Extorsión, “impuesto” del crimen que llega a costar la vida

La extorsión es ya uno de los negocios más lucrativos para el crimen organizado. El “impuesto” de la mafia encarece productos y servicios y, en ocasiones, llega a costar la vida de las víctimas. Este delito juega un papel protagónico en la crisis de homicidios, lesiones dolosas, secuestros y desapariciones en el país.

El método más común de la extorsión es el que usa la vía telefónica para defraudar al azar a sus víctimas. Pero existen otras modalidades que ponen en riesgo la integridad física y la vida de las personas, como la llamada extorsión presencial. El delito también conocido como “impuesto” de la mafia encarece productos y servicios, y juega un papel protagónico en la crisis de homicidios, lesiones dolosas, secuestros y desapariciones en México.

Este ilícito es ya uno de los más empleados por grupos delincuenciales, pues además de su rentabilidad permanece en las sombras: pocas víctimas denuncian. Esta impunidad se explica por los débiles sistemas judiciales del fuero común. Datos oficiales citados por el análisis La extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas refieren que el año con la mayor tasa por cada 100 mil habitantes de víctimas de extorsión fue 2021; aunque en los primeros 10 meses de 2022 aumentó en un 18.72 por ciento.

Elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), el estudio observa que en la época reciente, el segundo peor año en materia de extorsión fue 2019; el tercero 2020; el cuarto 2018, y el quinto 2015. Ello, con base en el número de denuncias y víctimas que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Desde un enfoque de victimización, hay diferencia notable entre los datos que publica el SESNSP y los hallazgos que arroja la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, advierte el estudio La extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas, elaborado por el ONC.

Los informes del Inegi señalan que en 2021 se cometieron 4 millones 910 mil 206 extorsiones, de las que se denunciaron 246 mil 138 –es decir sólo un 5 por ciento–, y de esta cifra, el instituto afirma que sólo en la mitad de los casos (128 mil 976), se inició una carpeta de investigación.

Sin embargo, el estudio indica que, al comparar las denuncias estimadas por el Inegi en 2021 contra las reportadas por el SESNSP, se encontró una diferencia abismal, pues este reportó para 2021 sólo 8 mil 828 denuncias. “Preocupa que los ciudadanos refieran haber sido víctimas de más de 4 millones de extorsiones, de estas sólo hayan logrado que se iniciasen casi 129 mil carpetas de investigación”, refiere el estudio del ONC publicado en marzo de 2023.

Para la realización del análisis, el ONC hizo una revisión sistemática de la literatura académica sobre la extorsión en América Latina y el Caribe de los últimos 20 años; un análisis jurídico de los tipos penales y penas por extorsión en México; entrevistas a autoridades, solicitudes de transparencia a las fiscalías y secretarías de seguridad estatales, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Sólo 13 fiscalías y 17 Secretarías contestaron dichas solicitudes. En fuentes abiertas, se pudo obtener alguna información de otras nueve fiscalías y de otras seis secretarías. Sólo las autoridades de Guanajuato accedieron a la entrevista y contestaron por transparencia –tanto Fiscalía General de Justicia como la Secretaría de Seguridad– todas las preguntas.

Sólo cinco entidades brindaron respuesta tanto de la fiscalía como de la secretaría de seguridad–-Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sinaloa–, mientras que de cinco estados fue imposible recabar información: Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Querétaro y Tlaxcala.

El estudio señala que mientras que las fiscalías del país sólo reportaron poco menos de 9 mil casos, quedaron en el aire 120 mil carpetas de investigación por extorsión, mientras que la justicia en el país reconoce que, de 4 millones de delitos, sólo se investigaron 9 mil casos.

El Inegi indica que en 2021, en el 59.6 por ciento de las denuncias que derivaron en carpetas de investigación, no pasó nada; sólo en el 2.8 por ciento de los casos se logró poner al delincuente a disposición de un juez; y en apenas en el 0.3 por ciento de los casos se logró la recuperación de los bienes y en ninguno de los casos, hubo reparación del daño.

Extorsión con información bancaria

El diagnóstico del ONC, el primero en su tipo, registra que en este momento existe un fenómeno creciente de engaños relacionados con información bancaria, así como extorsión generada por grupos delictivos de manera presencial, apuntó –durante la presentación del estudio– Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

Otra forma de extorsión se da cuando se prohíbe la venta de determinados bienes de consumo; “no hay un cobro de recursos, pero sí un control del mercado y se generan monopolios, porque sólo se pueden vender ciertos productos, o un comerciante en concreto es el único que puede ofrecerlos”, detalló.

