La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, confirmó que las indagatorias por las violaciones en contra de menores víctimas de trata ocurridas en los refugios de la panista Rosa María de la Garza Ramírez –conocida como Rosi Orozco– son del fuero federal. Consultada por Contralínea, indicó que ésa es la razón por la cual la Fiscalía a su cargo no tiene competencia para abrir carpetas de investigación al respecto. “Nosotros no tenemos denuncia alguna”, afirmó.

—¿No se ha abierto ninguna carpeta?

—Es que son del orden federal.

El pasado 11 de mayo, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, este semanario preguntó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, qué iba a hacer el gobierno federal respecto de este caso, toda vez que el Estado mexicano tiene responsabilidad sobre la tutela de los infantes víctimas de trata –albergados en los refugios de Orozco– por el llamado interés superior de la niñez, a lo que la secretaria de Estado respondió que el caso no estaba cerrado, porque había investigaciones en las fiscalías de justicia de la Ciudad de México y del Estado de México.

—La secretaria de Seguridad dijo que ya se había abierto una investigación al respecto, que usted estaba al pendiente y este es un tema que le interesa al presidente –se le preguntó a la fiscal Ernestina Godoy este miércoles 25 de mayo.

—Sí, sé que le interesa al presidente, y por eso busqué si tenía alguna denuncia. Si me la presentaron ayer, tal vez, pero hasta antier no tenía ninguna denuncia.

—¿No se va a seguir por oficio?

—No, porque es una cosa federal, son refugios federales.

—Los delitos se cometieron en Cuajimalpa

—Pero son refugios federales, hasta donde sé hay denuncias en la Fiscalía General de la República –indicó la abogada Godoy.

El pasado 11 de mayo, la secretaria Rosa Icela Rodríguez aseguró que “las carpetas de investigación que están radicadas en el Estado de México y también en la Ciudad de México aún están abiertas. Todavía faltan varios pasos en el proceso de judicialización y que aún la fiscalía y los jueces tienen varios procesos abiertos. Entonces, todavía no está dicha la última palabra, nosotros estamos esperando esa parte digamos del propio proceso judicial”.

Sobre este tema, en su Recomendación 72/2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano tiene responsabilidad en este caso por el interés superior de la niñez; documentó que, por diversas negligencias, cuatro instituciones –entre las que destaca la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes– son corresponsables de las violaciones sexuales contra los infantes; y que 16 autoridades federales y estatales violaron los derechos humanos de cinco menores víctimas e, incluso, incurrieron en falsedad de declaraciones para proteger a Rosi Orozco, por lo que estos casos se mantienen impunes hasta la fecha.

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