La sustracción de medicamentos de hospitales y centros de salud públicos para su venta fuera de estas instituciones es una de las prácticas que el gobierno de México busca combatir mediante la identificación de fármacos gratuitos y herramientas digitales de seguimiento, informó Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica.
El funcionario aclaró que estas irregularidades no responsabilizan al personal médico y de enfermería en general. Señaló que hay casos documentados y otros que requieren una investigación más detallada sobre el presunto desvío de insumos hacia puntos de venta, incluso en las inmediaciones de las unidades médicas.
Clark García Dobarganes explicó que una de las medidas implementadas consiste en identificar con mayor claridad los medicamentos que el Estado entrega gratuitamente a la población. Para ello, indicó, se incorporó en los empaques la leyenda “La salud es un derecho, medicamento gratuito”, acompañada del distintivo del gobierno de México.
El objetivo es que los pacientes reconozcan los productos destinados al suministro público y sepan que deben recibirlos sin costo. Esta identificación también busca facilitar la detección de posibles casos de comercialización irregular.
El subsecretario pidió a la población denunciar cuando encuentre estos productos a la venta en tianguis o farmacias privadas, pues su presencia en esos establecimientos puede ser indicio de un desvío. Explicó que el etiquetado busca dificultar la comercialización irregular de los insumos destinados a la atención gratuita.
Como segunda medida, señaló que se trabaja en la transformación digital del sistema de salud para establecer mecanismos de trazabilidad, es decir, de seguimiento del origen, lote y recorrido de los fármacos.
El propósito es identificar de dónde proviene cada producto y a qué unidad médica fue enviado. En los tratamientos de alto costo, se busca registrar incluso a qué paciente se entregó cada caja.
El funcionario destacó la importancia de ese control ante la existencia, según señaló, de medicamentos cuyo precio supera los 200 mil pesos por caja. La trazabilidad permitiría detectar posibles irregularidades si éstos aparecieran a la venta fuera de las instituciones a las que fueron destinados.
Ambas medidas, sostuvo, buscan impedir que los insumos adquiridos con recursos públicos sean desviados para su comercialización y garantizar que lleguen a los pacientes de manera gratuita.