“Repercute en la competitividad, en el acceso a los bienes y servicios de los consumidores, es decir en el bolsillo de todos los ciudadanos. La extorsión la ejecuta desde individuos, pequeñas bandas, delincuencia organizada, autoridades, empresas y profesionistas”, destacó.

Explicó que la extorsión es un delito donde la impunidad es de casi el ciento por ciento de los casos, debido a la ausencia de estrategias diferenciadas para cada manifestación del delito; la falta de compromiso de autoridades; malos procesos para captar las denuncias; falta de recursos y un nulo interés por darle acceso a la justicia a las víctimas.

Dijo que muy pocas entidades han generado mecanismos para proteger al denunciante, particularmente para las varias modalidades de extorsión presencial; actúan de oficio ante la noticia delictiva y son contados los casos de golpes a bandas organizadas.

Federico Rivas refirió que algunos servidores públicos compartieron off the record al ONC, que en su fiscalía existe la instrucción de no iniciar acción alguna tras una denuncia de extorsión, ni reportarla en las estadísticas oficiales. Mientras tanto, anotó, “el delito sigue creciendo, los ciudadanos seguimos recibiendo llamadas de amenaza; de quien se hace pasar por un empleado de banco y termina por robarnos nuestro capital; nos siguen robando las cuentas de Whats App o de redes sociales para engañar a nuestros contactos”.

De igual forma, dijo que el sector empresarial del país –desde el ambulante hasta la empresa trasnacional– sufre cada vez más la imposición de proveedores; la prohibición de producir, vender o transportar cierto producto, generando monopolios fácticos, o siendo obligada a pagar “derecho de piso”.

Extorsión en América Latina

El fenómeno de la extorsión ha fortalecido su presencia en las últimas décadas en América Latina y el Caribe, con afectaciones a la población, la economía y las instituciones, advierte el informe Innovadores criminales, nuevas tendencias de extorsión en Latinoamérica (diciembre 2022), Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Iniciativa global contra el crimen organizado transnacional, GI-TOC).

Señala que el control territorial que ejercen las organizaciones criminales y las pandillas en Latinoamérica ha facilitado los procesos de gobernanza criminal mediante los cuales se obliga a los individuos y empresas a pagar cuotas de extorsión, denominadas “renta” (El Salvador), “impuesto de guerra” (Honduras), “derecho de piso” (México) o “vacuna” (Colombia).

En los últimos cuatro años, la iniciativa global contra el crimen organizado transnacional ha monitoreado, analizado e informado sobre los modos y patrones de extorsión sufridos por numerosas comunidades centroamericanas. El informe, basado en el análisis y las actividades previas de GI-TOC en la región, analiza las innovaciones en materia de extorsión en los países del norte de Centroamérica, México y Colombia, y examina cómo estas han seguido surgiendo después de los cambios impulsados por la Covid-19.

México, estudio de caso

En países como México y Colombia, surgen continuamente nuevas formas y métodos de extorsión, puesto que los grupos delictivos responden a los cambios en sus entornos operativos, como las restricciones de movilidad impuestas para combatir la pandemia por Covid-19. Estos nuevos métodos no sólo demuestran la innovación criminal, sino que también se vinculan a otros delitos, como el fraude, el secuestro y la cibercriminalidad, señala el informe del GI-TOC.

La extorsión es el delito que más afecta al sector privado en al menos 21 estados mexicanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, durante 2021, en México ocurrieron 829 mil incidentes de extorsión que involucraron a los sectores de comercio, industria y servicios, una ligera disminución respecto a los 912 mil de 2019.

La extorsión es tan frecuente que incluso ha tenido efectos generalizados en la industria alimentaria, provocando escasez de pollo y tortillas en ciudades enteras, y haciendo que se infle el precio de frutas como el limón y el aguacate, indica el documento.

Los grupos criminales no sólo exigen el pago de extorsiones a los minoristas, sino también a los productores y distribuidores y han pasado a exigir pagos a la industria manufacturera. El asesinato del director de operaciones de una empresa transnacional japonesa en Tamaulipas, desveló el intento de cobrar cuotas ilegales por cada contenedor de envío que salía de la fábrica.

Se trata de Reydecel Sifuentes Becerra, gerente de operaciones de la maquiladora trasnacional japonesa Alcom, cuyo asesinato, ocurrido en julio de 2022, sacudió a este sector industrial.

