Tegucigalpa, Honduras. En Latinoamérica, las guerras de la derecha se libran –en gran medida– en la mente de las personas. En particular, de aquellas que todavía piensan que son parte de la clase privilegiada, aunque poco a poco el neoliberalismo los va haciendo perder poder adquisitivo.

Como sea, las puntas de lanza de las operaciones psicológicas están en los medios de comunicación y las redes sociales. Es así que el gobierno progresista de la presidenta Xiomara Castro ha sido objeto de un fuego incesante desde el mismo día que inició su gestión. En Honduras, los medios de comunicación privados constituyen el 98 por ciento de la prensa. La granjas de trolls y bots –creadas desde el narco régimen del Partido Nacional de Juan Orlando Hernández– ocupan un enorme espacio, el cual cuenta con el apoyo decidido de las comunidades más virulentas de la derecha de Estados Unidos.

Por esa razón, por ejemplo, es casi imposible lograr que una red social como Twitter desactive una cuenta falsa a nombre del gobierno de Honduras. Durante las últimas semanas, la administración actual ha emprendido una lucha por cambiar las reglas del juego en materia tributaria. Básicamente, la idea es terminar con los regímenes especiales que exoneraron del pago de impuestos a un pequeño grupo de empresarios en los últimos cincuenta años.

Gracias a ese sistema, cuestiones tan disímiles como comidas rápidas, medios de comunicación, generadoras de energía por medio de combustibles fósiles y hasta empresas de narcotraficantes pudieron florecer. Mientras se aceleraba el crecimiento de la miseria y la desigualdad. Frente a la opinión pública, ésta es una batalla ganada por el gobierno, a pesar de una costosa campaña de las élites, las cuales abarcan al sector político de la derecha. Están empeñados en cumplir su tarea de evitar que los más ricos pierdan sus privilegios y deban competir con una inmensa cantidad de empresas que no sólo pagan impuestos, sino también, pagan tasas más altas por los préstamos de la banca local.

Fundamentalmente, para que un pequeño emprendedor obtenga un préstamo debe demostrar que no necesita el dinero. No hay nada más lejano a la panacea del libre mercado que lo que está sucediendo en el país. Los ricos se hacen ricos saqueando a los pobres. El otro tema álgido es el ingreso de Honduras a la Comunidad Andina de Fomento –CAF–, el cual debe ser ratificado por el Congreso Nacional con predominio de la derecha –desde la oportunista hasta la fascista–.

El punto aquí es no ratificar la adhesión para evitar que el gobierno acceda a nuevas fuentes de financiamiento. Si vemos el panorama completo, el propósito es evitar el acceso a fondos y el reordenamiento de las finanzas. Ésto ayudaría a soportar la carga de la deuda social, acumulada tras doce años post golpe de Estado.

En el contexto actual, los pasos que da el gobierno de la presidenta Xiomara Castro tienden a favorecer a las mayorías. Las matrices de opinión pública –al menos las regulares– son insuficientes para convencer a la población que es buena idea seguir manteniendo un sistema parasitario. Éste ha destruido el capital del país en nombre de la competitividad.

Con una población económicamente activa de 4 millones de personas, el 5 por ciento más rico apenas genera el 6 por ciento de los puestos de trabajo. Además, es a este sector, al cual se le debe la mayor construcción de corrupción. Sólo a finales de 2021 –después de que la derecha perdiera las elecciones–, el Congreso saliente aprobó 4 nuevos regímenes de privilegios para las mismas veinticinco familias.

El gobierno de la República ha dado pasos gigantescos –algunos de ellos, históricos–. Hasta hace poco, eran impensables. Como la apertura de relaciones diplomáticas con China. De ellas, se esperan acuerdos provechosos dentro del marco del más absoluto respeto.

Aunque, mantiene algunas dificultades; principalmente, en Educación y en Salud. La actual administración tiene programas de alivio para la crisis que proviene del tránsito mundial hacia la multipolaridad y la desastrosa herencia, encontrada de los doce años más aciagos en la historia nacional.

Incapaces de lograr un balance favorable en la opinión pública, las élites –estimuladas por sectores políticos estadunidenses– activaron voceros con una campaña de múltiples direcciones. La parte más significativa ha sido la presentación del Consejo Nacional Anticorrupción –organismo no gubernamental, financiado con fondos del Estado y controlado por Estados Unidos– de un seudo informe sobre “Nepotismo y Exceso de Concentración de Poder”.

En medio de un show de luces tipo Disneylandia, se ha hecho un despliegue propagandístico contra el gobierno. Ello sin presentar ni un sólo caso de corrupción concreto bajo la premisa de que el nepotismo lo produce. Afloran los enemigos –tanto fuera como dentro del gobierno–, quienes pretenden echar una capa de cieno sobre los funcionarios públicos. Activados al unísono en lo que –a todas luces– es una operación psicológica para desplazar de la discusión nacional el problema fundamental de los privilegios de la clase dominante y la complicidad de la derecha en esa relación desigual. Pero, sobre todo, la lucha de clases implícita en este proceso.

Vale la pena señalar que no habían existido casos con indicios de corrupción hasta que aparecieron audios de una funcionaria, los cuales dejan poco a la imaginación y señalan corrupción en la Dinaf –ente encargado de tratar los temas de la niñez– en la misma semana de la operación psicológica.

La cuestión de la concentración de poder omite un hecho inescrutable: el poder es la capacidad de una clase de imponer sus intereses, incluso por la fuerza si es necesario. Ese poder en Honduras lo siguen ostentando las élites con el apoyo firme de Estados Unidos.

Sin embargo, a este gobierno se le acusa de ser intolerante y no respetar la libertad de expresión. Aunque, cada periodista a sueldo de la derecha despotrica en su contra; incluso irrespeta a la presidenta –a cualquier hora del día–. Ésto sin que se les haya coartado de forma alguna la inmensa masa de calumnias y embustes, con los cuales sabotean todos los días. Siendo un gobierno popular –a pesar de obtener una victoria aplastante en las pasadas elecciones presidenciales–, es acertado decir que se encuentra en una batalla desigual. La clase dominante está tratando de generar condiciones de descontento entre la población, quizá con el ánimo de provocar un movimiento tipo revolución de colores.

Hasta la fecha, sin embargo, su base de apoyo social sigue siendo muy mala. Depende más de las fake news, memes o montajes mal hechos. La misión fundamental de las comunicaciones del gobierno debe ser llegar con la verdad a las mayorías. Deben entender que estamos en una lucha de verdad por el poder. Quienes nos ahogaron en la pobreza impensable cuentan con una infinidad de recursos. No tienen escrúpulos para mentir, robar o matar. Así nos lo enseña la historia: vimos ésto mismo en otros lugares del mundo.

Nos acusan de polarizar como si los pobres vivieran felices de estar fregados toda su vida. No hay que olvidar que el único campo de consenso –aceptado por la oligarquía– es aquel, en el cual la clase trabajadora acepta firmar la rendición incondicional que favorece y aumenta los ya obscenos privilegios.

Hoy, estamos frente a una operación psicológica tipo cortina de humo. Sin embargo, la consigna sigue siendo que paguemos impuestos, que quienes más ganan, paguen más. El que pretende distraernos de esa verdad es nuestro enemigo.

Ricardo Arturo Salgado/Prensa Latina*

*Secretaría de Planificación Estratégica

Te puede interesar: Honduras, una década de golpes e inestabilidad