En materia de política exterior, México descuidó su relación con América Latina. Uno de los saldos negativos en esta materia lo constituye el secuestro de al menos 100 mil migrantes, entre 2008 y 2012. Este ilícito afectó lo mismo a hombres que a mujeres, ancianos, ancianas, niños y niñas.
La mayoría fue víctima del crimen organizado y permaneció un tiempo prolongado en casas de seguridad.
La cifra fue dada a conocer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, y la Casa del Migrante de Saltillo 6 meses antes de que concluyera el sexenio de Felipe Calderón, en el documento Cuaderno sobre secuestro de migrantes. Dimensión, contexto y testimonio de la experiencia de la migración en tránsito por México.
“El secuestro a migrantes es un delito sistemático y generalizado porque es una de las actividades más redituables para el crimen organizado en México. Debido a la capacidad de permear instituciones gubernamentales y comunidades enteras, el escenario de la comisión de secuestros se encuentra desplegado en toda la ruta del tránsito migratorio”, explica el documento.
También menciona que, insertos en un contexto de guerra en México, el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado no sólo se da entre migrantes víctimas de secuestro, sino también entre jóvenes de comunidades urbanas y rurales que quedan bajo el control económico, social y político de grupos violentos.
“Otro delito derivado del secuestro es la trata de personas: en su mayoría son mujeres explotadas sexual y laboralmente. Muchas son secuestradas y cruzan México a través de una larga cadena de bares, cantinas y otros lugares en los que se ejerce la explotación sexual en sus modalidades de prostitución forzada, explotación sexual comercial, pornografía y turismo sexual. Otras son obligadas a ser cocineras o encargadas de limpieza en las casas de seguridad de los grupos de la delincuencia organizada.”
Andrea González, coordinadora del albergue para migrantes Hermano San José, señala que durante el mandato de Calderón faltó crear una política migratoria con perspectiva de derechos humanos, en la cual se respetaran los acuerdos, tratados y leyes nacionales, regionales e internacionales firmados y ratificados por México en materia migratoria.
También considera que con el gobierno de Enrique Peña Nieto se espera un endurecimiento en las políticas migratorias: sellamiento en la frontera Sur, criminalización de los migrantes que transitan en el país y de defensores de derechos humanos. Pone como ejemplo el nombramiento de Ardelio Vargas Fosado, como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).
El funcionario fue agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) adscrito en Chiapas y Oaxaca entre 1994 y 2000. Al inicio de la administración de Vicente Fox fue nombrado director de Investigación y Seguridad del Cisen. Entre 2005 y 2006 fue jefe del Estado Mayor de la entonces Policía Federal Preventiva; y entre 2006 y 2007 se destacó como comisionado de dicha institución.
Es señalado como orquestador de las represiones en Atenco y Oaxaca en 2006, y de usar la fuerza contra las manifestaciones sociales en Puebla cuando era secretario de Seguridad Pública en ese estado. Además, el titular del INM tiene abierta una investigación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Atenco.
En materia de migración, la relación con Estados Unidos tampoco es del todo positiva. En sus primeros 4 años de gobierno, Barack Obama impulsó la deportación de 1 mil 600 personas, de las cuales un número importante correspondió a mexicanos. No obstante, a finales de enero pasado presentó una propuesta de reforma migratoria que brinde la naturalización a migrantes sin documentos, toda vez que se sometan a revisiones de seguridad nacional y prontuario policial, paguen impuestos y una multa, ingresen una solicitud y aprendan inglés. La medida podría beneficiar a 11 millones de indocumentados.
Otra propuesta también se discute al respecto. La iniciativa de ocho senadores estadunidenses condiciona la naturalización al mejoramiento de la seguridad en la frontera Sur. Los poderes Ejecutivo y Legislativo esperan concretar un proyecto de ley en no más de 2 meses.
En México, Calderón sólo promulgó una ley migratoria en mayo de 2011, debido a la “situación de alta vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes:
“El gobierno mexicano está haciendo lo que durante mucho tiempo le hemos pedido a Estados Unidos. Esta ley favorece la migración de una manera más ordenada y segura”, destacó el expresidente.
También mencionó que se trata de una legislación de avanzada que privilegia el respeto a los derechos humanos y que parte de la dignidad humana del migrante, independientemente de su país de origen.
Guadalupe Correa Cabrera, investigadora de la Universidad de Texas, en Brownsville, señala que es importante que no se criminalice la migración indocumentada, pero habría que analizar la efectividad de la ley migratoria.
“Se tiene una reforma en papel, pero el sistema judicial no funciona: no hay ningún funcionario del INM o de alto nivel que haya dado respuesta a las quejas y a las violaciones de derechos humanos que han sufrido los migrantes. El problema de seguridad en el que se encuentran los migrantes ha involucrado a funcionarios de los tres niveles y nadie ha sido llamado para aclarar las cosas”.
—¿Hubo una falta de voluntad en el sexenio pasado para consignar a los funcionarios vinculados con los secuestros?
—Hubo una falta de capacidad y de voluntad política. Se tenía conocimiento de los funcionarios responsables y no se hizo nada. ¿Cómo va a funcionar una ley migratoria si no se respeta el estado de derecho desde las instituciones?
—¿Cómo se percibe el nuevo sexenio en esta materia?
—Se percibe continuidad. Es un problema que involucra gente de otras nacionalidades que están en una situación de riesgo extrema, pero el gobierno de Peña Nieto, en sus primeros 2 meses, no se le ha dedicado atención importante al problema. Se habla de desarrollo económico, comercio exterior, reforma energética, pero no de migración.
La investigadora explica que no se ha presentado ningún plan integral para atacar y erradicar la problemática. El tema de la migración no existe en la agenda del presidente.
Además de Vargas Fosado, otro puesto clave en la política exterior mexicana es ocupado por un exintegrante del Cisen: se trata de Eduardo Medina Mora, nuevo embajador de México en Estados Unidos.
Entre 2000 y 2005, Medina Mora fue el director del Centro; en 2006 se le designó como procurador General de la República, en 2009 llegó a Reino Unido como embajador, y el 9 de enero pasado fue ubicado en la embajada más importante para nuestro país. Entre sus funciones está velar por el bienestar de los más de 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos (de acuerdo con el censo federal de 2010 de aquel país).
El 9 de enero pasado, día que tomó protesta Medina Mora como embajador de México en Estados Unidos ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Ricardo Monreal, del Partido Movimiento Ciudadano, señaló que su nombramiento hace suponer que la “desastrosa” política exterior mexicana no va a variar, y se van a seguir defendiendo los intereses del vecino del Norte.
“Tenemos una política exterior mediocre, timorata, gris, subordinada y, ahora, burocratizada, politizada y llena de tecnócratas, como lo es el actual secretario de Relaciones Exteriores [José Antonio Meade].”
El diputado dijo que con Medina Mora se trabajarán temas como “el de la seguridad fronteriza, el del terrorismo, el de cómo México se convierte en un gran guardián y policía que permita o que impida el paso de compañeros, de hermanos de otros países del Sur”.
Y por otro lado “se abandonarán los temas torales que debieran interesarnos: migración, cooperación para el desarrollo, protección de derechos humanos, y la no intervención e injerencia de cuerpos policiacos y agentes internacionales en nuestro país, cuya presencia es inconstitucional”.
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Fuente: Contralínea 325 / marzo 2013
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