Podría iniciarse una estrategia penal por el presunto delito de hostigamiento sexual (educativo -laboral) en el caso de un asistente artístico del Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), indica un análisis provisional de la organización Humanismo & Legalidad.

Lo anterior, al tener en cuenta la relación jerárquica de supra-subordinación existente entre el señalado [Rafael N] y la exbailarina Samantha Nevárez. Además, podría considerarse como agravante la calidad de servidor público del exasistente artístico, quien laboró hasta diciembre de 2020 en el INBAL.

Para ello debe contarse con el mayor número de elementos y pruebas posibles para acreditar la existencia de la conducta atribuida a Rafael N. Y es que los testimonios difícilmente “pueden ser valorados como pruebas objetivas en el sistema tradicional mexicano de valoración probatoria”.

La organización civil dice que el obstáculo a enfrentar por quien realiza la investigación es “la imposibilidad de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo denunciado”. Los elementos advertidos son necesarios para probar la comisión de los hechos delictivos. Es por ello que las periciales psicológicas son las técnicas más empleadas en situaciones como la enfrentada por la bailarina Samantha Nevárez.

Sobre las periciales psicológicas, el perito independiente en materia de antropología y psicología social Mauricio González González advierte que esta disciplina lo que buscaría es “algo del orden de la perversidad” y no necesariamente una relación perversa que se volvió un modus operandi en donde el exceso se privilegia. Ello dificulta el resultado de las periciales, ya que “sólo los enfermos harían ese tipo de excesos, mientras que para el psicoanálisis cualquier persona está en condición de hacerlo si hay una posición en la que se considere la subjetividad del otro”.

Lo recomendable es realizar un peritaje psicosocial, señala el experto, en el cual se contemplen las versiones de quienes pudieron constatar los agravios y las consecuencias tenidas en la vida de la persona. “El problema es que no es tan legible bajo la mirada de una sola persona. Las palabras incómodas son palabras que suenan excesivas, pero queda ahí”.

Humanismo & Legalidad comenta a Contralínea que para poder realizar una opinión más efectiva sería necesario conocer el expediente del proceso llevado ante el CEPCI de la institución cultural. Pues aunque hay un procedimiento administrativo, “el análisis probatorio realizado por la vía legal tiene la misma naturaleza”.

No obstante, la organización civil dirigida por la abogada Norma Bautista Romero, indica la posibilidad de otras vías de acción en el conflicto: continuar con el abordaje administrativo mediante la presentación de una queja por discriminación ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por razones de género. Queja que es viable y pronta, con el fin de obtener una recomendación.