Organizaciones civiles, entre ellas Amnistía Internacional, exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador detener la militarización de la seguridad pública, la cual debe pasar a manos de personal civil conforme el derecho internacional en materia de derechos humanos.
En un comunicado, AI en conjunto con #SeguridadsinGuerra señalaron que la decisión de mantener a los militares fuera de los cuarteles como en los sexenios pasados “ha detonado el aumento de quejas por violaciones graves a los derechos humanos”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró 219 quejas contra la Guardia Nacional entre el 26 de mayo de 2019 y agosto de 2020. De las cuales 51 fueron por detenciones arbitrarias; 28 por tratos crueles, inhumanos o degradantes; tres por tortura; dos por homicidios ilegítimos; y dos por desapariciones forzadas.
Con base en el derecho internacional, las organizaciones enfatizaron que sólo en casos excepcionales y por tiempos definidos, los Estados podrán recurrir a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo la seguridad pública. Ello, dado que las fuerzas militares están enfocadas en “derrotar al enemigo”. Es por esto que mostraron preocupación porque la GN dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las organizaciones pudieron que se cumpla la promesa del desarme de México para 2024 con base en una estrategia que deberá ser publicada; además de que las autoridades competentes deberán adoptar medidas necesarias para que las Fuerzas Armadas no sean usadas de forma arbitraria por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
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