Guerra de poderes en México

Ciudad de México, México. La desastrosa relación de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) –encabezada por Norma Piña– y el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, puede resumirse en una lacónica frase del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Él lo sintetiza así: La ineficacia del Poder Judicial continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la violencia. Ya que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo en el país.

Éso se acaba de demostrar con la absolución del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, de cargos evidentes por su implicación directa en el crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Cumple 92 años de prisión por secuestro y asesinato y el reintegro de dinero malversado a la esposa del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien está concluso para sentencia en Estados Unidos por su alianza con el Cartel de Sinaloa.

Aunque bochornoso, son apenas botones de muestra de cómo andan mal las cosas en el Poder Judicial de México. País, donde la derecha se abroquela tras una maleza de recursos leguleyos –creados durante años– para esconder y proteger a los corruptos y mantenerlos en el poder.

Lo más grave de todo es lo que recientemente el presidente López Obrador denunció: el Poder Judicial pretende neutralizar al Ejecutivo con fallos como el que frena la tala y desmonte para construir el Tren Maya. Cancelar un poder sería un golpe de Estado técnico, acusó.

Intentos de frenar obras estratégicas

Hay una prueba documental que podría corroborar la afirmación del primer mandatario. La magistrada Piña votó a favor sólo de dos de los decretos e iniciativas de más de una veintena aprobados por el Congreso. Casi a todos los rechazó y lo sigue haciendo.

Impedir la tala de árboles es frenar las obras del Tren Maya en varios tramos, en los cuales no hay otra posibilidad para poder tender la vía férrea. Y se ajusta –como anillo al dedo– a la decisión anterior de la SCJN: invalidar el decreto que declara de interés y seguridad nacional las obras estratégicas para la economía del país y el bienestar social.

Entre éstas –que son muchas– se incluyen –además del Tren Maya–, el corredor interoceánico para unir los puertos del Pacífico con los del Atlántico, la refinería de petróleo Olmeca en Dos Bocas, las dos plantas de coquización y todas las de infraestructura. Igualmente, se insertan las que están en proyecto –incluso dentro del Tratado de Libre Comercio T-MEC– particularmente con Estados Unidos en Sonora con el campo fotovoltaico más grande de América Latina ––de casi 400 mil paneles solares–.

La SCJN llegó al extremo de incluir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en su resolución de anulación. Sólo con la intención de declararlo obra ilegal, aunque ya esté concluido y en operaciones hace meses.

Esa actitud obligó al Ejecutivo a presentar otro decreto similar al derogado por los magistrados de Piña. Ésto –según versiones de prensa– fue motivo de una presentación de amparo por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo inoperante que el gobierno no ha podido eliminar por carecer de mayoría calificada en el Congreso.

El INAI y la SCJN son las banderas que retoman la oposición política y financiera, cuya cabeza visible es el empresario Claudio X González. Ello con el fin de mantener en las calles marchas y manifestaciones contra el gobierno, encubiertas en una supuesta defensa de ambas instituciones.

Época de intensa campaña electoral

Ya en época de intensa campaña electoral, aun cuando todavía falta tiempo –los comicios generales son en julio del próximo año–. La oposición política busca de forma desesperada recomponer su dividido terreno partidista por la inocultable falta de liderazgo de los dos más decisivos para ellos: Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI); este último muy venido a menos.

Su tercer acompañante, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es una entelequia. Ni siquiera una sombra de lo que fue en épocas de su fundación –1989– por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Andrés Manuel López Obrador, Heberto Castillo y Gilberto Rincón, entre muchos otros.

El mayor desastre lo escenifica el PRI que cede terreno al PAN. Algo inaudito y jamás imaginado por el general Lázaro Cárdenas, quien vio nacer esta organización política con el propósito de descabezar a su partido y desnacionalizar el petróleo. Ésta es la gran hazaña histórica de esa agrupación, surgida casi al calor de la Revolución mexicana.

Sin embargo, es improbable que la SCJN logre sus propósitos. Para el gobierno, las obras están sujetas a leyes, avaladas por el Poder Legislativo. Además, están amparadas por la Constitución, según respondió López Obrador. Añadió que “no van a poder porque, de acuerdo con la Constitución, con las leyes, tenemos el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo”. No se van a poder cancelar.

Sin embargo, la oposición partidista fue mucho más allá al tratar de convertir ese impacto de Estado técnico en un “golpe blando” como los organizados en otros países en contubernio con el Poder Judicial. Ésta es la instancia que crea las condiciones –supuestamente legales– para avalar lo que se cocine en los parlamentos cuando los gobiernos no cuentan con la mayoría calificada para tomar decisiones.

López Obrador reveló que un senador del PAN –muy cercano al pensamiento fascista–, Julen Rementería, presentó una iniciativa para que la SCJN lo destituyera del cargo de presidente de la República. Pero, al darse cuenta de la barbaridad cometida, la retiró y echó la culpa a sus asesores.

Posiciones bien definidas

De todo este intríngulis, queda claro que las discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial son antagónicas e irreconciliables. Ya no hay lugar –como hasta hace unos meses– para a la simulación. Con la magistrada Norma Piña, el choque es frontal y las posiciones están bien definidas. Hay, además, una escalada por parte de la SCJN.

Al mismo tiempo, los magistrados saben que su futuro depende de las elecciones generales de 2024. Los 8 de los once ministros harán todo lo que esté a su alcance, junto con la directiva del INAI con la que trabajan por debajo de la mesa.

El propósito es que la coalición Juntos Haremos Historia –encabezada por Morena de López Obrador– pierda en las urnas. No es fácil que ese sueño en una noche de verano se convierta en realidad. Las encuestas realizadas –incluso por los propios partidos opositores– siguen dando como nuevo presidente de México a cualquiera de los cuatro precandidatos actuales que representan a la coalición.

Ellos son la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum; el canciller, Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el jefe de la Junta de Coordinación del Senado, Ricardo Monreal. Ninguno de los más de cuarenta aspirantes del resto de los partidos aparece como una amenaza para cualquiera de ellos.

Por lo tanto, en el caso de la coalición oficialista, el objetivo está no solamente en retener la presidencia de la nación –incluida la gobernación de Ciudad de México–, sino también, lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados –334 escaños– y del Senado –92–. Todo ello para poder realizar las reformas constitucionales en espera, las cuales son muchas. López Obrador da por descontado que cualquiera de sus cuatro compañeros las ejecutará.