FGR analizará penalmente el caso de los refugios de Rosi Orozco

La Fiscalía General de la República será la encargada de determinar si existen delitos penales en el caso de las violaciones sexuales en contra de tres infantes víctimas de trata ocurridas en los refugios de Rosi Orozco, revela el nuevo expediente que la Secretaría de Seguridad federal entregó a Contralínea. También descubre que el Estado mexicano ya analiza operar directamente los albergues especializados en menores de edad víctimas de trata, con lo cual se abriría la posibilidad de que desaparezcan los privados

Quinta parte. Las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que realice un análisis penal que acompañe a la Recomendación 72/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que versa sobre el caso de los tres infantes víctimas del delito de trata de personas que fueron violados sexualmente, de manera reiterada, en los refugios de Rosa María de la Garza Ramírez –conocida como Rosi Orozco–, mismos que hasta el 10 de mayo pasado se encontraban operando fuera de la ley y tenían bajo su encargo a 21 menores en esas condiciones.

Así, de aceptar la invitación, será la FGR la que determine si existen responsabilidades penales de Rosi Orozco relativas a su proceder en los supuestos “refugios” de la asociación civil Comisión Unidos vs Trata, que han operado de forma ilegal y sin el personal ni las instalaciones adecuadas; así como de un tercer albergue de la Fundación Camino a Casa, se desprende del nuevo expediente sobre este caso que –por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador– la Secretaría de Seguridad entregó a Contralínea.

La intervención de la Fiscalía General de la República confirma que el tema de los refugios para víctimas de trata es del fuero federal, y por tanto las fiscalías del Estado de México y la Ciudad de México no tienen competencia en esta investigación, tal como lo explicó a Contralínea la abogada y fiscal capitalina, Ernestina Godoy, el pasado 25 de mayo.

No obstante, el mismo expediente señala que es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la que mantiene abierta la indagatoria de las responsabilidades atribuidas al personal de las organizaciones Comisión Unidos vs Trata y Fundación Camino a Casa, “y se encuentra recabando datos de prueba a fin de determinar las responsabilidades del refugio”. Con lo que se confirma que esa institución no ha turnado el caso a la FGR, pese a que no tiene jurisdicción.

Incluso se revela que, a pesar de que este caso es del fuero federal y que Contralínea lo documentó desde febrero de 2021, ni la Segob ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han presentado denuncia penal en contra de quien resulte responsable por esos hechos que han revictimizado a los menores de edad y a quienes, de acuerdo con la CNDH, diversas instancias de gobierno y servidores públicos les violaron sus derechos humanos.

En el caso de la Secretaría de Gobernación, esta omisión ha ocurrido a pesar de que la institución a cargo de Adán Augusto López coordina la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, misma que conoció de este caso desde el año pasado (cuando aún estaba encabezada por la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero) y sin que hiciera nada para obligar a los refugios a regularizarse o proceder a clausurarlos.

Estado se hará cargo de los refugios

El nuevo informe entregado a Contralínea también descubre que ambas secretarías federales proponen “la construcción y operación de albergues especializados para niños, niñas y adolescentes víctimas de trata operados por el Estado”. En los hechos, esto podría significar que los refugios de particulares –asociaciones privadas y de la sociedad civil– dejen de existir; que sea directamente el gobierno el que se haga cargo de esta protección tan especializada, y con ello se garantice por fin la obligación del Estado mexicano del llamado interés superior de la niñez.

Además, se indica que por este caso se ha instalado una mesa de trabajo permanente en la que participan las secretarías de Gobernación y Seguridad, así como el DIF nacional (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia), por tratarse de un asunto que ha implicado a cinco menores de edad víctimas del delito de trata de personas, tres de los cuales fueron, adicionalmente, víctimas de violencia sexual al interior de los refugios en 2020.

Asimismo, ambas secretarías se han comprometido a fortalecer el Registro Nacional de Víctimas. De este último punto se infiere que el objetivo es tener claridad del destino de las víctimas y un seguimiento puntual a sus casos, algo que no ocurrió respecto de todos los infantes que fueron entregados a los refugios de Rosi Orozco tanto por el DIF nacional como por DIF estatales y procuradurías de protección a menores locales, tal y como ha quedado demostrado en la Recomendación 72/2022 y en los reportajes de Contralínea.

Comisión Intersecretarial

Otro tema al que se refiere el expediente es el papel que juega la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación. Al respecto, se indica que, con base en el “Programa Nacional para el Fortalecimiento de los Albergues que brindan Asistencia a Víctimas de Trata de Personas en México” –que se opera en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)–, “se han realizado ‘visitas virtuales’ y cinco visitas presenciales” a los refugios de Rosi Orozco.

El objetivo de dichas inspecciones, se agrega, fue “conocer los mecanismos actuales de seguimiento de casos en refugios y albergues en donde se realizaron entrevistas a personal directivo, personal operativo y visitas guiadas a las instalaciones, a efecto de revisar su funcionamiento y operación”.

