El gobierno federal detectó inconsistencias por 8 mil 824 millones de litros de combustibles durante 2025, equivalentes a una posible evasión de 61 mil 785 millones de pesos en impuestos. Las comercializadoras concentraron el 72 por ciento de las diferencias identificadas mediante el cruce de información de 16 instituciones. Para combatir el huachicol fiscal, las autoridades reforzaron la vigilancia aduanera, impusieron sanciones y buscan ampliar la trazabilidad de los hidrocarburos, en un mercado cuya apertura a particulares se impulsó con la reforma energética de 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el respaldo del PRI y el PAN

El gobierno federal detectó inconsistencias por 8 mil 824 millones de litros de combustibles durante 2025, equivalentes a unos 61 mil 785 millones de pesos en impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) no registrado, informó la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, durante la conferencia matutina del 21 de octubre.

Las diferencias surgieron del cruce de datos de 16 instituciones, que permitió contrastar lo que las empresas declararon comprar, transportar, facturar y vender a lo largo de la cadena de suministro.

Durante la conferencia presidencial, el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, expuso los resultados de las medidas para cerrar espacios al comercio ilícito: mayores volúmenes declarados para el pago del IEPS, revisión de importaciones y sanciones a las empresas que incumplieron la normatividad. Se trata del llamado huachicol fiscal, es decir, el contrabando de combustibles o su venta sin pagar el impuesto correspondiente, un delito distinto del robo en ductos.

Del total de inconsistencias, el 72 por ciento se concentró en las comercializadoras y el 13 por ciento, en los expendios, es decir, las estaciones de servicio, precisó el funcionario. El segmento de distribución sumó otros 131 millones de litros, equivalentes a 923 millones de pesos.

La estrategia buscó seguir el combustible desde que entró al país hasta su venta final, mediante el cruce de registros fiscales, aduaneros, regulatorios y operativos, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las comercializadoras ocupan un lugar central en las investigaciones porque funcionan como intermediarias entre importadores, distribuidores y estaciones de servicio. Pueden comprar y vender combustibles sin contar necesariamente con infraestructura propia para transportarlos o almacenarlos, por lo que el seguimiento de sus operaciones resulta fundamental para detectar posibles irregularidades.

Por ello, la primera mandataria señaló que la investigación más profunda se concentraba en ese segmento, donde se identificó la mayor proporción de diferencias entre los volúmenes comprados y vendidos. Ante este panorama, planteó revisar los mecanismos de intermediación para facilitar el seguimiento de los hidrocarburos, mediante alternativas como las operaciones directas entre importadores y empresas de transporte o el establecimiento de límites a la intermediación comercial.

Entre las modalidades de huachicol fiscal identificadas por las autoridades se encuentran declarar ante las aduanas menos combustible del que realmente ingresa al país o registrar los hidrocarburos bajo otra fracción arancelaria, es decir, como si se tratara de una mercancía distinta. Estas prácticas permiten evadir el pago de impuestos, incluido el IEPS.

También se investigan irregularidades en la facturación, cuando los volúmenes reportados no coinciden con las compras legales ni con las ventas efectivamente realizadas.

Para detectar estas operaciones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contrasta las facturas con los controles volumétricos, que registran las entradas, salidas e inventarios de las estaciones de servicio. Las diferencias identificadas permiten determinar si corresponde realizar una revisión fiscal o iniciar una investigación por posibles delitos.

Los antecedentes del huachicol fiscal se remontan a los cambios regulatorios del sector energético aprobados en 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el respaldo del PRI y el PAN. La reforma abrió la importación de petrolíferos a particulares y modificó las condiciones de participación en la comercialización de combustibles, actividades que anteriormente estaban sujetas a un mayor control de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los esquemas de contrabando fiscal se desarrollaron a partir de las condiciones abiertas por esos cambios.

Cruce de información y vigilancia aduanera

Durante la conferencia del 21 de octubre, la secretaria de Energía explicó que el gobierno federal estableció un esquema de coordinación entre dependencias para compartir y contrastar información sobre las distintas etapas de la cadena de combustibles.

Una de sus herramientas es el Centro de Análisis de Datos de Combustibles, que concentra información para revisar las operaciones de importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio. El monitoreo también se apoya en sistemas de posicionamiento global (GPS) y códigos QR para identificar unidades de transporte, además del intercambio de información con autoridades aduaneras de Estados Unidos para verificar que los cargamentos se correspondan con lo declarado desde su origen.

En materia de importaciones, Vidal Amaro reportó durante esa presentación que el volumen de combustibles declarado aumentó 10.54 por ciento, al pasar de 23 mil 933 millones a 26 mil 455 millones de litros. Las revisiones también permitieron rectificar pedimentos de importación –documentos mediante los cuales se declara la mercancía que ingresa al país– e identificar mil 952 millones de litros que pretendían ingresar de manera irregular, equivalentes a 13 mil 664 millones de pesos en IEPS.

