Fracasó el intento del Grupo México de acordar con el gobierno federal una reducción de sus obligaciones, respecto de la contaminación del Río Sonora y el Río Bacanuchi, y que se retirara la denuncia penal en su contra, interpuesta en agosto de 2023 por la Semarnat. El mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al magnate Germán Larrea es que pague por los daños causados por el derrame de 40 mil m3 de sulfato de cobre acidulado en los afluentes, ocurrido en agosto de 2014. Por ello, la empresa estará obligada a dragar los ríos, con el objetivo de retirar los sedimentos contaminados con metales pesados; instalar al menos 30 plantas potabilizadoras; concluir la construcción del hospital y de un centro toxicológico, para atender a las comunidades afectadas; y pagar los exámenes y el seguimiento clínicos de al menos 24 mil personas que habitan en la región

En semanas pasadas, el magnate Germán Larrea –segundo hombre más rico de México– presentó una propuesta al gobierno federal para reducir sus obligaciones respecto de la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, con miras a que se retirara la denuncia penal contra tres filiales del Grupo México –Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre, y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras–, que interpuso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en octubre de 2023, y que sigue abierta.

A diferencia de lo ocurrido en el sexenio de Enrique Peña Nieto –cuando en 2017 logró que se extinguiera el fideicomiso del Río Sonora, y con ello, quedó exento de atender la crisis sanitaria–, ahora, su propuesta fue rechazada de forma tajante, por no cubrir todas las responsabilidades relacionadas con la contaminación de los afluentes, que siguen presentando sulfato de cobre acidulado, hierro, aluminio, cadmio, cromo, magnesio, plomo, arsénico y vanadio, considerados metales pesados que dañan gravemente la salud de seres humanos, flora y fauna, y que además de afectar el agua, también contaminan el aire.

La propuesta de Larrea Mota Velasco tenía por objeto pagar sólo una parte de la remediación ambiental, y que el resto lo sufragara el gobierno federal. Tras considerar que eso no soluciona integralmente una crisis sanitaria y medioambiental que data de hace casi 11 años, la presidenta Claudia Sheinbaum le mandó decir –primero, en privado; y, ahora, en público– que debe saldar todos los daños causados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, ocurrido el 6 agosto de 2014, por negligencias atribuibles a las empresas.

El rompimiento del diálogo en los términos que pretendía el magnate Germán Larrea quedó expuesto el pasado 5 de junio, cuando en su conferencia matutina, la primera mandataria señaló que su gobierno hace suyas todas las demandas de las comunidades afectadas para exigirle a Grupo México que cumpla: “todo lo que han pedido las comunidades lo hacemos nuestro para poder exigírselo a la empresa”.

Al respecto, lo que exige el gobierno federal a Larrea es que se drague todo el Río Sonora y el Río Bacanuchi, para retirar los sedimentos contaminados con metales pesados y someterlos a un primer manejo de residuos altamente tóxicos, por medio de contenedores; instalar al menos 30 plantas potabilizadoras, y pagar su operación y mantenimiento, para poder dotar de agua limpia a las comunidades aledañas; concluir la construcción del hospital y de un centro toxicológico, y pagar los exámenes de laboratorio de al menos 24 mil personas expuestas, durante 11 años, a los tóxicos de sus empresas, así como su seguimiento clínico.

El pasado 5 de junio, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló públicamente que la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, trabaja de manera muy intensa con las comunidades afectadas por la contaminación minera del Grupo México, con la que se mantiene un litigio. “El objetivo es retomar las obligaciones de la empresa para poder limpiar [el afluente], garantizar su limpieza, darle seguimiento a las enfermedades de la población, tener todas las plantas potabilizadoras, etcétera, etcétera”.

La titular del Ejecutivo federal agregó que se debe resolver el tema de fondo y que las comunidades estén de acuerdo, “porque se sigue arrastrando el litigio, y el objetivo final es que haya un río limpio y que haya seguimiento epidemiológico, y que se cumpla con todas las medidas que debe cumplir la empresa: […] que se termine el hospital, que esté funcionando el hospital, que haya vigilancia epidemiológica, etcétera, etcétera, todo lo que han pedido las comunidades lo hacemos nuestro para poder exigírselo a la empresa, y estar cerca de las comunidades para que realmente se cumpla todo aquello que piden las comunidades”.

Sheinbaum Pardo advirtió que todas las acciones en la región afectada “tiene que pagarlo la empresa, todo esto tiene que pagarlo la empresa. Entonces, se está trabajando para ver exactamente todo, y después, en comunicación con la empresa, para que acuerden un convenio en donde las comunidades también estén de acuerdo. Y ahí ya vendrán los tiempos [para que se cumpla cada uno de los objetivos]”.