De acuerdo con la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, al menos en 2017 y 2018, el Programa MEXW64 que cita la Segob funcionaba con fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos, provistos a través de la Iniciativa Mérida. El acuerdo establecía que “la UNODC, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, implementarán un programa nacional para establecer las bases necesarias para la acreditación y certificación de albergues de trata de personas en México. El objetivo de este proyecto es establecer estándares técnicos, sostenibles y operativos para la gestión de refugios de trata de personas que conduzcan a una política pública coherente para la operación de este tipo de instalaciones en México. Este proyecto se ejecutará de acuerdo con la legislación mexicana y las normas internacionales y se centrará en garantizar el bienestar, la seguridad y la protección de las víctimas de trata de personas para su reintegración social y productiva en la sociedad, así como para garantizar la base de su colaboración voluntaria durante todo el proceso penal y judicial”.

Ni los informes más recientes ­de la UNODC –incluida una convocatoria con fecha límite para postulaciones del 19 de mayo de 2022– ni de la Segob refieren de dónde se obtiene el financiamiento, ahora que la Iniciativa Mérida ya no existe.

Lo que sí se detalla en el nuevo expediente en poder de Contralínea es que para dar continuidad a ese Programa de la ONODC, “se creó la Comisión de Seguimiento con el objetivo de fortalecer la capacidad de los albergues de trata de personas a través de un sistema estándar de gestión de casos”.

Añade que “el Proyecto de Albergues se integra de los siguientes elementos:

“1. Diagnóstico sobre la situación de los albergues y refugios que brindan asistencia a víctimas de Trata.

“2. Mecanismos de gestión de casos y campaña de comunicación.

“3. Dotación de infraestructura y equipamiento básico.

“4. Capacitación para albergues y refugios que garanticen la atención integral y promuevan la participación de las víctimas en el proceso judicial.

“5. Elaboración de estándares mínimos para la operación homologada de los refugios.”

Falencias de la Comisión de la Segob

Lo que es un hecho, es que la Comisión Intersecretarial de la Segob, el DIF nacional, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes e incluso el Programa de la UNODC fracasaron en el caso de los refugios de Rosi Orozco, pues a pesar de que la Comisión Unidos vs Trata se promocionaba públicamente para recibir donativos, y hacía campañas en medios y redes sociales donde presumía sus refugios, ninguna de esas autoridades supervisaron nunca los albergues donde ocurrieron las violaciones sexuales contra los tres infantes.

Jamás “se dieron por enterados” que los albergues operan desde su creación al margen de la ley, como se documentó tanto por la CNDH como por Contralínea. Ello, porque al menos hasta el 10 de mayo pasado no estaban inscritos ante la Secretaría de Gobernación, en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social.

La debilidad de la Comisión Intersecretarial no sólo queda en evidencia con el caso aún impune de Rosi Orozco, sino que desde 2017 había sido ventilada por la CNDH en su Análisis situacional de los derechos humanos en materia de trata de personas. En éste se señalaba que “la representación y participación de las dependencias y entidades que forman parte de la Comisión Intersecretarial es disímil y, por tanto, no se asegura una intervención integral al combate de la trata de personas. El nivel de intervención de las distintas instituciones responde, en muchos casos, al personal que se encuentra a cargo de la temática, más que a una definición y planeación institucional; además, es aún limitada o nula la participación de actores clave”.

Otra crítica de la CNDH era que, “además, a pesar de contar con este mecanismo, la vinculación y coordinación interinstitucional ha sido insuficiente, ya que la mayoría de las acciones que se reportan en el marco de la Comisión Intersecretarial responden a la programación de cada una de las instituciones y no a la planeación e instrumentación de una política de Estado. Si bien se han elaborado en el marco de dicha Comisión tres documentos orientadores: el Modelo de Asistencia y Protección a Víctimas del Delito de Trata de Personas, el Protocolo de Rescate y Atención a Víctimas del Delito de Trata de Personas y los Lineamientos Generales para la Construcción, Operación y Funcionamiento de Albergues, Refugios y Casas de Medio Camino, su difusión, institucionalización y sus resultados no han sido evaluados ni dados a conocer”.

La Comisión Nacional también observaba que faltaba “concreción en los proyectos que se plantean desde la Comisión Intersecretarial, tales como el Sistema Nacional de Información sobre Víctimas de Trata de Personas, que comenzó a trabajarse desde el año 2014”. De éste último no existen mayores datos que una referencia en el Primer informe de gobierno del presidente López Obrador, donde la Segob indica que, junto con el Instrumento de Recolección de Datos de los Grupos de Persecución, “registró modificaciones en las variables de parte de personal de la Organización Internacional para las Migraciones, el Instituto Nacional de Migración y la Embajada de Estados Unidos”.

De acuerdo con la CNDH, la Comisión Intersecretarial tiene por objeto definir y coordinar la instrumentación de una política de Estado en combate a la trata de personas; impulsar y coordinar en toda la República la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos de trata; inspeccionar y vigilar los programas, acciones y tareas; así como realizar la evaluación, rendición de cuentas y transparencia sin perjuicio de las atribuciones que en dichas materias correspondan a otras instancias, de conformidad con el artículo 84 de la Ley General contra la Trata.

Dicha Comisión está integrada por los titulares de las secretarías de Gobernación; Comunicaciones y Transportes; Relaciones Exteriores; Seguridad y Protección Ciudadana; del Trabajo y Previsión Social; Salud; Bienestar; Educación Pública; Turismo; así como de la Fiscalía General de la República; el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y los institutos Nacional de las Mujeres; Nacional de Migración; y Nacional de Ciencias Penales.