Esta tarde el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a familiares de la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, asesinada el 19 de octubre de 2001. “Ofrezco una disculpa pública a su familia porque el Estado mexicano no garantizó su acceso a la justicia. Ofrezco una disculpa pública por las fallas en la implementación de los protocolos especializados para la investigación de su caso; del debido proceso y las debidas diligencias”, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
En el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, el funcionario señaló que dicha disculpa pública obedece, entre otras fallas, a las irregularidades cometidas en el marco de la investigación de la muerte de Digna Ochoa.
Al respecto cabe recordar que el gobierno de Vicente Fox se empeñó en señalar que la abogada se había suicidado.
Encinas Rodríguez indicó que la lucha y memoria de la defensora de los derechos humanos no pueden ser discriminadas ni estigmatizadas por el género ni por su pertenencia social y cultural, “pues su profunda sensibilidad ante la injusticia definió su carácter militante en la defensa de los derechos humanos”.
El subsecretario reconoció la infatigable lucha de la familia, que a lo largo de 21 años ha buscado verdad y justicia. También destacó que este acto reivindica la trayectoria de la activista: “Digna Ochoa dejó un legado en la defensa de los derechos humanos en su trabajo con pueblos indígenas y campesinos en Veracruz, Chiapas y Guerrero. Nos encontramos aquí para reivindicar y dignificar su trabajo. Para resarcir y dignificar su memoria”.
Asimismo, informó que, como lo establece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se instrumentaron las acciones necesarias para reabrir la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias de su muerte.
Amenos de un año de la notificación de la sentencia, dijo, se avanzó en el cumplimiento de las medidas de reparación, rehabilitación e indemnización para la familia. Añadió que con este acto público, el gobierno de México refrenda su ineludible compromiso en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en aquellas que tienen como propósito resarcir el dolor a través de la reconstrucción de la verdad, la difusión de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas.
Estuvieron presentes integrantes de la familia, entre ellos, Jesús Ochoa y Plácido, Carmen Ochoa y Plácido, Elia Ochoa y Plácido, Guadalupe Ochoa y Plácido, Agustín Ochoa y Plácido, Juan Carlos Ochoa y Plácido, Luz María Ochoa y Plácido, Roberto Ochoa y Plácido, Ismael Ochoa y Plácido, Lorena Ochoa Gutiérrez, Digna González Ochoa, Dulce María Morales Ochoa, Teófilo Betancourt Gazca, Jesús Gabriel Ochoa Mora y Sandra López Jiménez.
Además de ellos, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas Valdés; la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez Estrada; el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos.
Del gobierno de la Ciudad de México: el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama; y la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy Ramos. Asimismo, la presidenta de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, Olga Sánchez Cordero.
Y por parte del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la vicepresidenta del Consejo Directivo en Brasil, Viviana Krsticevic; y la subdirectora del Programa de Pasantías en México y Centroamérica, Marcela Martino. Además, participaron por parte del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, la directora, Karla Michel Salas Ramírez; y el coordinador jurídico, David Peña Rodríguez.
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