía realizar Gabriel el 25 a las 6:00 horas. A partir de las 6:30 se buscó hacer contacto con él, pero no fue posible porque la llamada se desviaba al buzón de voz.

De igual forma, otra estructura del EPR intentó hacer contacto con Edmundo. Aunque la llamada daba el tono de comunicación, el teléfono nunca fue contestado. De hecho, esta llamada se efectuó el día 26 a las 14:00 horas.

El EPR no da indicios de cómo fueron identificados sus militantes por los efectivos militares y policiacos que los detuvieron. Expresa que Gabriel Alberto “tenían un buzón [un lugar secreto] en la ciudad de Oaxaca donde guardaba artículos personales y materiales de trabajo que debían ser trasladados ese día, por lo cual debía pasar antes de las 7 horas por ellos”. Agrega que ya no llegó al buzón. Tal infraestructura, asegura, “mantuvimos funcionando mucho tiempo después, en el cual no se presentó ningún elemento extraño” y “se comprobó que [ese lugar] siempre estuvo fuera de peligro hasta la fecha”.

Asegura que la noche del 24 los militantes estuvieron en la reunión de trabajo con el Comité Estatal, la cual “se desarrolló cabalmente”. Y entre las 5:00 y las 5:30 del 25 se retiraron del domicilio en un vehículo que los llevó a las inmediaciones del jardín Morelos. Ahí se perdió todo contacto con ellos.

También señala el EPR en su comunicado que Edmundo y Gabriel fueron vistos en instalaciones oficiales del gobierno estatal. “El 25 de mayo por la noche, en las oficinas de la Procuraduría Estatal de Justicia de Oaxaca, un ciudadano que tuvo acceso a los separos (por obvias razones nos reservamos su identidad) vio dos cuerpos muy golpeados y tirados en el suelo, que en un principio supuso que estaban ebrios porque no se movían; pero luego observó su condición de torturados. Al conocer la noticia y los rostros de nuestros compañeros, los identificó plenamente”.

Asimismo, señala que ocurrieron otros hechos relacionados con la desaparición de Gabriel y Edmundo, como la detención del indígena zapoteco Daniel Santiago Matías, de San Agustín Loxicha, el mismo 25, alrededor de las 11:00 de la mañana, en la ciudad de Oaxaca, cuando salía de visitar a unos presos políticos.

Sin informar cómo se ha podido enterar, el EPR señala que el entonces comandante de la Policía Ministerial del Estado, Daniel Camarena Flores, en medio de la tortura a Edmundo Reyes Amaya, le mostraba la foto de Daniel Santiago Matías para que lo “reconociera” como militante del EPR.

Como se recordará, Daniel Camarena Flores tres mandos de la Agencia Estatal de Investigaciones (Juan José Ramírez López, Abel Adán Morales López y Francisco Pascual Cervantes) y tres policías de la misma corporación (Ernesto Herrera Hernández, Dámaso Santiago Peralta y Samuel Alonso Lechuga Graniel) se encuentran en el penal de Puente Grande, Jalisco, acusados de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel.

Y quien fuera procurador de Justicia de la entidad en ese año, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, se encuentra prófugo.

Los militantes del PDPR-EPR no aparecen y ningún militar ha sido consignado, aunque también está comprobada la participación de elementos castrenses en ese delito de lesa humanidad. Hasta el momento, han declarado 14 generales pero ninguno ha aportado información que dé con el paradero de Edmundo y Gabriel.

Para el EPR, sus elementos fueron llevados a cárceles clandestinas operadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incluso al interior de instalaciones oficiales.

“Por experiencia y por los pocos sobrevivientes que enfrentaron esta condición de desaparición forzada, conocemos y sabemos que a los detenidos-desaparecidos de manera forzada en las cárceles clandestinas, en específico a los pertenecientes al movimiento revolucionario, se les mantiene en esa condición en el Campo Militar Número Uno.”

Por ello, llama a los familiares y defensores de derechos humanos a “buscar a los detenidos-desaparecidos de manera forzada en las cárceles clandestinas que existen en los campos militares”. Y también exige que se hagan públicas las bitácoras de los cuerpos policiacos y militares operativos ese día en la ciudad de Oaxaca.

Recuerda que la única que vez que Felipe Calderón se refirió al caso dijo que él asumía los costos. Ello demuestra el conocimiento de causa que tenía sobre el crimen y que la desaparición forzada es una política de Estado, considera.

