Veintitrés familias de la Sierra Tarahumara cumplen 7 años de haber sido desplazadas forzadamente de sus comunidades. Tuvieron que huir y dejar sus hogares en El Manzano, municipio de Urachi, y Monterde, municipio de Guazaparez, ambas en el estado de Chihuahua. Las autoridades de los tres niveles de gobierno no han podido garantizarles un regreso seguro, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano medidas cautelares para varias de las personas afectadas.
Mediante un comunicado, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) informa que en 2014 las familias tuvieron que abandonar sus viviendas y propiedades, al salir con urgencia para salvar su vida. El gobierno estatal estaba cargo de César Duarte (2010-2016) y federal de Enrique Peña Nieto (2012-2012). Agrega que desde el 2015 han denunciado la violencia que se vive en la zona, donde el crimen organizado despoja tierras, siembra droga y tala ilegalmente.
En abril de 2015, la CIDH dictó las medidas cautelares a favor de personas de las comunidades. Lo anterior, ante la situación de gravedad y riesgo de sufrir un daño irreparable. A pesar de esta resolución internacional, “las medidas no han sido suficientes para garantizar su protección pues incluso tres personas han sido asesinadas pese a la existencia de las medidas, siendo el último de ellos Cruz Soto Caraveo en octubre de 2019”, señala Serapaz.
Ante la falta de respuesta adecuada, suficiente y oportuna por parte de las autoridades, en mayo 2021 las familias Girón promovieron un amparo para que se les garantizara vivienda, alimentos y otras necesidades básicas, además de que se protegiera el interés superior de la niñez y los bienes en la comunidad de origen.
En junio del mismo año se promovió la demanda de amparo por las familias Sánchez Lagarda y Soto Contreras, donde se les concedió la suspensión de plano, reconociendo así las graves omisiones a las que se han visto expuestas estas familias.
Serapaz señala que “las audiencias constitucionales durante las que se resolverá la procedencia de los amparos mencionados se llevarán a cabo los días 7 y 25 de octubre próximos; en donde deberán pronunciarse sobre: la reparación integral del daño, acceso a la justicia, condiciones de seguridad para el retorno a casa, medidas de restitución del patrimonio en las comunidades y medidas de no repetición; estas últimas ligadas al establecimiento de la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado Interno, regulación inexistente en la materia”.
Como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y otros estados, Chihuahua sobresale en el país por los cientos de personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado interno.
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