Estados Unidos determinó acciones contra Autistici/Inventati (A/I Collective), Palestine Action y Masar Badil, organizaciones a las que el gobierno de Donald Trump acusa de formar parte o brindar apoyo a redes que el gobierno estadunidense califica como “terroristas” de extrema izquierda.
El Departamento de Estado estadunidense informó este miércoles 26 de agosto que las medidas fueron aplicadas bajo la Orden Ejecutiva 13224, utilizada por el gobierno para sancionar a personas y organizaciones a las que señala por apoyar actos de terrorismo.
La dependencia señaló particularmente a Autistici/Inventati –organización con sede en Italia–, a la que acusó de proporcionar infraestructura digital a células de Antifa y otras redes de izquierda radical en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo.
De acuerdo con el gobierno estadunidense, los servicios digitales de A/I Collective son utilizados para facilitar la organización, el reclutamiento y la comunicación de estos grupos, además de permitir la difusión de información sobre objetivos, manuales tácticos y comunicados de militantes.
Estas acusaciones corresponden a la argumentación presentada por el propio Departamento de Estado para sustentar la designación de las organizaciones bajo la legislación antiterrorista estadunidense.
Además de Autistici/Inventati, el Departamento de Estado designó a Palestine Action bajo el argumento de que proporcionó apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios relacionados con actos que Estados Unidos considera terrorismo.
En el caso de Masar Badil, la instancia estadunidense sostuvo que la organización es propiedad, está controlada o actúa directa o indirectamente en nombre de Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network –organización internacional fundada en 2011 que defiende los derechos de los prisioneros palestinos–.
Como parte de la misma medida, Estados Unidos designó a Rawa Alsagheer y Zaid Abdulnasser, a quienes identifica como dirigentes de Masar Badil.
El gobierno estadunidense señaló que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para combatir un supuesto “resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda”.
La postura fue planteada previamente durante una reunión ministerial sobre terrorismo político realizada el 16 de julio, en la que el Departamento de Estado afirmó que buscaría identificar y desarticular redes internacionales que, desde su perspectiva, organizan, facilitan o cometen actos de violencia.
Las medidas no se limitan a bloquear los bienes e intereses de las organizaciones designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadunidense; también prohíben, de manera general, que personas estadunidenses realicen transacciones con ellas.
El Departamento de Estado advirtió además que instituciones financieras y otras personas pueden quedar expuestas a sanciones por determinadas operaciones con las entidades designadas. Incluso instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar acusaciones secundarias por ciertas transacciones.
Las restricciones incluyen la prohibición de proporcionar fondos, bienes o servicios a las organizaciones señaladas o en beneficio de éstas. De esta forma, aunque las organizaciones designadas tienen presencia fuera de Estados Unidos, las medidas pueden tener efectos sobre sus relaciones financieras internacionales, debido al alcance de las medidas estadunidenses.
El gobierno estadunidense justificó la decisión al señalar que las redes que considera terroristas representan una amenaza para Estados Unidos y sus socios extranjeros. También acusó a estos grupos de buscar socavar la ley y el orden, atacar infraestructura crítica y agredir a opositores políticos.
La designación ocurre mientras Estados Unidos amplía su discurso sobre el supuesto terrorismo político de extrema izquierda, y utiliza mecanismos previstos en su legislación antiterrorista para intentar limitar a organizaciones ubicadas dentro y fuera de su territorio.
