IFT pagó a Metlife 598 millones por seguro de pensiones y ahora exdirectivos buscan doble liquidación

Para entregar y garantizar un seguro individualizado para el retiro de los trabajadores de libre designación, el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pagó a la aseguradora Metlife recursos públicos por 598 millones de pesos.

Sin embargo, tras su renuncia voluntaria ante el IFT, un grupo de 133 exfuncionarios de libre designación, quienes lograron sus puestos por designación directa en niveles directivos, presionan a la Secretaría de Hacienda para recibir una liquidación por 50 millones de pesos y que se sumaría a los recursos que ya cobraron como parte del seguro de separación en el cual también recibieron recursos públicos.

En el grupo de 133 trabajadores se encuentran 42 directores de área, 47 subdirectores, 18 jefes de departamento y solo 5 enlaces y 5 técnicos. Esta información contrasta con los datos que han dado a conocer a través de redes sociales en donde aseguran que la mayor parte del movimiento está conformada por personal con bajos salarios.

Los directores ganaban en el extinto IFT hasta 100 mil pesos mensuales con una larga lista de prestaciones, como seguro de gastos médicos mayores, becas, seguro de asistencia legal, vehículos nuevos, pago de anteojos, comedor, examen médico y guarderías.

Luego de obstaculizar en varias ocasiones el libre tránsito de vías primarias, los extrabajadores del IFT ocultaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que, ante el extinto organismo regulador del sector de las telecomunicaciones, firmaron su baja para cobrar el monto total de su Seguro Individual de Retiro con la aseguradora Metlife, que les exigió ese trámite para la entrega de recursos que, en algunos casos, representó el cobro individual de entre 1 y 2 millones de pesos.

De acuerdo con documentos a los que Contralínea tuvo acceso, el grupo de extrabajadores del IFT firmó, de conformidad con este acto, la terminación y los efectos de su nombramiento. Renunciaron y no sólo generaron una baja administrativa por extinción, como lo argumentan para insistir en una liquidación que, según expertos en derecho laboral, no procede.

Así, el último día de operación del IFT, al menos 133 extrabajadores renunciaron a su cargo y ahora con bloqueos en vía pública y en las instalaciones del nuevo organismo que vigila a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, buscan presionar política y mediáticamente para obtener una indemnización que no les corresponde y no sólo el finiquito al que legalmente tienen derecho como trabajadores de la administración pública bajo el esquema de libre asignación.

De acuerdo con las leyes en la materia de la administración pública, los trabajadores de libre designación deben sus puestos a designación directa sin solventar procesos como exámenes y capacidades como sucede en el Servicio Profesional de Carrera con el que se busca eliminar prácticas de amiguismo y nepotismo en la designación de puestos.

Fue la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda la que advirtió a la CRT sobre las responsabilidades administrativas en las que podrían incurrir sus funcionarios por insistir en la liquidación que exigen.

La indicación de Hacienda es que, si este grupo de extrabajadores del IFT insiste en su liquidación, acuda a las instancias judiciales correspondientes, que demanden y esperen la resolución de los jueces y los tribunales.

Luego de la renuncia, las personas que forman parte de este grupo recibieron por concepto de Seguro Individual de Retiro entre 300 mil y 2.5 millones de pesos, montos que fueron cubiertos hasta en un 50 por ciento con recursos públicos.

Burocracia dorada en IFT

Además del seguro garantizado para su retiro, los más de 40 directores que forman parte del grupo de extrabajadores por libre asignación contaban con seguro de gastos médicos mayores que los cubría y que era extensivo a sus familias, para que se atendieran en hospitales privados como el Ángeles, el Español, Star Médica y ABC, entre otros. Por este concepto, entre el periodo 2015 y 2024, el extinto IFT pagó 242.4 millones de pesos.

Además de la cobertura de primer nivel en servicios médicos, porque no asistían al ISSSTE al ser un organismo autónomo, contaban con becas para estudios de posgrado en escuelas privadas como la Universidad Anáhuac, la Universidad Panamericana, la Universidad del Valle de México, entre otras.

Para financiar estudios de estos extrabajadores, en el periodo de 2016 a 2024, el extinto IFT pagó 69.1 millones de pesos.

Para un seguro de asistencia legal que lo usaban para brindar asesoría y defensa a los directores cuya responsabilidad como funcionarios públicos, al desempeñarse como personal de libre designación era mínimo, el IFT pagó entre 2015 y 2024 más de 116.1 millones de pesos.

En el rubro de apoyo económico para uso de vehículo personal, en el extinto IFT se otorgaba un monto mensual de entre 5 mil 916 a 7 mil 500 pesos para comisionados, coordinador ejecutivo, titulares de unidad, secretario técnico del pleno, coordinadores y directores generales.

Como la gran mayoría del personal, antes y después de la pandemia, realizaban trabajo a distancia, desde el pleno del IFT también se aprobó que se otorgaran  1 mil pesos mensuales como apoyo para el pago de  teléfono, internet y luz.

Así, el 93 por ciento del personal activo en el extinto IFT, realizaba “Home Office”, hasta 2025.  Así, en el periodo de 2022 a 2024, el IFT pagó 39.4 mdp.

Para todo el personal con hijos, el IFT aprobó el apoyo de guarderías que representó un monto por inscripción de 2 mil 500 pesos y colegiatura mensual también de 2 mil 500 pesos.

Para un examen médico general, se otorgaban 7 mil pesos anuales para cubrir estudios de laboratorio en hospitales privados; apoyo de anteojos aplicable a todo el personal por 3 mil pesos anuales.

En el comedor institucional se cubría alimentos gratuitos al personal de todos los niveles jerárquicos del Instituto. En el periodo de 2017 a 2024, el extinto IFT pagó 32 millones de pesos.