El informe refiere que aunque sólo el 8 por ciento de las extorsiones exigen el pago de una cuota por el “derecho de piso”, la práctica ha tenido un impacto devastador en el sector empresarial mexicano (fabricantes, minoristas y comerciantes) así como en los consumidores.

En Michoacán es común que los productores de aguacate y limón sean extorsionados por organizaciones criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y que los pagos aumenten durante la temporada de cosecha. Por ejemplo, el precio del kilo de limón se quintuplicó, pasando de 19 pesos (1 dólar) a finales de 2021 a más de 100 pesos (4 dólares) a principios de 2022.

México es el primer exportador de aguacate del mundo, generando ingresos anuales de más de 2 mil 200 millones de dólares, por lo que el fruto es conocido localmente como “oro verde”. Las extorsiones y amenazas a los productores han desarrollado implicaciones binacionales.

A principios de 2022, por ejemplo, los grupos criminales que se enfrentan a la pérdida de ingresos amenazaron por primera vez a los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (basados en México para certificar los envíos).

Las amenazas se produjeron porque un inspector se había negado a aprobar un envío de más de 25 mil toneladas de aguacate, ya que el cargamento contenía producto de otros estados distintos de Michoacán, que es el único aprobado para exportar a Estados Unidos).

El bloqueo afectaría al precio de la fruta y, por lo tanto, al alcance de los ingresos ilícitos de los grupos. Esta situación de seguridad llevó a reuniones de emergencia entre autoridades agrícolas y de seguridad de los gobiernos estadounidense y mexicano.

De acuerdo con la GI-TOC, más del 90 por ciento de las extorsiones en México se llevan a cabo por vía telefónica. Los delincuentes se hacen pasar por miembros de una conocida organización criminal local y afirman estar vigilando el negocio o el domicilio de la víctima. Amenazan con ordenar un ataque si no se efectúa el pago.

Sin embargo, la violencia psicológica y la ingeniería social empleadas por las bandas criminales han evolucionado hasta tal punto que la técnica se ha ganado el sobrenombre de “secuestro virtual”. Trabajadores, amas de casa, personas de la tercera edad e incluso niños han recibido llamadas amenazantes. Sin utilizar la fuerza física o armada, y sólo mediante la violencia psicológica y la ingeniería social, el delincuente es capaz de aislar a la víctima (por ejemplo, en un hotel) y obligarla a apagar su teléfono móvil.

El extorsionador llamará a un familiar de la víctima exigiendo un rescate por el “secuestro”. Los pagos se transfieren en las tiendas de conveniencia. Si el pago no es posible, los delincuentes exigen la entrega de bienes de alto valor (coches, joyas y tecnología). En esencia, el delincuente recibe un pago por liberar a la víctima de una situación de pseudosecuestro, sin que en realidad la víctima haya estado en peligro.

Las aplicaciones para teléfonos móviles también se han convertido en una forma fácil de extorsionar a las personas que necesitan algo de dinero o que tienen problemas económicos. En los primeros seis meses de 2022, las autoridades de Ciudad de México retiraron 90 aplicaciones, que habían generado 5 mil 453 denuncias a la policía.

Estas aplicaciones ofrecían pequeños préstamos (de 2 mil 500  a 10 mil pesos) sin requisitos previos ni comprobación de antecedentes financieros. A cambio, cobraban unos intereses muy elevados por el total del préstamo (aunque sólo se depositaba una parte a las víctimas).

Combatir la extorsión

El estudio del ONC propone acciones para combatir la extorsión: Reformar el marco normativo e impulsar una ley general que identifique la realidad actual de este delito; implementar algunas de las acciones exitosas que se han llevado a cabo tanto en nuestro país como en el mundo.

Capacitar en el tema a las autoridades de todo el país, destinar los recursos necesarios para que fiscalías y secretarías de seguridad puedan atender a las víctimas y combatir el delito y robustecer el sistema financiero para evitar que los delincuentes sigan usándolo impunemente para recibir el dinero fruto de este delito, señala el estudio.

Al atenderlo, la autoridad lo debe hacer con responsabilidad y sensibilidad ya que muchas víctimas que sufren día a día este delito, podrían ser carne de cañón en una confrontación entre autoridades y delincuentes.

Considera que una posible solución a este delito es la colaboración entre autoridades, sector privado y ciudadanos “para salvar vidas y arrebatarle a los delincuentes este mercado criminal que tantos recursos y poder les genera”.