Acerca de la posible cancelación de operaciones del Grupo México, si es que llegara a incumplir con todas estas obligaciones, la presidenta de la República indicó: “lo que estamos buscando es que cumpla, no que no cumpla. Entonces, por eso es este trabajo integral que se está haciendo, buscando que se cumpla”.

Por su parte, la secretaria Alicia Bárcena Ibarra indicó que la última reunión con las comunidades se realizó el 20 de mayo pasado, en Hermosillo, Sonora, y que también participó el gobernador Alfonso Durazo. Agregó que se busca resolver tres cosas: “uno, salud: que se complete el hospital, que haya un centro toxicológico; que les hagan exámenes a toda la población, a todos, 24 mil personas, y que haya seguimiento.

“Segundo, agua: 20, 30 plantas potabilizadoras. En este momento está el IMTA allá, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, resolviendo un problema que tuvieron con una potabilizadora, pero queremos que se les instalen 30, que se resuelva el problema del agua de estas comunidades.

“Y tercero, el saneamiento, que significa realmente sacar los sedimentos del río, porque con la lluvia se da toda la vuelta, los sedimentos de metales pesados, de todos los residuos, de realmente de la empresa, de aquella explosión, de aquel derrame que hubo de cobre en 2014, y poderlo depositar en sitios realmente que tengan las capacidades para estar totalmente aislados.”

La titular de la Semarnat agregó que, en el caso de la contaminación de los afluentes, “se trata de dragar el río y sacar todo el sedimento, todo este contenido de cobre, de cadmio, bueno, de plomo. Hay muchos metales ahí. Y ponerlos en contenedores, que estén aislados. Ya tenemos toda la metodología lista, ya sabemos cuánto cuesta, y estamos nada más pendientes de estar de la mano de las comunidades, que ya sepan en cada kilómetro del río qué necesitamos hacer”.

El litigio

El 17 de agosto de 2023, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –por medio de la Semarnat– interpuso una denuncia penal contra tres filiales del Grupo México –Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre, y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras–, por su probable responsabilidad en actos y omisiones en delitos ambientales “de carácter permanente”.  Ello, porque se considera que ese derrame tóxico es “el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México, que afectó a 22 mil habitantes de ocho municipios”.

La acusación penal también señala “conductas activas y omisivas” tendientes a excusar al Grupo México, atribuibles a servidores públicos del sexenio de Peña Nieto, por lo que se consideran crímenes de carácter continuado, es decir, que no prescriben, pues con este derrame masivo de lixiviados se produjo la destrucción de ecosistemas.

De acuerdo con los reportes de la Semarnat que dieron origen al litigio, el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en un afluente del Río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014, no fue un accidente, fue negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas Tinajas 1.

En 2023, la Semarnat, a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, concluyó el Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora –que incluye evidencia técnico-científica– sobre la contaminación en agua, aire, flora y fauna, así como metales pesados por encima de la norma.

Entre los resultados de los muestreos de sedimentos, agua superficial y suelo se encontró que las altas concentraciones de metales encontradas en ellos están asociadas con la actividad minera y el derrame de 2014. En el caso de la presencia de metales en agua superficial, se determinó que rebasan el límite establecido para los criterios ecológicos como fuente de abastecimiento de agua potable.

Otro hallazgo se refiere a la presencia de mercurio en agua y sedimentos del río que es muy significativa, pues este metal no se encuentra de forma natural en la geología de la zona.

Además, se tienen resultados relacionados con daños en artrópodos y, específicamente, polinizadores que reflejan cómo se pierde la biodiversidad conforme se reduce la distancia con respecto al sitio del derrame y al polígono de la mina.

Con esos resultados, el 17 de agosto de 2023, la Semarnat presentó ante la Fiscalía General de la República en Sonora, denuncia penal en contra de Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre, Operadora de Minas e Instalaciones Mineras y/o quienes derivado de los actos de investigación resulten responsables por el derrame de 40 mil m3 de sulfato de cobre acidulado, hierro, aluminio, cadmio, cromo, magnesio, plomo, arsénico y vanadio en los afluentes que se conectan con el Río Sonora.

En dicha denuncia, la Semarnat afirmó que, el 24 de mayo de 2023, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la Semarnat determinó que no se dio cumplimiento a los Programas de Remediación presentados por Grupo México y que persisten los daños a los recursos naturales.

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