Como parte de estas acciones, las autoridades impusieron 500 multas por declaraciones erróneas, tardías o inexactas, e iniciaron procedimientos contra ocho agentes aduanales. La presidenta explicó que el intercambio de información permite determinar las medidas correspondientes a cada caso, desde inspecciones y procedimientos administrativos hasta denuncias penales.

Cancelaciones, sanciones y denuncias

Durante la conferencia del 21 de octubre, el subsecretario de Hidrocarburos también presentó los resultados de las acciones administrativas y fiscales contra empresas y establecimientos con irregularidades.

El SAT canceló 2 mil 224 empresas identificadas por comercializar combustibles sin los permisos correspondientes e impuso 6 mil 483 multas a 2 mil 32 estaciones de servicio por anomalías en sus controles volumétricos. Además, 180 empresas salieron del padrón de importadores por actividades relacionadas con el contrabando y otras 175 fueron identificadas como presuntas emisoras de facturas por operaciones inexistentes.

En materia de regulación energética, la Comisión Nacional de Energía (CNE) canceló 264 permisos de expendio o comercialización de combustibles y mantiene otros 307 en procedimientos de sanción o posible revocación. Asimismo, se dio seguimiento a 61 mil 557 unidades de transporte mediante sistemas de identificación QR y geolocalización GPS.

En el ámbito fiscal y penal, el funcionario informó que el SAT presentó 152 denuncias y la Procuraduría Fiscal de la Federación reportó 127 casos relacionados con defraudación fiscal. La CNE inició 150 procedimientos o denuncias penales por inconsistencias en los volúmenes despachados en estaciones de servicio, mientras que la Agencia Nacional de Aduanas de México presentó 11 casos por falsedad en las declaraciones de importación.

Las empresas con diferencias en sus registros pueden presentar documentación para aclarar sus operaciones. Cuando las revisiones identifican elementos que apuntan a un incumplimiento fiscal o a posibles delitos, las autoridades inician los procedimientos correspondientes y turnan los casos a las instancias competentes.

Operativos contra el robo de combustible

Además de las acciones contra el contrabando y la evasión fiscal, el gobierno federal mantiene operativos para combatir el robo físico de hidrocarburos.

En la conferencia del 21 de octubre, Vidal Amaro informó que Pemex acumuló 10 mil 674 denuncias por robo de combustible. Los operativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la FGR derivaron en la detención de 2 mil 539 personas y el aseguramiento de 5 mil 572 unidades de transporte, entre pipas, autotanques, remolques y carrotanques. Las autoridades también reportaron 173.7 millones de litros de combustible recuperados o decomisados.

Estas cifras corresponden a distintas modalidades de delitos relacionados con hidrocarburos y no deben atribuirse exclusivamente al huachicol fiscal.

La distinción entre ambas prácticas también fue abordada por Sheinbaum el 21 de octubre, cuando precisó que el aseguramiento de alrededor de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, anunciado en septiembre, no correspondía, en términos generales, a un caso de huachicol fiscal.

Aumentan las declaraciones de IEPS

Los resultados de las revisiones también se reflejan en los volúmenes declarados y en el pago de impuestos. Según informó el subsecretario de Hidrocarburos durante la conferencia del 21 de octubre, el volumen total de combustibles facturado y declarado aumentó 4.4 por ciento entre 2024 y 2025, y 13.4 por ciento entre 2025 y 2026. En las declaraciones del IEPS, los incrementos fueron de 7.2 y 11.8 por ciento, respectivamente.

El aumento registrado en las declaraciones de IEPS durante 2026 equivalió a 48 mil 411 millones de pesos. De acuerdo con la explicación oficial, el resultado se relacionó con las rectificaciones de documentos de importación, el incremento de las ventas de Pemex y el registro de mayores volúmenes de combustibles comercializados legalmente.

La presidenta explicó que parte de las variaciones también está relacionada con los estímulos fiscales aplicados a los combustibles, por lo que el aumento de las declaraciones no equivale a la recuperación directa de la totalidad de los impuestos cuya posible evasión se estimó para 2025.

La estrategia federal busca ampliar la trazabilidad de los hidrocarburos, fortalecer la coordinación entre las instituciones y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. A la par, el gobierno trabaja en la modernización del sistema de distribución de Pemex para prevenir el robo mediante tomas clandestinas y en nuevas herramientas de consulta pública sobre las empresas participantes en el mercado.

Con el cruce de información, las revisiones aduaneras y las medidas administrativas y penales, las autoridades buscan cerrar espacios al contrabando, mejorar el control de las operaciones y proteger los recursos públicos. La identificación de diferencias en los registros permite orientar las investigaciones y determinar, en cada caso, las responsabilidades fiscales o penales que correspondan.