Sobre este caso, y luego de la lucha de familiares de los desaparecidos, abogados solidarios y organizaciones sociales, la SCJN emitió una resolución el 10 agosto pasado en favor de las víctimas. El hecho se consideró un precedente en favor de los miles de personas desaparecidas de manera forzada.

De hecho, beneficia no sólo a las más de 100 mil personas desaparecidas y no localizadas en México, sino también a las víctimas de violaciones graves: desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, tortura y feminicidios”.

La SCJN estableció de qué manera se prueba una desaparición forzada en un juicio de amparo. También, determinó en qué debe consistir el derecho a la reparación integral del daño, entre lo que destaca la restitución de todos los derechos y una compensación económica justa.

También se estableció el derecho a no ser desaparecido; a la atención médica y psicológica a los familiares y víctimas indirectas, y a una debida y diligente investigación de los hechos.

Sobre el caso específico de Edmundo y Gabriel, la Corte –presidida en ese momento por Arturo Zaldívar– determinó la creación de la Comisión Especial de Búsqueda, un mecanismo encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda y no por la Fiscalía General de la República (FGR). Asimismo, la orden de apertura de los cuarteles militares para buscar a los dos militantes del EPR. Con ello, se logró abrir una línea de investigación que involucrara a las Fuerzas Armadas.

Además, instruyó al Ejército Mexicano a publicar un extracto de la sentencia emitida en un diario de circulación nacional. Ello en un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de su notificación.

En tanto, a la FGR se le ordenó publicar los avances de la investigación en su página oficial de internet, con la salvedad de testar los nombres de los funcionarios públicos que participaron en los hechos hasta que sean sentenciados y condenados. En ese momento podrán ser públicos.

Hasta el día de hoy ningún militar está siendo procesado por la desaparición forzada. Recién, efectivos militares comenzaron a declarar sobre este tema, pero como testigos.

Y a la fecha, la Sedena aún no termina por cumplir la sentencia de la SCJN, ya que faltan que declaren más mandos militares y que presten todas las facilidades necesarias para que la Comisión Especial de Búsqueda ingrese a cualquier instalación militar a buscar a Edmundo y Gabriel.

La desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya constituye probablemente el mayor golpe propinado por el Estado a la estructura del EPR en más de 50 años.

Para los órganos de inteligencia civiles y militares, Gabriel Alberto es hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, es decir, del máximo líder del EPR y que en una segunda identidad se conoce como Francisco Cerezo Quiroz. El propio Gabriel Alberto era parte de la Comandancia General del movimiento armado y del Comité Central del PDPR.

El nivel de inteligencia requerida para llegar hasta un dirigente del EPR como Gabriel Alberto sólo pudo haber sido de carácter federal, sea civil o militar. Sin embargo, hasta la fecha el asunto se sigue considerando en los ámbitos judiciales principalmente de carácter local. De hecho, a quienes se investiga como probables perpetradores son sólo a policías de Oaxaca.

El EPR acusa principalmente al Ejército Mexicano de la detención de sus militantes, pero involucra a otras instancias en la tortura y desaparición, como la entonces Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía de Oaxaca.

Lo que en su momento pudo acreditar la Comisión de Mediación (Comed, integrada luego de la desaparición para buscar a los activistas e intermediar entre el gobierno federal y el EPR) fue que la noche previa a las desapariciones tuvo lugar un sorprendente operativo militar con apoyo policiaco en las inmediaciones del jardín Morelos. Entonces se dijo que  se trató de la detención de dos personas hospedadas en el hotel El Árbol.

En aquellas pesquisas de la Comed, el Ejército aceptó que el jefe del Estado Mayor de la Sección Segunda (inteligencia militar) envió un escuadrón de fusileros de la Octava Región Militar, compuesto por 37 soldados de tropa, un oficial y un mayor de infantería a aquel operativo.

Las calles aledañas fueron tomadas de manera coordinada por elementos de tres corporaciones policiacas estatales que acudieron en apoyo: la Ministerial, la de Seguridad Pública Estatal y la Municipal. Oficialmente no se detuvo a nadie; que se trató de una confusión y una falsa alarma.

La detención de Gabriel Alberto y Edmundo debió haberse informado al presidente en aquel momento, Felipe Calderón, y sus entonces funcionarios: Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional; Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación; Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública; Eduardo Medina-Mora Icaza, procurador general de la República, y Guillermo Valdés Castellanos, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, entre otros.

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